En Sucre los cortes eléctricos son parte de la rutina ciudadana y la situación no solo golpea la economía de las Penínsulas de Araya y Paria sino que compromete la salud de los sucrenses que además deben pagar las tarifas a tasa de euros.
Cumaná. Mientras el estado Sucre arrastra una crisis eléctrica crónica, aproximadamente desde el 2018, y una emergencia hídrica que paraliza a tres municipios desde febrero de este año, la respuesta oficial no es la asistencia sino el cobro implacable. Residentes y sectores productivos denuncian una presión fiscal y tarifaria que tildan de “arbitraria e inhumana”.
El caso más crítico para los vecinos estalló el 27 de marzo, en vísperas de Semana Santa, cuando funcionarios de Corpoelec cortaron el suministro eléctrico al Centro Clínico de la Universidad de Oriente (CCUDO).
La medida se ejecutó a pesar de que la entidad atraviesa un brote de afecciones estomacales derivado de la falta de agua potable en la ciudad de Cumaná, según el Colegio de Bioanalistas del estado Sucre.
Oswaldo Pereira, asesor jurídico de la clínica, calificó el acto como una “arbitrariedad” ejecutada por facturaciones desproporcionadas que superan el millón de bolívares, montos imposibles de costear para una institución que opera a media capacidad.
“Afortunadamente, no había pacientes en quirófano, ni en terapia intensiva al momento del corte”.
Advirtió que la planta eléctrica del centro está en reparación, lo que limita las cirugías a lapsos mínimos de tiempo. Y la situación empeora por el difícil acceso al gasoil.
Tras cuatro días a oscuras el servicio en el Centro Clínico de la Universidad de Oriente fue restituido bajo un convenio de pago, pero el caso se denunció ante el Ministerio Público para su judicialización.
Exigen respuestas
Robert Alcalá, dirigente político sucrense en el exilio, también denunció el apagón en este recinto médico y exigió respuestas al Gobierno por las cirugías suspendidas y los medicamentos de alto costo que corrieron el riesgo de dañarse tras corte eléctrico.
Agregó que la medida pasa por encima del decreto de emergencia hídrica en la entidad, que ordena el suministro de los servicios básicos al sector salud.
“La medida se produce en plena sequía porque tres municipios del estado Sucre, y parte de Nueva Esparta, superaron los 50 días sin agua por la dejadez de quienes gobiernan Venezuela y Corpoelec abusa de la ciudadanía, porque a cada rato hay racionamiento eléctrico y cobra en euros para reconectar el servicio”.
Resaltó que la clínica no es privada sino que tiene carácter social para atender a los trabajadores de la Universidad de Oriente (UDO) porque pertenece al Instituto de Previsión Social y es un ente adscrito a la Superintendencia de Cajas de Ahorros.
Comercio en jaque: pagar por lo que no se recibe
La asfixia no es exclusiva del sector salud. Miguel Amendolara, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, denunció que mientras la actividad económica está semiparalizada por la falta de agua, los recibos de electricidad correspondientes al mes de marzo llegaron con incrementos de hasta 30 %.
“Es inaudito que en una entidad tan deprimida como Sucre, que intenta recuperarse de una crisis pesquera y ahora sufre por el agua, se apliquen estas medidas radicales”, dijo.
Sectores como el de las imprentas reportan ingresos nulos, lo que lleva a muchas empresas a la descapitalización total.
La situación en Carúpano es un espejo de la capital del estado: ingresos en caída libre frente a servicios en alza. A pesar de los reclamos formales interpuestos, la directiva central de la Corporación Eléctrica en Caracas ignora sistemáticamente la realidad de un estado Sucre que hoy sobrevive entre la sed, la oscuridad y el acoso administrativo.
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