El canciller Jorge Arreaza niega que haya una persecución contra los defensores de derechos humanos y, por el contrario, sostiene que las autoridades otorgan “las condiciones necesarias para que estos realicen libremente sus actividades”. Un señalamiento que la realidad se empecina en desmentir.
Caracas. “Venezuela garantiza el trabajo de las personas dedicadas a la promoción y protección de derechos humanos, otorgando las condiciones necesarias para que estos realicen libremente sus actividades”. Así lo aseguró el canciller Jorge Arreaza, quien negó que el gobierno de Nicolás Maduro mantenga una campaña de “hostigamiento, estigmatización y ataques” contra los activistas, como lo denunciaron recientemente cuatro relatores de Naciones Unidas (ONU). Arreaza, además, acusó a los expertos del organismo internacional de aliarse con “factores desestabilizadores” que mantienen una campaña de desprestigio contra el país.
Los señalamientos los hizo el jefe de la diplomacia venezolana al responder, por escrito, una comunicación que los relatores para la libertad de expresión, Irene Khan; para la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación, Clement Nyaletsossi, y a la salud, Tlaleng Mofokeng, así como los grupos de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y Discriminación contra las Mujeres le enviaron el pasado 11 de febrero para exigir información sobre la detención de los cinco activistas de la organización zuliana Azul Positivo y para interesarse por otros casos similares.
??Comunicado de prensa: en los últimos meses, #Venezuela ha intensificado la presión contra la sociedad civil trabajando para aliviar la crisis humanitaria
Instamos al gobierno a que retiren los cargos en contra de las 5 #defensorxs de #AzulPositivo.
?https://t.co/YzgefCcde7 pic.twitter.com/rispRz07FM
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 18, 2021
Tras asegurar que los miembros de la agrupación zuliana violaron “flagrantemente las normas establecidas (…) sobre legitimación de capitales” al utilizar tarjetas de débito para distribuir ayuda humanitaria, Arreaza exigió a los relatores “preservar la imparcialidad, objetividad e independencia en todas sus actuaciones y no prestarse a formar parte de acciones adelantadas por los factores desestabilizadores”.
“Alertamos a los titulares de los mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos nobles mandatos Venezuela apoya de manera firme e incondicional, a no dejarse llevar ni permitir ser engañados en su buena fe por estos factores inescrupulosos empeñados en seguir utilizando la causa de los derechos humanos como instrumento político al servicio de oscuros intereses imperiales y hegemónicos, en contra de los países del Sur que no se pliegan a sus designios”, agregó.
Puro ataque y cero explicaciones
El canciller se limitó a descalificar a los relatores de la ONU y grupos de trabajo, pero no respondió al grueso de las interrogantes que estos le formularon el 11 de febrero pasado mediante una carta, en la cual le preguntaron, entre otras cosas, cuáles son las medidas que ha tomado para “garantizar la asistencia jurídica desde el inicio de la privación de libertad y durante todo el proceso” de los activistas de derechos humanos.
Cuando el pasado 12 de enero Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron detenidos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) no se les permitió hablar con su abogado ni con sus familiares. Solo fue hasta el momento en que fueron llevados ante el juez que tenía su causa que pudieron hablar con su representante legal, lo cual representa una clara violación del debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución, denunció Acceso a la Justicia.
Arreaza tampoco explicó a los relatores de la ONU cómo los allanamientos sufridos por Acción Solidaria o Convite, así como las declaraciones estigmatizadoras lanzadas por funcionarios públicos en los últimos meses contra diversos activistas y organizaciones “son compatibles con la normativa internacional de los derechos humanos”.
No obstante, el hecho de que el canciller respondiera a las instancias de la ONU parece ser un avance. ¿La razón? Desde 2011 el gobierno de Maduro ha recibido 86 peticiones de distintas instancias del organismo mundial y apenas 39 fueron respondidas, de acuerdo con un estudio elaborado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Puro cuento
El supuesto respeto a la labor de los defensores de derechos humanos, que según Arreaza el gobierno tiene, está muy alejado de la realidad que revelan las cifras del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el cual solo en los primeros dos meses del año registró 127 ataques contra activistas y agrupaciones civiles.
Apenas la semana pasada dos miembros de la organización FundaRedes fueron detenidos, por más de 24 horas, por efectivos militares en el estado Apure, cerca de la zona donde se desarrollan combates entre miembros de la Fuerza Armada y disidentes de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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