Luego de la operación del gobierno de EE. UU., la madrugada del 3 de enero, se observó la presencia de civiles con armas largas en comunidades como el 23 de Enero, Catia y Petare, y en las principales avenidas de Caracas.
Caracas. Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan un juicio en Nueva York, Estados Unidos, por cargos de narcoterrorismo, en las calles de Caracas el despliegue de civiles armados y funcionarios –algunos sin identificación– desmonta la narrativa de aparente normalidad que intenta proyectar el chavismo, a tres días de la operación militar que condujo a la captura del expresidente y la ex primera dama .
En avenidas, como la Urdaneta y la Fuerzas Armadas, estos grupos recorren la zona en presencia de funcionarios policiales. En tres días los ciudadanos los han observado con temor, detallan a Crónica Uno.
Habitantes de distintos sectores de la ciudad, tanto al este como al oeste, reportan la presencia de puntos de control informales en distintas esquinas, o frente a los pocos comercios que abrieron sus santamarías, horas después del ataque norteamericano.
La mañana del lunes, 5 de enero, los ciudadanos denunciaron, a través de las redes sociales, que un grupo de hombres con armas largas improvisaron una alcabala en la avenida Boyacá (Cota Mil) y retuvieron a varios vehículos para revisarlos.
Ese mismo punto se encontraba este martes, 6 de enero, en ambos sentidos de la Cota Mil, a la altura de El Márqués. Testigos describieron que los civiles tenían sus rostros cubiertos con capuchas y portan armas largas. Estaban en compañía de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En la madrugada del 3 de enero Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados durante una incursión militar relámpago ejecutada por el gobierno estadounidense en suelo venezolano.
El operativo, denominado Operación Resolución Absoluta, incluyó el despliegue de unas 150 aeronaves del regimiento de aviación de operaciones especiales y se dirigió hacia distintas instalaciones militares y una residencia fortificada en Caracas, donde se refugiaba la pareja.
Tras el éxito de esta extracción, las calles de Caracas quedaron bajo la custodia de civiles armados, quienes desde entonces intentan ejercer un control territorial mediante el amedrentamiento y la amenaza contra la población.
El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) describe a los civiles armados como grupos parapoliciales y paramilitares que actúan en estrecha coordinación con otras fuerzas de seguridad del Estado.
Diversos sectores y organismos internacionales los describen, en cambio, como bandas armadas que operan bajo una estructura paramilitar para ejercer el control social y territorial.
Calles bajo asedio informal
Los civiles armados también tienen presencia en zonas residenciales. Allí, hombres con chaquetas oscuras realizan recorridos a pie y en motocicleta, durante la tarde y la noche.
Crónica Uno realizó recorridos entre el 4 y el 6 de enero y observó la presencia de estos hombres en Catia, el centro y Petare. Incluso, en la plaza O’leary los hombres parecían infiltrados entre los ciudadanos, ya que no estaban reunidos en grupos.
En los comercios y abastos de Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador, los residentes denuncian la vigilancia constante de hombres no identificados, quienes custodian las filas de ciudadanos que intentan abastecerse de víveres básicos.
Los habitantes de la urbanización 23 de Enero contaron que entre el 3 y el 5 de enero una flota de autobuses Sitssa bloqueó el acceso en las calles e impidió la libre circulación de un sector a otro. “Iba a casa de un familiar, en otro sector del 23, y ellos retuvieron el carro y me preguntaron a dónde iba, solo así me dejaron pasar”, dijo una vecina a Crónica Uno.
Mientras que en Altamira, al este de la ciudad, se reportó la presencia de un contingente de paramilitares y funcionarios de la Dgcim.
Especialistas consultados por Cronica Uno, quienes pidieron anonimato como medida de seguridad, coinciden en que la presencia de civiles armados en las calles constituye una transgresión al orden constitucional, el cual reserva el ejercicio de la seguridad ciudadana exclusivamente a los cuerpos policiales.
Alertan que este despliegue de grupos irregulares no solo usurpa funciones públicas, sino que acentúa el historial de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El activista de derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Marino Alvarado, remarcó que la presencia de paramilitares en custodia de arterias viales, calles y avenidas, así como establecimientos comerciales “es una violación a la Constitución”.
La erosión del marco constitucional
Alvarado explicó que “el orden público y seguridad ciudadana le corresponde a la policía civil”, por lo que el hecho de que los civiles armados suplan esa función “es una demostración más de cómo los grupos paramilitares son un brazo armado más del Estado que se ha encargado de proveerles armas”.
“Recordemos que esos grupos han estado involucrados en el asesinato de manifestantes y se ha conocido de centros de detención clandestinos manejados por ellos”.
Afirmó que estos grupos tienen participación en crímenes de lesa humanidad bajo investigación de la fiscalía d e la Corte Penal Internacional (CPI).
Foto: Luis Morillo
Una fuente vinculada a las ciencias penales, señaló que el control territorial y el asedio no es solo es ejercido por civiles armados, simpatizantes del chavismo, sino también por parte de funcionarios infiltrados entre la población que actúan sin identificación.
“Se ha sobreestimado y fabulado sobre los civiles armados, pero el grueso son funcionarios dependientes del Estado que actúan de civil para garantizarse impunidad al no poder ser institucionalmente identificados. Es la actuación del poder sin límites, la vulnerabilidad absoluta para la ciudadanía”,
enfatizó.
La noche del lunes pasado se registró una balacera en las adyacencias de Miraflores. Vecinos, consultados por Crónica Uno, relataron que observaron a civiles armados, junto con hombres vestidos de negro, que corrían por las calles mientras se escuchaban las detonaciones.
Sobre este hecho surgió una versión extraoficial la cual indicaba que los disparos fueron contra drones que sobrevolaron el palacio, lo que provocó respuesta de funcionarios y civiles armados. Sin embargo, no hubo versión oficial de lo sucedido.
Estas acciones, de acuerdo con el experto, evidencian una falta de institucionalidad y una ausencia total de un estado de derecho, en perjuicio de la población desarmada. El objetivo del amedrentamiento es implantar un terrorismo de Estado para mantener disciplinada y aterrorizada a la población.
Además de evitar cualquier tipo de manifestación contra el nuevo gobierno, estos grupos irregulares de control tendrían carta blanca para incurrir en cualquier tipo de delito con el aval gubernamental.
Detrás de las cifras y las denuncias, las familias caminan hoy día con temor por las calles de Caracas y el interior del país. La seguridad, que debería ser un derecho básico se encuentra vulnerada y es usada como herramienta para generar miedo y zozobra.Especialistas coinciden en que recuperar la confianza en las instituciones y devolver la tranquilidad a los hogares venezolanos es una tarea urgente para que el país vuelva a ser un espacio de encuentro para todos los ciudadanos.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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