Familiares acusan a los tribunales de justicia de la entidad de violar el debido proceso de sus allegados, al negarles la celeridad que sus casos requieren e inclusive el acceso a la salud. Sostienen que muchos han contraído enfermedades como tuberculosis y paludismo y los tribunales emiten las boletas de traslado “cuando ellos quieren”; y una vez emitidas, los cuerpos policiales no las ejecutan. Abogados exigieron la renuncia de la presidenta del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui.

Barcelona. Unos están conscientes de que las acciones realizadas deben ser castigadas por la justicia y otros aseguran que sus defensores han demostrado su inocencia. Sin embargo, familiares de privados de libertad denunciaron que por el solo hecho de ser procesados por la justicia sus allegados sufren violaciones al debido proceso dentro de los diversos recintos carcelarios de la zona norte de Anzoátegui.

Hermanas, madres y tíos, junto con sus representantes legales, se agolparon frente a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, para denunciar que en los tribunales, en primera instancia, se viola el debido proceso de sus defendidos, a la par de cercenarse el derecho a la salud puesto: muchos sufren de tuberculosis y paludismo y, por el retraso en las boletas de traslado, no reciben la debida atención médica. 

Los reclamos corroboran el informe presentado la semana pasada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el cual se señala que entre octubre de 2019 y abril de 2020 fallecieron 55 internos por tuberculosis y desnutrición en las diversas cárceles del país.

En medio de los reclamos familiares, los defensores cuentan que el retraso que impera en los tribunales anzoatiguenses ha dejado víctimas. Juliana Álvarez es una de las defensoras y sostiene que en lo que va de año, cinco reclusos han fallecido en los calabozos de la Policía Municipal de Guanta porque en esa institución “se han negado a realizar los traslados”. 

“Aquí tenemos que luchar para que puedan procesar las boletas de traslado de los detenidos, una vez que las conseguimos y las mandamos, allá en Poliguanta se negaron a realizar el traslado, allá todavía hay muchachos enfermos, sabemos que tienen una deuda con la sociedad. pero en Venezuela no está aprobada la pena de muerte y, sin embargo, eso tiene un protocolo para aplicarlo, cómo es posible que se les niegue la atención médica a los detenidos”, comentó. 

Álvarez va más allá y sostiene que ha recibido amenazas de muerte por el hecho de acudir a los tribunales a procesar los casos de sus clientes.

“Supe que los policías de Guanta llevaron a dos muchachos desnudos y los presentaron a una Asamblea de Ciudadanos y ahí les cayeron a palos, esto es una violación al debido proceso en todas las letras, acudí a denunciar esto y lo que recibí fueron amenazas de muerte”, dice la abogada. 

Represalias por denuncia

Yadi, así pidió identificarse, tiene un hermano detenido en la sede de la Policía Municipal de Urbaneja. Su hermano, junto con otros tres compañeros, fueron acusados de robar un local comercial en Lechería, sin embargo, afirma que luego de cinco meses los investigadores no encontraron prueba alguna que los incrimine en el hecho y en lugar de estar libres, siguen detenidos, por lo que ella califica la situación como “una llamada de arriba”.

Yadi sostiene que su hermano y sus compañeros están expuestos a cualquier tipo de enfermedades, especialmente paludismo y dengue, pues la comandancia de Poliurbaneja está ubicada en las riberas del río Neverí y allí proliferan los zancudos, sobre todo en las noches.

“No se justifica que tengan cinco meses esperando por una audiencia. Es más, por este caso funcionarios policiales fueron a mi casa y me robaron, yo denuncié eso en la fiscalía y como represalia le suspendieron las visitas a mi hermano y a los otros tres muchachos. Los Poliurbaneja prácticamente nos humillan porque cuando uno les lleva comida, ellos le meten mano, a las bebidas les meten los dedos y sabrá Dios qué más, esto es una humillación perenne”, contó.

Carmen es madre de un privado de libertad y con cara de angustia afirma que la única sentencia que ha recibido su hijo es la de padecer tuberculosis e insuficiencia pulmonar ante las malas condiciones en la que se encuentra el centro de reclusión. 

Su voz era la más airada de todos los que protestaban y solo pedía celeridad en el proceso que le adelantan a su hijo y atención médica para el mismo.

En medio de la protesta, personal adscrito al Tribunal Supremo de Justicia tomaba nota de todos los manifestantes, incluyendo de los abogados que acompañaron la manifestación, y en el interín hubo un intercambio de palabras entre los letrados y uno de los integrantes de la comisión del TSJ.

Wolfgang Caraballo es abogado y refiere que hasta ellos pasan penurias al momento de acudir a los tribunales: son sometidos a estar horas en colas bajo el sol y lo más preocupante es que vox populi, a sus clientes le son violados los artículos 43, 46 y 49 de la Constitución Nacional que garantizan la salud de los privados de libertad, el respeto a su integridad física y el debido proceso, respectivamente.

“Aquí no solo se viola la Constitución, se viola el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal el cual sostiene que los jueces tienen autonomía en sus tribunales, la presidenta del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, Adriana Carlota López, se entromete en las decisiones de los jueces y eso no es otra cosa que terrorismo judicial y por eso pedimos su denuncia. Ella llegó con un séquito de 20 personas que lo que hacen es pasear nada más”, dice Caraballo.

Caraballo sostuvo que en los tribunales se amparan allanamientos de cuerpos policiales sin orden alguna. Comentó sobre un caso en el cual oficiales de Poliurbaneja cruzaron a territorio del municipio Bolívar y realizaron un allanamiento, violando cualquier ley establecida. 

Abogados y familiares indicaron que las protestas continuarán hasta lograr la celeridad que sus casos requieren. “Sabemos que nuestros familiares no son joyas, pero tampoco son gente de quinta, hay incluso quienes ya tienen orden de liberación, pero a la justicia no le da la gana de ejecutarlas”.


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