Denuncias de conductores venezolanos en la frontera colombo-venezolana revelan presuntos cobros indebidos y retenciones de vehículos. Más de 30 carros siguen decomisados en Colombia, con costos en alza por estacionamiento y multas.
San Cristóbal. Cruzar la frontera entre Táchira y Norte de Santander, en Colombia, una dinámica cotidiana para miles de venezolanos, puede convertirse en un trámite costoso e incierto.María Teresa Ramírez lo comprobó cuando viajó a Colombia para buscar a un familiar que venía de España.
Tras estacionar en el Puente Internacional Atanasio Girardot, su vehículo fue remolcado en medio de un procedimiento que, denunció, derivó en un cobro para evitar sanciones mayores. Su caso se suma a otras denuncias que apuntan a presuntas irregularidades contra conductores venezolanos en la zona fronteriza.
Al intentar mediar con los funcionarios, estos le indicaron que se trataba de un abandono de vehículo y que desconocían quién era el propietario. También le manifestaron que el carro podría tener una bomba, una alerta asociada a protocolos de seguridad ante posibles amenazas con explosivos.
Las denuncias de conductores apuntan a un mismo patrón: retenciones de vehículos bajo argumentos administrativos, como supuestas infracciones o abandono, que luego derivan en pagos para evitar sanciones mayores o la inmovilización.
La alerta policial se desprende de los continuos asedios a peajes y organismos de seguridad en el departamento de Norte de Santander, por el control territorial de grupos irregulares, organizaciones armadas no estatales que operan al margen de la ley.
La “alternativa”
Este contexto de seguridad es utilizado por autoridades para justificar procedimientos más estrictos en la zona fronteriza. Tal como ocurrió en febrero de 2025, cuando se registró una explosión en la estación de peaje La Parada, en Cúcuta.
El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, indicó que seis personas resultaron heridas, entre ellas personal de vigilancia y trabajadores. En días posteriores, en el sector Villa Antigua, en Villa del Rosario, atacaron un comando policial con disparos y explosivos.
María Teresa intentó llegar a un acuerdo para evitar que remolcaran el carro. Sin embargo, denunció a Crónica Uno que, presuntamente, le exigieron una suma de 200.000 pesos colombianos o su equivalente a 55 dólares. Este tipo de cobros, agregó, se presenta como una alternativa para evitar multas más elevadas, sanciones económicas establecidas por autoridades de tránsito.
“¿Dónde queda la hermandad entre Venezuela y Colombia?”, se preguntó la tachirense, quien pagó para evitar la multa que podría superar los 700.000 pesos ($194) para que le entregaran el carro.
Desde el 1° de enero de 2023, cuando se inauguró el Puente Internacional Atanasio Girardot, infraestructura que conecta directamente a ambos países y facilita el tránsito formal, también se habilitó el paso fronterizo de autos y motos, con requisitos específicos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), póliza exigida en Colombia para cubrir daños a terceros en accidentes viales, y documentos de propiedad.
La reactivación del paso formal incrementó el flujo de vehículos venezolanos, lo que también elevó la frecuencia de estos procedimientos.
“Matracas” indiscriminadas
El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, denunció que en Cúcuta y Villa del Rosario persiste “la matraca indiscriminada” contra los vehículos venezolanos, término coloquial usado en Venezuela para referirse a cobros ilegales o sobornos exigidos por funcionarios. Su señalamiento coincide con los testimonios de afectados que describen prácticas reiteradas en puntos cercanos a la frontera.
Palencia recordó la firma de un Acuerdo de Hermanamiento entre ambos territorios, mecanismo de cooperación entre ciudades o regiones para promover beneficios mutuos, pero advirtió que ese entendimiento, orientado a favorecer a los ciudadanos de ambos lados, no funcionará si “cada vez que un carro de placa venezolana pasa a Villa del Rosario o Cúcuta de inmediato lo mandan a la derecha para pedirles matraca o extorsionarlos”.
Este acuerdo entre Colombia y Venezuela se firmó con el propósito de impulsar el desarrollo económico, el comercio, el turismo, la seguridad fronteriza, la salud y la educación. En materia de seguridad se establecieron alianzas para la cooperación fronteriza, el intercambio de inteligencia y el combate a la extorsión, delito que implica obligar a una persona a pagar dinero bajo amenaza o presión.
Recordó que tanto tachirenses como ciudadanos de otros estados acuden a la región fronteriza no solo para adquirir bienes, sino también para cumplir con tratamientos médicos, ante las limitaciones del sistema de salud en algunas zonas de Venezuela.
