La propuesta de reforma del Estatuto para la Transición que alargaría hasta enero de 2025 el mandato de la Delegada y de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela fue presentada por integrantes del Frente Amplio de Profesionales, sector Justicia, en compañía del diputado de Voluntad Popular electo en 2015, Rafael Veloz.
Caracas. Integrantes del Frente Amplio de Profesionales, sector Justicia, presentaron una propuesta de reforma del Estatuto para la Transición que conduciría a la extensión del mandato de la Comisión Delegada de Asamblea Nacional electa en 2015 y de Juan Guaidó como presidente encargado de la república hasta el 9 de enero de 2025, o antes si se logra la elección presidencial y parlamentaria libre.
El diputado Rafael Veloz (VP) avaló la propuesta y adelantó a Crónica.Uno que la consignará a su partido en las próximas horas: “Primero debo presentarla a Voluntad Popular donde solicitaré aprobación urgente del proyecto para presentarlo a la Comisión Delegada y a la junta directiva de la Asamblea Nacional”.
El Estatuto para la Transición aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2019 y reformado por la plenaria en 2020, estableció una prórroga al mandato de la AN electa en 2015 y a la presidencia encargada de Juan Guaidó instaurada en 2019, hasta el 4 de enero de 2022.
Ante la inminencia del vencimiento de dicho lapso y el hecho de que la oposición no logró producir el cambio de gobierno de Nicolás Maduro por la vía de una elección presidencial creíble este año, comienzan a surgir propuestas sobre el destino de la Delegada, del gobierno encargado y del propio Juan Guaidó como cabeza de ambas instituciones.
Los primeros en hablar de la necesidad de reestructurar y reconducir la estrategia opositora partiendo del Estatuto para la Transición fue el partido Primero Justicia en la voz de su coordinador nacional, Julio Borges, que desde el exilio anunció el domingo 5 de diciembre había solicitado un derecho de palabra a la junta directiva de la Delegada para exponer su propuesta en la sesión inmediatamente siguiente a ese día, que se esperaba para el martes 7 de diciembre.
¿La respuesta de la Delegada? No convocar sesión ningún día de la semana pasada ni en lo que va de esta semana.
La segunda propuesta formal para abordar este tema, al margen de que desde hace por lo menos dos meses partidos minoritarios como Encuentro Ciudadano, y organizaciones de la sociedad civil como el Bloque Constitucional han realizado algunos foros y planteamientos al respecto, es la del Frente Amplio de Profesionales.
Guaidó y la Delegada hasta el 2025
En una rueda de prensa convocada por el Frente Amplio de Profesionales, sector Justicia, y el diputado de Voluntad Popular electo en 2015, Rafael Veloz, realizada en la sede de ese partido político en Caracas, la coordinadora nacional del Frente, Luisana Trías, explicó que la propuesta radica en modificar el artículo 12 del Estatuto, el cual fija el fin de la prórroga del mandato de la AN y en consecuencia del gobierno encargado para el 4 de enero de 2022.
En la propuesta leída por Trías el artículo 12 del Estatuto quedaría redactado de la siguiente forma:
“En virtud de lo establecido en el artículo anterior, la continuidad constitucional del Poder Legislativo será ejercida por la Asamblea Nacional electa el diciembre de 2015 la cual funcionará a través de la Comisión Delegada hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables o hasta que culmine el período presidencial establecido en la constitución de la república”.
Ese período presidencial, según el artículo 230 de la Constitución, es de seis años, inició en enero de 2019 y culmina en enero de 2025.
La argumentación jurídica realizada por el Frente Amplio se sustenta en que el vacío constitucional que generó la fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018, así como la inexistencia de una Asamblea Nacional legítimamente electa en diciembre de 2020, obligan tanto a la Comisión Delegada de la AN 2016-2021 como a Juan Guaidó en su condición de presidente encargado según la interpretación que hizo la plenaria en enero de 2019 de los artículos 233 y 350 constitucionales, a continuar en sus cargos.
“El artículo 6 del Estatuto dice que la elección de mayo de 2018 no fue legítima y por tanto no existe un presidente electo para el período 2019-2025. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó asumió la presidencia encargada para la conducción constitucional de la república y debe por tanto cumplir con el ejercicio de la presidencia para el período 2019-2025”, dijo Trías.
Diputados obligados
Posterior a la presentación de la propuesta, el diputado Rafael Veloz aseguró que la misma fue consultada con el Bloque Constitucional y diplomáticos y qué la pregunta central frente a la coyuntura que plantea el 4 de enero de 2022 es si se mantienen las causas que dieron origen al Estatuto para la Transición.
“La respuesta es que sí. Que no solo se mantienen esas causas sino que se ha profundizado la usurpación. La AN buscó todos los medios para volver al sendero constitucional y no fue posible. Los diputados estamos obligados a mantener en nuestras curules la soberanía popular porque no podemos dejar en el vacío a la presidencia de la república y a la Asamblea Nacional, debemos mantenernos hasta que se produzcan elecciones libres”, dijo Veloz.
Consultado por Crónica.Uno sobre si la propuesta del Frente de Profesionales cuenta con el respaldo suficiente para ser aprobada por la Comisión Delegada -conformada por 18 diputados- tomando en cuenta que en una reciente votación nominal sobre Monómeros, Guaidó y VP resultaron derrotados, Veloz dijo que una vez presentada ante la Delegada, iniciaría el proceso de construcción de consenso en torno a la misma.
Crónica.Uno también le consultó a Veloz si Voluntad Popular había propuesto o impulsado desde la AN, en vez de la continuidad de la actual directiva, una nueva elección de junta directiva ya que el Reglamento Interior establece la renovación de la directiva anualmente, de modo que ese proceso permitiera determinar si la junta que preside Guaidó sigue contando con respaldo dentro de la Delegada o si la mayoría se inclinaría por una renovación de la misma. A esto respondió:
“Nuestra Constitución establece la renovación anual de la directiva. Los trabajos que venimos realizando los diputados en las diferentes fracciones van en ese sentido”.
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