Gobierno de Maduro ignora las peticiones de información de la ONU

Guiria | trata de personas

Entre febrero de 2019 y septiembre de 2020, la Cancillería recibió 15 solicitudes de distintas instancias de la organización mundial y solo dos fueron respondidas, según Provea.

Caracas. “De lo que no podemos hablar debemos guardar silencio”. En el gobierno de Nicolás Maduro parecen seguir casi al pie de la letra esta expresión del matemático austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) al lidiar con las solicitudes de información que le hacen desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo si la misma está relacionada con una violación a los Derechos Humanos.

Al menos a esta conclusión se arriba al leer los resultados de una investigación realizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que tras revisar la suerte que han corrido las 15 peticiones de información que distintos relatores y grupos de trabajo del organismo mundial le han enviado a la Cancillería, desde enero de 2019 hasta septiembre de 2020; se topó que con apenas dos han sido respondidas.

“Desde 2011 el Gobierno ha recibido 82 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que más de la mitad han quedado sin respuesta”, denunció la agrupación, la cual recordó que las autoridades tienen la obligación de responder a las instancias de la ONU en un plazo de 60 días.

La actitud de las autoridades representa una flagrante violación al artículo 31 de la Constitución, el cual establece: “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre Derechos Humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

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En el limbo

La última solicitud llegada desde la ONU estaba relacionada con la desaparición de 73 venezolanos que pretendían emigrar en tres embarcaciones hacia Trinidad y Tobago y Curazao. Los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2019 y hasta el momento se desconoce el paradero de la mayoría de las personas, informó Transparencia Venezuela en Suprema Injusticia, su sitio web dedicado a monitorear la actividad del Poder Judicial.

En una carta fechada el 14 de septiembre de 2020, seis relatores y un Grupo de Trabajo de la ONU expresaron su “profunda preocupación” por las informaciones de la desaparición de más de medio centenar de personas, incluidos niños; y por “la posibilidad de que se convirtieran en víctimas de la trata de personas; así como por la aparente falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar de manera oportuna y eficaz a los presuntos autores”. Igualmente denuncian que efectivos de la Guardia Nacional podrían estar implicados en los hechos.

La misiva se refiere a los barcos Jhonnaly José, Ana María y La Vela de Coro, los cuales salieron del país con destino a Trinidad y Tobago, los dos primeros; y hacia Curazao el último, con migrantes ilegales y de los que no ha se ha vuelto a saber nada.

“Nos preocupa especialmente el hecho que 73 personas permanezcan desaparecidas hasta la fecha y que sus familiares y representantes legales no hayan recibido información sobre los avances en la investigación”, se agrega en la comunicación firmada por la Relatoría Especial sobre la trata de personas; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales; la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; la Relatoría Especial sobre la venta y la explotación sexual de niños; la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; y la Relatoría Especial sobre la tortura.

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En el documento, las instancias internacionales le solicitaron a las autoridades información sobre las medidas adoptadas para hallar a los desaparecidos y las acciones emprendidas castigar a quienes se los llevaron. Asimismo, requiere información sobre “la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades de inmigración, para identificar las victimas de trata y los medios y métodos utilizados por los grupos delictivos organizados para los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos criminales involucrados en la trata”.

Sobre las policías y militares

Antes las autoridades recibieron una petición para conocer sobre las condiciones de reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Centro Nacional de Procesados Militares (cárcel de Ramo Verde); y también pidieron información sobre la condición del expolicía metropolitano Erasmo Bolívar, quien habría contraído el COVID-19 en la cárcel.

“Quisiéramos asimismo expresar nuestra preocupación por la propagación del COVID-19 en las tres instalaciones que ahora están siendo utilizadas como centros de detención y en particular por el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas, la ausencia de medidas de protección básicas contra el COVID-19 y las medidas restrictivas que han desconectado a las personas privadas de libertad del mundo exterior por un tiempo prolongado”, se lee en la misiva firmada por las relatorías especiales sobre la Tortura, sobre Ejecuciones Extrajudiciales y sobre el Derecho a toda persona a la Salud y por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Tras cuestionar la suspensión de las actividades judiciales, la cual se prolongó por seis meses, por su impacto en el debido proceso, las instancias internacionales urgieron a las autoridades a adoptar medidas para combatir el hacinamiento para evitar la propagación del coronavirus y garantizarle a los reclusos sus derechos a la vida, salud y alimentación.

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