Investigación a presuntas redes
El exdiputado Walter Márquez solicitó al alcalde de Villa del Rosario, Camilo Suárez, que investigue a los funcionarios de tránsito, al considerar que se han convertido en una presunta red de extorsión contra venezolanos.
Denunció que recientemente estacionó su vehículo y el de un familiar en Migración Colombia, autoridad encargada del control de entrada y salida de personas del país, en el puente Atanasio Girardot, mientras esperaban a otro pariente que regresaba a Venezuela luego de 10 años. Márquez salió a buscar un café y, al regresar, uno de los carros ya había sido remolcado y su camioneta estaba en proceso.
Para evitar que se llevaran su vehículo, los funcionarios presuntamente le solicitaron 180.000 pesos colombianos, monto que, indicó, sería entregado al conductor de la grúa.
Márquez añadió que los efectivos de tránsito alegaron abandono de vehículo y desconocimiento del propietario. Sin embargo, destacó que al llegar lo saludaron por su nombre y apellido.
Este elemento refuerza las sospechas sobre posibles prácticas discrecionales en los procedimientos, decisiones tomadas con amplio margen de criterio por parte de los funcionarios.
Esto generó suspicacia en Márquez, quien consideró que la autoridad municipal debe investigar estas presuntas extorsiones a venezolanos, las cuales, afirmó, ocurren con frecuencia en la frontera colombo-venezolana. Hasta el momento, en el texto no se mencionan respuestas oficiales a estas denuncias, lo que limita el contraste de versiones.
Vehículos decomisados
Más de 30 carros venezolanos permanecen decomisados en Colombia desde 2023 porque sus dueños no han pagado las multas, explicó el investigador judicial Jairo Avella. La cifra sugiere que no se trata de casos aislados, sino de una situación sostenida en el tiempo.
Los afectados han tenido que contratar abogados colombianos para gestionar la devolución, ya que no existe un mecanismo expedito para recuperarlos, proceso que puede implicar costos adicionales y trámites prolongados. Entre los vehículos retenidos hay motocicletas, camiones de carga y carros.
Para la entrega de los vehículos, las autoridades de tránsito ofrecen un descuento de 50 % si se cancela en los primeros días posteriores a la retención. Aun así, el monto puede alcanzar 1.750.000 pesos, equivalentes a unos 480 dólares. A esto se suma el costo del estacionamiento, aunque el servicio de grúa no se cobra. Los costos acumulados terminan siendo una barrera para la recuperación de los vehículos.
Crónica Uno conoció que el costo diario del estacionamiento varía entre 10.000 y 15.000 pesos, dependiendo del establecimiento al que trasladen el vehículo. Mensualmente, los afectados podrían pagar al menos 160 dólares, una suma considerable en relación con los ingresos promedio de muchos ciudadanos venezolanos.
Según la información obtenida, las autoridades hacen caso omiso al Instructivo Integral de Fronteras, normativa que regula el tránsito y los procedimientos en zonas limítrofes, que establece que los vehículos no pueden ser retenidos ni decomisados en Cúcuta, Villa del Rosario ni en el municipio de Los Patios, donde presuntamente se registra la mayor cantidad de casos. Este señalamiento apunta a una posible contradicción entre la normativa vigente y la práctica en terreno.
Para los propietarios venezolanos, tener los vehículos decomisados en Cúcuta incrementa significativamente los costos, entre estacionamiento, multas y honorarios legales.
Permisos
El Ministerio de Transporte de Colombia informó para que un vehículo pueda circular en ese país debe contar con licencia de conducir, emitida en Venezuela o internacional, SOAT vigente, documento de propiedad y placas visibles.
Si la permanencia es inferior a tres meses, no se requerirá la revisión técnico-mecánica ni de gases, inspección obligatoria en Colombia para verificar el estado del vehículo y su impacto ambiental. El vehículo debe mantenerse en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.
Los documentos admisibles para el control migratorio son pasaporte vigente, cédula de ciudadanía o cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT) y Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), instrumentos que permiten regularizar la estancia de ciudadanos venezolanos en Colombia bajo distintas condiciones.
El período de permanencia habilitado por la TMF y la cédula venezolana no debe superar los siete días.
Aunque la normativa establece requisitos claros para la circulación, los testimonios recogidos evidencian tensiones entre la regulación y su aplicación en la frontera, especialmente para conductores venezolanos, lo que refuerza las denuncias sobre posibles irregularidades en los procedimientos.
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