Entrada de Parra en escena evidenció carácter político y no jurídico del “desacato” de la AN

Partidos políticos de oposición y abogados constitucionalistas venezolanos han argumentado desde 2016 que el desacato fue siempre un ardid político para anular al Parlamento. Diosdado Cabello ya le dio a Parra una pista de cómo proceder: “La nueva directiva debe ir al TSJ a solicitar que se revisen las sentencias por las cuales ellos están en desacato”.

Caracas. Además del debate sobre el quorum, el procedimiento, la votación y el acta requeridos para considerar válida o declarar nula la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional que desde el 5 de enero pretende encabezar el disidente de la oposición, Luis Parra, hay una materia sobre la que ni Parra ni el oficialismo han ahondado mucho en las últimas horas: el supuesto “desacato” de la AN.

Desde agosto de 2016, ninguno de los poderes públicos e instituciones del Estado reconoce ni acata las decisiones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, porque el Tribunal Supremo de Justicia declaró –y sostuvo durante casi cuatro años– que el Poder Legislativo en pleno había desacatado una sentencia de una de sus salas y que, por ende, todas sus decisiones de ahí en adelante eran completamente nulas.

De pronto, este domingo 5 de enero toda esa “jurisprudencia” pasó a un segundo plano y Nicolás Maduro salió inmediatamente a reconocer a Parra como presidente de la AN. No le exigió, para reconocerle, cumplir el procedimiento ordenado por el TSJ en enero de 2017. Solo lo reconoció y listo.

Este miércoles el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien además de ser diputado dirige la asamblea constituyente calificada de ilegítima por la Unión Europea, hizo lo propio, le dio un espaldarazo al disidente señalado de haber caído en la Operación Alacrán.

Los profesores de Derecho Constitucional de la UCV Tulio Álvarez y Nelson Chitty La Roche coincidieron en afirmar que este repentino cambio en el discurso y accionar del oficialismo, a raíz de la aparición de Parra en la escena, solo sirvió para evidenciar lo que ellos y otros constitucionalistas y penalistas han argumentado desde 2016: que el desacato fue un ardid político para impedir la eficacia y el funcionamiento de la AN.

Desacato para anular a la AN
tribunal supremo de justicia
El lunes 6 de enero, los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV validaron el procedimiento aplicado por la Asamblea Nacional para reelegir a Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Foto: Archivo Maru Morales P.

Tulio Álvarez, jefe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la UCV, resaltó que en un reciente pronunciamiento esa academia dejó claro que quien desacata es la Sala Constitucional.

“Hemos explicado que la AN es la representación de la nación y que no puede un cuerpo al que nadie eligió, marcado por un origen espurio, con magistrados electos sin cumplir los requisitos, anular la voluntad de una nación. Eso fue simplemente una movida estratégica para tratar de negar el resultado electoral de 2015 y nos han traído hasta 2019 en esta situación”, dijo Álvarez.

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Nelson Chitty La Roche, jefe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV, agregó que solo un órgano superior al que supuestamente se encuentra en desacato puede declarar al primero en tal situación.

“En este caso el desacato no puede operar porque la representación nacional, el órgano soberano por excelencia, es la Asamblea Nacional y no tiene ningún órgano por encima que pueda declararla en desacato”, indicó Chitty.

En otras palabras, lo que hizo el TSJ en 2016 y sostuvo todos estos años fue declarar en desacato “a lo más alto, a la gente misma que constituye la soberanía popular”.

Chitty ofreció dos argumentos más para descartar que esta figura sea aplicable jurídicamente al Parlamento. Primero, que el artículo 187 constitucional da a la AN la potestad de determinar las facultades de cada uno de los órganos del poder público a través de la legislación. “Mal puede, quien tiene ese poder, ser declarado en desacato”, agregó.

Y, por último, el control del resto de los poderes es la otra facultad madre de la AN, “no ser controlada por un ente que no ha sido elegido por el pueblo”.

El argumento del desacato entonces, dice Chitty, no fue sino “una maniobra más” inscrita dentro de una estrategia para debilitar a la AN.

“Se puso en evidencia que no era sino un ardid de quienes sí están en constante, regular y sistemático desacato constitucional, legal y reglamentario. La Sala Constitucional no solo usurpa funciones de la Asamblea Nacional, sino que es ella la que está en desacato”, sostuvo.

Cabello le dice a Parra
 Bloque de la Patria
El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dijo que su partido celebra la disposición de la disidencia opositora para hacer funcional a la AN. Foto: Archivo, cortesía Prensa Vicepresidencia

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dio algunas luces sobre cómo procederá el TSJ para echar para atrás toda su “jurisprudencia” de los últimos años sobre el desacato de la AN, luego de haber probado y comprobado desde 2017 que la ruta marcada por la propia Sala Constitucional (la del retorno de Henry Ramos) no se cumplió.

Después de reconocer a Parra como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y señalar la disposición de su partido y de la constituyente para contribuir al retorno de la funcionalidad de la AN, Cabello fue consultado sobre si su partido acudiría al tribunal de Maikel Moreno a pedir la supresión del “desacato”.

“Eso es un tema de la directiva de la Asamblea Nacional. El PSUV no está en ningún cargo directivo. Quien debe ir al TSJ es la nueva directiva a solicitar que se revisen las sentencias por las cuales están ellos en desacato. En el PSUV queremos que se normalice el funcionamiento de la Asamblea Nacional”, señaló.

