Familiares, abogados y activistas de FundaRedes denuncian que no les permiten verlo, esperan “que no sea un preso político más que muere bajo custodia del Estado venezolano”. La UPEL, donde laboran Tarazona y su esposa, Kenny Molina, expresó “indignación y furor por la injusta detención del profesor” y solicitó una medida humanitaria para su recuperación.
San Fernando- “El estado de salud de Javier Tarazona, empeora y es una bomba de tiempo allá adentro”, advierte su esposa, Kenny Molina en conversación con Crónica.Uno.
Molina, asevera que sus patologías se han complicado por las condiciones de reclusión en la sede del Sebin, en El Helicoide, y está en riesgo de muerte de no ser atendido por especialistas y recibir tratamiento riguroso.
El director de FundaRedes, lleva 10 meses preso, acusado de terrorismo e incitación al odio por solicitar a la Fiscalía General de la República, investigar al exgobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, por presuntos nexos con la guerrilla colombiana.
Y por la posición de denuncia asumida por FundaRedes, frente al conflicto armado FANB-FARC, ocurrido en La Victoria, frontera de Apure, en 2021, según consta en el expediente.
A Javier Tarazona y su hermano Rafael, junto con Omar de Dios García, coordinador de la ONG en Falcón y Jhonny Romero, coordinador de mayday CONFAVIDF, los detuvo el Sebin y la Die, el 02 de julio de 2021.
La aprehensión se practicó en Coro, Falcón, dentro de la Fiscalía Superior del estado, mientras aguardaban a la fiscal para denunciar la persecución y hostigamiento del organismo de inteligencia.
La angustia de los Familiares aumenta porque no han podido verlo en los últimos 15 días. Su esposa regresa a San Cristóbal al no poder ingresar al Helicoide. Además, “Es muy difícil mantenerse en Caracas”, confiesa.
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Upel, donde laboran Javier Tarazona y su esposa, manifestó “Indignación y furor” por la detención de su profesor a pesar de su condición de salud.
Mediante comunicado, el Consejo Universitario de la universidad solicitó una medida humanitaria para que pueda recuperarse en su casa y rodeado de los cuidados de su familia.
Riesgo de muerte
Molina relató durante la conversación que el asma que ya padecía, se agravó al ser diagnosticado en octubre de 2021 con COVID-19 y no ser tratado adecuadamente. Como secuela, frecuentemente sufre crisis respiratorias, cada vez más agudas, agravadas por la falta de ventilación y exposición continua al aire frío en el sitio de reclusión.
El resto de patologías que, debido a su obesidad, ya padecía al momento de su detención, también empeoró con el confinamiento y, cuestionó que, sólo ha recibido atención médica primaria.
Javier, tiene problemas muy serios, tiene neumonía atípica por Covid, hiperinsulinismo, insuficiencia cardíaca y venosa grado 2, hipertensión, hemorragia por problemas de colon y hemorroides internas con fisuras”, dijo.
Molina describe que, Javier Tarazona ha perdido entre 18 y 20 kilos de peso. “El trato que tiene es de aislamiento severo, comparte su celda con dos presos más y tiene dificultades porque son sótanos”.
Familia angustiada
La posibilidad de recibir una noticia fatal, mantiene en vilo a toda la familia y la impotencia aumenta al saber que “Javier es un preso de conciencia”, confiesa la esposa del defensor de derechos humanos.
El dolor de su mamá, la señora Teresa, es indescriptible, no hay como explicarlo, ella no tiene vida porque su hijo, todavía, está allí corriendo peligro de muerte. No hay palabras para describir el sufrimiento de la familia”, dice Molina.
“No hay forma de expresar la angustia en la que nos encontramos sabiendo que está complicado de salud y que no tiene por qué estar allí, porque es un defensor de derechos humanos, profesor universitario, investigador”, reafirma.
Los 900 kilómetros entre San Cristóbal, donde reside Tarazona, y Caracas, donde está detenido, aumentan el sufrimiento y estrés que la familia ya tiene al no poder acompañarlo y asistirlo más de cerca, confiesa Molina.
