El sistema Gas Caribe en Caracas impulsa la digitalización del servicio de bombonas con pagos en dólares y registro en línea, pero genera quejas por exclusión y fallas operativas. Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA), cuestiona su viabilidad económica y usuarios enfrentan barreras de acceso.
Caracas. La promesa parecía sencilla: comprar gas doméstico sin intermediarios y con un sistema más rápido. Pero para Antonio*, un jubilado de 74 años que caminó hasta una tienda de Gas Caribe en Cotiza, el proceso terminó convertido en un trámite digital que no entendía del todo.
Entre registros por internet, pagos en dólares y retrasos en la atención, usuarios denunciaron a Crónica Uno que el nuevo modelo deja fuera a sectores populares y adultos mayores.
Antonio vive con su esposa en Los Dos Cerritos de Cotiza. Para buscar información sobre el cambio de cilindros, fue a pie hasta la Tienda de Gas San José, frente al hospital Rísquez. El local es parte de una red inaugurada el 11 de abril pasado para atender a unas 49.000 personas. Sin embargo, la realidad es distinta a la promesa oficial.
— No cambiamos las bombonas. Debe registrarse en la página y comprar el cilindro, dijo un empleado de Gas Caribe.
— Pero nos dijeron que debíamos entregar la bombona aquí y nos la cambiaban” respondió Antonio.
En su casa, la compra del gas es a través del consejo comunal. La vocera del sector le indicó que debía cambiar sus dos cilindros de 10 kilos y podía ir a la tienda de Cotiza. Al llegar, la respuesta del trabajador fue que el trámite es solo por internet y cada unidad cuesta 51 dólares.
Durante una visita de Crónica Uno a la tienda de Cotiza, realizada a principios de mayo, varias personas se acercaban para preguntar por los cambios de bombonas, los precios y el funcionamiento de la plataforma digital. Algunos usuarios consultaban si podían pagar en efectivo o entregar cilindros viejos para reemplazarlos.
Burocracia digital
La Alcaldía de Caracas lanzó la página web gascaribe.com.ve para gestionar el servicio de gas sin intermediarios, en medio de las fallas de distribución de gas doméstico que persisten desde hace años en distintos sectores de Caracas.
Según el anuncio oficial, el sistema permite comprar cilindros nuevos, solicitar recargas y hacer seguimiento al pedido mediante una aplicación móvil y una plataforma web, mecanismos que requieren acceso estable a internet y conocimientos básicos de herramientas digitales.
No obstante, usuarios denuncian en redes sociales fallas en la comunicación tras realizar pagos por internet.
Tiene dos sistemas de registro, de manera individual y por comunidad. | Foto: Crónica Uno Ese fue el caso de Andrea*, residente de la parroquia El Panteón. El 26 de abril pagó un cilindro de 10 kilos por la página, el formato más utilizado en apartamentos y viviendas pequeñas, pero no recibió respuesta por los canales oficiales durante dos días.
Reclamos por pagos
Sandra* pasó por lo mismo que Antonio. Llegó desde la parroquia Altagracia porque vio el anuncio en el noticiero y su vocera le indicó que podía reparar el cilindro. Quería confirmar que no era una estafa.
“Nos dijeron que uno podía venir o llamar. Ahora resulta que tengo que registrarme por una página, pagar y esperar. El muchacho es amable, pero imagínate información a medias”, contó la mujer, de 68 años.
En el caso de Andrea*, residente de la avenida Pateón, el 26 de abril pasado pagó un cilindro de 10 kilos por la página, pero no recibió respuesta por los canales oficiales durante dos días.
“Primero descargué una aplicación porque eso fue lo que me dijeron. Pedía un contrato y datos extraños. Luego una amiga me explicó que era por una página web. Me registré y pagué unos 51 dólares al cambio”,
relató.
La vecina solo obtuvo atención cuando escribió a la cuenta de Instagram de la empresa. El servicio llegó a su vivienda tres días después del pago.
Un empleado de la tienda de Cotiza informó a Crónica Uno, bajo condición de anonimato, que los retrasos se debieron a un colapso inicial de la página. Aseguró que ahora la atención es inmediata, aunque solo cuentan con cilindros de 10 kilos, mientras que los de 48 kilos serán eliminados, aunque muchos comercios y familias numerosas todavía dependen de ese formato.