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Luego, para dejar claro que para el oficialismo la resolución del asunto no es un tema jurídico sino político, acotó: “Haremos lo que tengamos que hacer para que la AN entre en acato de las leyes. Quien cayó en desacato fue la directiva. Le corresponde a la directiva ir al TSJ. Ojalá tengan la humildad de ir y no se dejen chantajear creyendo que no tienen que reconocer al resto de los poderes”.

Lo jurídico se adapta

supuesto desacato de la AN,
Tania Díaz, diputada oficialista por Caracas, reconoce que el “desacato” de la AN tiene una solución política, además de jurídica. Foto: Archivo Maru Morales P.

El martes al mediodía, mientras Parra se atrincheraba en las oficinas de la Presidencia de la AN que con la protección de la GNB ocupó desde el lunes, la diputada del PSUV-Caracas, Tania Díaz, ofreció a Crónica.Uno algunas pistas de cómo procederá el oficialismo para echar por tierra el desacato y favorecer la gestión del disidente opositor.

“Hoy se dio políticamente un primer paso para que este poder vuelva a la institucionalidad: el nombramiento de una comisión de normalización de las relaciones de la Asamblea Nacional con los otros poderes públicos abre el camino para que funcionemos todos en defensa y resguardo del derecho”, expresó.

Pero por la vía de una negociación política, no de una decisión jurídica…

—Por las dos, porque después lo jurídico se va a arreglar también, pero hay una mesa de diálogo nacional…

¿Entonces lo jurídico se va a ajustar a lo político? Eso no sería jurídico entonces…

—Lo jurídico se hace como se debe hacer, pero el acuerdo es político. Nosotros (el Bloque de la Patria) estamos de vuelta en la AN porque  hay un acuerdo político. Hay una mesa de diálogo nacional donde se está llegando a acuerdos políticos para que los partidos se pongan a derecho y participen en las elecciones de 2020, para la designación de una nueva directiva del CNE…

Pero en el tema del desacato, la sentencia del TSJ es clarita, establece los pasos y los ha reiterado en seis o siete sentencias posteriores…

—Ayer Javier Bertucci, vocero de la mesa de diálogo, anunció la liberación de 14 personas detenidas por haber cometido delitos contra la nación, contra otras personas y están siendo liberadas…

¿Entonces el TSJ va a cambiar su jurisprudencia para plegarse a lo político?

—Eso se va a hacer, pero de acuerdo con la ley en principio, que tiene su procedimiento, pero se va a hacer después del acuerdo político. El primer paso para la salida del desacato se dio hoy. Nosotros en la bancada del Bloque de la Patria decimos que es perfecto que la AN salga del desacato y se ponga a trabajar por el beneficio de todos.

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Hagamos memoria
  • El 28 de julio de 2016, los diputados de Amazonas que no habían podido incorporarse a la plenaria desde enero de ese año, resuelven dejar de esperar por una decisión de la Sala Electoral sobre su caso –que al día de hoy aún no se ha producido– y se reincorporan a sus funciones.
  • Cuatro días después, el 1° de agosto de 2016, la Sala Electoral emite la sentencia 108 que declara a la AN en desacato por haber permitido la reincorporación de sus diputados amazonenses, y señala que a partir de ese momento todos los actos parlamentarios serán nulos.
  • -Un mes después, el 2 de septiembre de 2016, la Sala Constitucional dicta la sentencia 808 que declara “manifiestamente inconstitucionales, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” los actos de la AN, incluidas las leyes que reforme o elabore mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral.
  • En octubre de ese año, y en procura de un acuerdo político en el marco de la primera mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro, la hoy extinta Mesa de la Unidad solicitó a los diputados de Amazonas desincorporarse del Parlamento.
  • En la plenaria del 15 de noviembre de 2016, Ramos leyó en cámara una comunicación de los diputados afectados y dio por enterado al pleno de la desincorporación. A cambio, la delegación madurista en la mesa había ofrecido que el TSJ resolvería la impugnación de las elecciones en Amazonas, el CNE convocaría nuevas elecciones de diputados para ese estado y el desacato desaparecería. Pero el gobierno incumplió.
  • El 11 de enero de 2017, la Sala Constitucional dicta la sentencia 2 que desconoció a la nueva junta directiva encabezada entonces por Julio Borges, y puso nuevas condiciones para retirar la acusación de desacato: que la junta directiva de Henry Ramos se instalara de nuevo como cabeza de la AN, que se votara en plenaria la desincorporación de los diputados de Amazonas y que Ramos procediera a convocar una nueva elección de junta directiva. Esta vez, la oposición se negó con el argumento de que si hacían lo que ahora pedía el TSJ, más adelante el oficialismo inventaría otro requisito.
  • En 2018 y 2019, los poderes Judicial, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral desconocieron sistemáticamente a las dos directivas de la Asamblea Nacional  juramentadas con el argumento de que seguían sin cumplir el procedimiento indicado en la sentencia del 11 enero de 2017.
  • A la fecha de publicación de esta nota, ni la Sala Constitucional ni la Sala Electoral se han pronunciado para desconocer a la junta directiva de Parra por no haber cumplido el procedimiento para salir del desacato, pero tampoco para reconocerle.

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