Molina, al igual que su esposo, es profesora de la UPEL y se le hace difícil viajar con regularidad. La economía tampoco ayuda para mantenerse en la capital del país. “Yo sólo puedo ir una o dos veces al mes”, se lamenta.
Su hermano Rafael, que estuvo preso con él, es quien se encarga de visitarlo los sábados y llevarle la ropa y el mercado para que se pueda sostener allá adentro”, cuenta.
Tortura blanca
FundaRedes y la ONG Foro Penal, que defiende a Tarazona, también temen que el Estado no cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la vida.
Clara Ramírez, abogada y directiva de FundaRedes, denunció que Tarazona es víctima de tortura continuada. “También lo denunció la Misión Independiente de la ONU en su actualización oral”, recalcó.
Cuenta que “en un primer momento se le aplicó asfixia mecánica y tortura blanca, que es, mantener la luz encendida e interrumpirlo abruptamente, con golpes o gritos, cuando se está quedando dormido”.
Prosiguió, “también, le daban 5 litros de agua para cocinar, bañarse y lavar la ropa y lo amenazaban con la familia”.
Actualmente, la tortura blanca continúa y a estos maltratos se han sumado otros nuevos, sostiene la directora de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes.
“Le dan golpes cuando se niega a realizar cualquier tarea, lo privan del sol y sobreexponen al aire acondicionado, lo cual le perjudica por sus afecciones respiratorias”.
“Que no sea otro preso político muerto”
“Hemos hecho las alertas porque varias organizaciones han denunciado que ya han fallecido 11 presos políticos. Pedimos que Javier no sea un preso político más que fallece bajo custodia del Estado Venezolano. Estamos acostumbrados a defender víctimas de violación de derechos humanos y, hoy, nosotros somos las víctimas”, dice Ramírez.
Ramírez sostiene que no paran de oficiar y actualizar a los organismos internacionales sobre el caso y solicitar su intervención.
Asegura que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, grupos de trabajo de Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias, relatores de salud de la ONU-OEA, Amnistía Internacional, se han pronunciado sobre el caso de Javier Tarazona.
Estos organismos han emitido comunicados conjuntos exigiendo su liberación e instando al Estado venezolano a no seguir criminalizando la defensa de derechos humanos”, afirma.
Ramírez adelantó que también, sustancian el caso para la Corte Penal Internacional. “La CPI ya está notificada y actualizada. Un equipo de expertos está trabajando para establecer las responsabilidades individuales”.
Juicio dilatado
Por el mismo camino de la audiencia preliminar, que se retrasó cinco meses, debido a 13 diferimientos, va la audiencia de juicio, advierte la abogada. A ella le parece que, más que retraso es una paralización del proceso.
“No es aplazamiento, es que, ni siquiera se ha fijado la audiencia de juicio”, dice.
Se desconocen las causas del retraso, pero extraoficialmente se maneja que es debido a unas copias del expediente que no han llegado al tribunal, comenta.
Valor de cambio
La razón por la que “el gobierno se ha ensañado con Javier y no hay manera que le suavicen las medidas”, es porque su aprehensión tiene valor de cambio, considera José Mejías, coordinador de FundaRedes Amazonas.
Es un rehén para cambiarlo cuando haya que negociar, por eso creemos que no se le ha dado la libertad o algunas medidas cautelares como a Rafael y a Omar de Dios”, señala Mejías.
También, es un medio para controlar a los defensores de derechos humanos que denuncian lo que las víctimas no se atreven, por temor, como ocurrió con Tarazona y el conflicto del Alto Apure, añade.
En FundaRedes siguen activos, pero “nos sentimos al acecho de que, en cualquier momento, pueda haber una medida en contra de otro compañero por seguir haciendo el trabajo que Javier venía haciendo”, confiesa.
Espera que Tarazona no llegue al año en la cárcel y que junto a sus compañeros Omar de Dios y Rafael, queden en libertad plena.
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