Hasta esta publicación, ni la Alcaldía de Caracas ni Gas Caribe han informado públicamente cuántos usuarios han sido atendidos desde el lanzamiento del sistema, cuántas solicitudes siguen pendientes o cuál será el mecanismo para sustituir las bombonas de mayor capacidad que serán retiradas.
Tampoco han precisado si existirá algún esquema de subsidio para familias de bajos ingresos.
Un sistema sin base económica
Hasta mediados de la década de 2000, la compra de gas era un proceso directo entre vecinos y empresas privadas, antes de que el Estado asumiera progresivamente el control de la distribución doméstica a partir de 2007.
Tras la salida definitiva de estas compañías hacia 2009, el suministro quedó en manos de los consejos comunales, que reciben los cilindros y el pago, entregan el dinero a los distribuidores y los vecinos esperan durante días por el camión.
El nuevo sistema municipal busca agilizar el proceso mediante “tiendas comunales”, espacios creados por la Alcaldía para centralizar pedidos y distribución de bombonas, ubicadas en San José, La Pastora y Altagracia.
El proyecto utiliza camiones y trimotos para el reparto a domicilio, vehículos de tres ruedas utilizados para entregas rápidas en zonas urbanas.
“El traslado es solo para esta parroquia. Quienes vengan de Catia deben buscar la bombona directamente en la tienda. Solo son compras y recarga de gas”,
aclaró el trabajador.
Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente (CIEA), organización dedicada al análisis de políticas energéticas y ambientales, cuestiona la viabilidad financiera de este proyecto debido a que los precios actuales del gas en Venezuela son muy bajos, lo que vuelve inviable el negocio para el sector privado.
Para el experto, Gas Caribe es una iniciativa que puede funcionar durante un tiempo, pero terminará fallando cuando deje de recibir subsidios del Estado, lo que generará problemas en la distribución.
Felizzola considera que el principal problema del servicio no es únicamente la distribución, sino la ausencia de una política sostenida de inversión y mantenimiento en la infraestructura de gas doméstico durante años.
Zonas olvidadas
Coromoto*, vecina de Santa Ana, en Carapita, sube 20 escalones con la bombona a cuestas para llegar a la avenida. El camión dejó de entrar a su calle hace tres años. Ella paga tres dólares al consejo comunal por el cilindro de 10 kilos.
“Con el consejo comunal no hay día ni hora fija. Es complicado porque uno trabaja. Estas iniciativas que lanzaron son buenas, pero deben ser para todas las parroquias”, dijo.
Felizzola señaló que, aunque la intención de socializar el servicio, trasladar el control y distribución del gas hacia estructuras manejadas por el Estado y organizaciones comunitarias buscaba impulsar el desarrollo, el principal obstáculo para llevar el recurso a todos los hogares ha sido la falta de incentivos, que con el paso del tiempo terminó por destruir la infraestructura y el negocio.
A su juicio, la inversión en instalaciones de gas directo no resulta rentable. El modelo, que avanzó por decisión política de Hugo Chávez, se detuvo cuando dejó de ser una prioridad presupuestaria para el Estado.
“Venezuela tiene la capacidad de recuperar su mercado de gas, pero para ello es necesario sincerar los precios de forma escalonada, como ocurrió con la gasolina y una política de Estado que vaya más allá de las alcaldías”.
Solución a medias
Aunque la Alcaldía presentó el proyecto como un mecanismo para eliminar intermediarios y acelerar la distribución, usuarios consultados aseguran que todavía existen retrasos, dudas sobre los pagos y limitaciones territoriales para acceder al servicio.
Por eso, el sistema de Gas Caribe es, por ahora, una solución parcial que deja fuera a quienes no tienen recursos para pagar precios dolarizados.
Mientras la plataforma intenta estabilizarse para al menos ofrecer un servicio funcional a usuarios del centro de la ciudad, los vecinos de las zonas populares, donde suelen registrarse más fallas de servicios públicos, continúan sujetos a la voluntad de los consejos comunales.
La experiencia de Antonio resume las contradicciones del nuevo modelo: caminó hasta la tienda esperando cambiar sus cilindros de forma presencial y terminó enfrentándose a un sistema digital que no comprendía del todo.
La falta de una política clara que incluya a todas las parroquias y establezca precios reales mantiene el servicio en un estado de incertidumbre. Sin inversión en infraestructura y con un subsidio que desaparece poco a poco, los ciudadanos quedan atrapados entre la promesa de la modernidad digital y la precariedad de un servicio público.