En 2018 Espacio Público registró 387 casos en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Solo en los primeros cuatro meses de 2019 ya contabilizan 249 casos. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alerta que, si se mantiene este ritmo, para este año se podría duplicar el número de ocurrencias diarias.
Caracas. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Espacio Público presentó el informe del balance de la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela en 2018. En el país el silencio informativo intenta imponerse.
Solo en los primeros cuatro meses de 2019 ya suman 249 casos, con un total de 517 denuncias, de violaciones a este derecho. Carlos Correa, director de Espacio Público, alerta que, si se mantiene este ritmo, para este año se podría duplicar el número de ocurrencias diarias. Dijo que para 2018 sucedió un poco más de una violación diaria: fue el segundo año —desplazó 2014 cuando se registraron 350— con el mayor número de casos de vulneración.
El gobierno de Nicolás Maduro, de 2013 a 2018, acumula alrededor de 2000 violaciones asociadas a la expresión. De enero a diciembre del año pasado son 387 los casos, lo que se traduce en 608 violaciones en medio de un entorno de alta conflictividad social y política.
Para Correa, el balance de 2018 es negativo y restrictivo. A su juicio, es probable que Maduro acumule más violaciones que Hugo Chávez. Y explica:
Chávez nunca permitió que sectores vinculados al chavismo compraran medios, Maduro sí. Eso tuvo consecuencias importantes porque se perdió el pluralismo, la diversidad, las diales de referencia dejaron de dar espacio a coberturas de temas de interés”.
El informe de Espacio Público da cuenta de 40 medios impresos que salieron de circulación de forma indefinida. La imposibilidad de pagar sueldos y la restricción de papel dejaron a 10 estados del país sin periódicos. En Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Detal Amacuro, Falcón, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo, se quedaron sin diarios.
Si el papel desaparece de los quioscos, los bloqueos y ataques informáticos contra sitios web se intensifican. En 2018 ocurrieron 42 acciones contra medios digitales y cuentas personales en redes sociales. Los accesos a El Nacional Web, La Patilla, Punto de Corte, Crónica.Uno, Tal Cual, Armando.Info, Mérida Digital y el Pitazo fueron bloqueados por la operadora pública Cantv.
La persecución en línea también destacó con 66 violaciones a la libertad de expresión, 62 % se tradujeron en censura por difusión restringida de contenidos, el resto por acciones de bloqueo y ataques cibernéticos. Al menos 24 personas fueron detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.
En 19 oportunidades el instrumento contra el odio —aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, ente que no ha sido reconodio por la Unión Europea y otras países— fue utilizada como mecanismo de amenaza o sanción contra trabajadores públicos, manifestantes procesados judicialmente, miembros de la Iglesia Católica, periodistas.
En 2018 trabajadores del sector público fueron asediados: 130 personas fueron detenidas o retenidas en su intento por buscar, recibir o difundir información. El 40 % corresponde a personas que laboran en el sector público, 36 % son periodistas o reporteros durante coberturas informativas.
Desafío de los medios
Llegar a donde no están llegando es el desafío de los medios de comunicación en Venezuela, en un entorno donde la opacidad, la incertidumbre y la falta de transparencia toma los espacios.
Andrea Garrido, de Espacios Público, cree cada vez más la población está menos conectada: “Venezuela es uno de los pocos países donde ha disminuido el uso de teléfonos inteligentes, donde cada vez hay menos conexión. La proporción es aproximadamente que 4 de cada 10 personas tienen internet. El reto para los medios es, además de tener las plataformas digitales, acercarse a la gente y buscar alternativas que permitan a quienes no tiene un teléfono inteligente mantenerse informado”. La estrategia es considerar nuevos mecanismos y revisar los ya existentes, expresó.
“En cuanto la medida de protección para la expresión en redes sociales la norma es no inhibirse. No podemos ceder ante el miedo, no podemos ceder ante un Estado que nos quiere imponer el silencio. Tenemos que juntarnos y alzar la voz. Siendo más, vamos a ser mas poderosos”, destacó Garrido. Propone la construcción de redes entre los individuos para la difusión de la información.
“El reto para la prensa es tener en cuenta que la información que está dando es posiblemente la única que esta llegando a la gente”, piensa Misle González, “en un contexto donde el aparataje comunicacional gubernamental está dirigido a mentir o a crear un ambiente opaco sobre lo que sucede”.
Por su parte, Correa concluye en la necesidad de crear alianzas entre los medios de comunicación, la academia y la sociedad.
Fotos: Gleyber Asencio
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