La organización explicó que, aunque en los primeros meses de 2026 las denuncias de violaciones a la libertad de expresión disminuyeron 16 % comparado con el mismo período de 2025, los casos actuales suelen tener episodios de violencia más severos o múltiples agresiones.
Caracas. Solo por compartir sus opiniones políticas en redes sociales y cubrir protestas, un total de 29 personas, la mayoría de ellas periodistas, fueron detenidas entre enero y abril de 2026. Así lo revelaron los datos del último informe de la ONG Espacio Público.
Durante una rueda de prensa este miércoles, 29 de abril, la organización mostró que la cifra, equivalente a 65 % de los arrestos ocurridos durante todo el 2025, refleja un aumento que afecta principalmente a periodistas y trabajadores de la prensa que cubren manifestaciones.
Incremento de detenciones
La investigación detalla que, del total de afectados, 22 son comunicadores, seis ciudadanos particulares y uno es empleado público. Aunque la mayoría de las aprehensiones fueron de corta duración, seis personas todavía enfrentan cargos por incitación al odio. En cuatro casos, las acusaciones ocurrieron luego de compartir opiniones políticas en plataformas digitales como Telegram o TikTok.
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, detalló que, además de las detenciones arbitrarias contra los trabajadores de la prensa, en los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 38 casos y 91 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.
“Aunque el número de eventos bajó 36 % comparado con el mismo período de 2025, la cantidad de denuncias solo disminuyó 16 %. Esto indica que cada caso actual conlleva episodios de violencia más severos o múltiples tipos de agresiones en un mismo hecho”.
La mayoría de las denuncias se registraron en Distrito Capital, Táchira, Mérida y Miranda. Durante la presentación de los datos, la representante de la organización destacó los casos de asesinato de los periodistas Walter Jaime y Jolymar Hidalgo.
De acuerdo con la información recabada por la organización, el cadáver de Jaime fue hallado el 3 de marzo con signos de tortura. Su familia y allegados explicaron que el comunicador estuvo días desaparecido tras salir a hacer una cobertura periodística el 28 de febrero. En el caso de Hidalgo, su cadáver fue localizado con un disparo en la cabeza en Cagua, estado Aragua, el 10 de marzo pasado.
“Hasta la fecha, el Ministerio Público mantiene silencio oficial sobre estos crímenes y no existen certezas sobre si los móviles guardan relación con su ejercicio profesional”, explicó Rodríguez.
Patrones de represión
Espacio Público aseveró que, a pesar del nuevo contexto político que atraviesa el país, persisten los patrones de detenciones arbitrarias, el hostigamiento judicial y la represión contra la libertad de expresión. De acuerdo con la ONG, el cambio en el panorama institucional no ha frenado las agresiones hacia quienes difunden información.
El caso de Yorman Acevedo es el ejemplo más claro de esta afirmación. El trabajador y padre de familia fue detenido el 13 de enero en Maracay, tras hacer unos comentarios en TikTok sobre la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero.
Sus familiares contaron que estuvo 19 días en desaparición forzada. Luego, cuando lograron saber de su paradero, se enteraron de que había sido acusado de instigación al odio. En la actualidad permanece recluido en Yare III.
Otro caso mencionado en la presentación fue el del activista comunitario Manuel Sánchez, quien recibió una condena de 10 años de prisión tras registrar una actuación policial en Caracas, a través de TikTok.
Sánchez fue detenido el 27 de marzo de 2025 y actualmente está recluido en el centro penitenciario Rodeo IV en condiciones de salud precarias. Su familia ha denunciado que sufre malos tratos.
“Si bien hemos visto una dinámica de excarcelaciones y sobreseimientos de casos, aún queda un grupo de periodistas, trabajadores y activistas que siguen sometidos a procesos judiciales arbitrarios. También algunos que están privados de libertad y necesitan tener liberación plena lo antes posible”.
destacó Rodríguez
El balance del año 2025 hecho por la organización arrojó un total de 123 casos que derivaron en 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. De acuerdo con representantes de la ONG, si bien estas cifras representan una disminución de 60 % en los casos y de 62 % en las violaciones respecto al año 2024, esto corresponde al fin de la ola represiva que caracterizó el contexto electoral del año anterior.
La evidencia más clara la sustentan los reportes: tan solo enero de 2025 concentró la mayor cantidad de reportes debido a amenazas constantes e intimidación contra la labor periodística.
Censura y desafíos
Los periodistas y trabajadores de la prensa representaron 34 % de las víctimas, mientras que 27 % correspondió a ciudadanos particulares, activistas e infociudadanos. En cuanto al género, 72 % de los afectados fueron hombres y 28 % mujeres.
En el ámbito de los medios de comunicación, se documentó el cierre de siete emisoras de radio en los estados Bolívar, Portuguesa, Lara y Sucre, lo que agravó el desierto informativo en las regiones.
Las detenciones arbitrarias sumaron 44 casos, lo que supone una reducción de 44 % frente a 2024. De estas personas, 19 fueron profesionales de la comunicación y 24 ciudadanos particulares.
La organización identificó más de 20 episodios de bloqueos intermitentes en plataformas como TikTok y Telegram, además de restricciones contra la aplicación de diseño Canva y la página CN.voto. Estas acciones contaron con la participación de operadoras estatales y privadas.
Carlos Correa, director de Espacio Público, destacó la grave situación que enfrentan las regiones fronterizas, especialmente el estado Táchira. En esa región, la combinación de fallas en el suministro eléctrico y la presión de grupos irregulares genera “apagones informativos” que obligan a la población a depender de medios extranjeros, principalmente colombianos.
Según el activista, la política represiva contra los periodistas locales debilita la soberanía informativa. Ante este panorama, propuso una ruta de acción centrada en los conceptos de justicia y paz:
- Liberación plena e inmediata: Correa exigió el cese de los procesos judiciales contra periodistas, activistas y ciudadanos detenidos por expresarse. Recordó que muchos enfrentan medidas cautelares que limitan su libertad aun sin estar en un calabozo.
- Derogación de la Ley contra el Odio: Solicitó eliminar este dispositivo legal, ya sea por vía legislativa o judicial, por ser contrario a los estándares internacionales y a la Constitución.
- Cese de los bloqueos digitales: Instó al Ministerio de Comunicación y a Conatel a levantar las restricciones contra portales web, ejecutadas sin procesos administrativos ni derecho a la defensa.
“Lo que queremos construir es justicia y paz. Y la justicia necesita verdad y reparación. Verdad individual para todas aquellas personas que fueron detenidas: ¿quién ordenó la detención?, ¿por qué fue detenido?, ¿Cómo ocurrió? Y verdad pública para que se sepa quiénes son los responsables”, resaltó Correa.
La ONG enfatizó que el proceso de reparación debe incluir la devolución de equipos incautados, indemnizaciones, rehabilitación física y psicológica para las víctimas, además de garantías de no repetición que desmantelen la estructura represiva actual.
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