La mañana de este martes los vecinos de Catia no pudieron comprar comida, pues los cuerpos de seguridad bloquearon los accesos a la zona y cerraron la mayoría de los comercios. La medida se tomó después de que Nicolás Maduro anunciara que se iba a radicalizar la cuarentena en Caracas, La Guaira y Miranda, entidades que reportan más casos de COVID-19.
Caracas. “En Catia estamos viviendo una verdadera crisis entre el coronavirus y la necesidad de comer. Sabemos que hay que cuidarse del virus, pero también nos quieren tener dominados, ya ni siquiera se puede ir a comprar comida al mercado”.
Jackeline –nombre ficticio por temor a represalias– encontró cerrados los negocios de comida en Catia. Este martes 24 de marzo el bulevar y las calles de la parroquia Sucre amanecieron tomados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Policaracas, la Fuerza Armada Nacional y grupos de civiles armados.
Los funcionarios cerraron el mercado de Catia y trancaron el paso hacia la plaza Catia, La Silsa, la calle Brasil, la calle Colombia y la México. También desde la Primera hasta la Séptima avenidas. No había paso vehicular y los civiles armados prohibieron el paso peatonal por algunas aceras.
La medida se implementó después de que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara que radicalizarían la cuarentena con un plan especial en Vargas, Miranda y Caracas, por ser las tres entidades que reportan más casos de COVID-19. Hasta el 23 de marzo totalizaban 59 contagios, según cifras oficiales.
Óscar Galvis también fue temprano al bulevar a comprar comida. Al igual que a sus vecinos le preocupa el abastecimiento de los alimentos en su vivienda. Encontró casi todos los comercios cerrados y tuvo que caminar bastante para por fin comprar.
“Logré comprar algo en el mercado de Catia, pero terminé de comprar en un sitio que estaba vendiendo caleta. Un señor que tenía la bodega medio cerrada y le pasabas la tarjeta encaletada. Tuve que dar un vueltón para conseguir algo para la casa”, relató.
Nicolás Maduro informó que se iban a reforzar las medidas de protección contra el COVID-19 la noche del lunes 23 de marzo, cuando se cumplía una semana de haber decretado la cuarentena social en Caracas por los casos de coronavirus confirmados. Solo un miembro de la familia, con mascarilla y guantes, puede estar en la calle y no puede haber aglomeraciones.
En contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) dijo que para ello se apoyarán con las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh), con los jefes del Comité Local de Abastecimiento y Protección (Clap) y del consejo comunal. También con las autoridades en las calles exigiendo el uso de las medidas se seguridad y saneamiento.
En Catia no habían acatado el llamado a cuarentena desde hace ocho días. Los comercios y buhoneros seguían trabajando, y aunque muchos usaban mascarillas, otros no. Los vecinos consultados por Crónica.Uno aplauden que hayan tomado otras medidas, pero creen que fueron muy exageradas porque no pudieron comprar comida. Sienten que ya los controlan suficiente.
Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos y miembro de la ONG Provea, explicó que las medidas que ha tomado el gobierno de Maduro hasta cierto punto han sido positivas, sin embargo, los cuerpos de seguridad han acatado el mandato como quieren y detienen a las personas que no usan mascarillas.
“Pareciera que se activa la Ley de Vagos y Maleantes, se detiene a las personas que no han cometido ningún delito. Detener a una persona porque no tiene un tapabocas es un error y no es papel de un militar, deben orientar a la población y exigirle que use el tapabocas pero no detenerla”, detalló.
Explicó que hay un uso exagerado de la Fuerza Armada Nacional. De acuerdo con las leyes, son las policías municipales las que deben trabajar en la prevención.
Vigilancia, civiles armados y perifoneo
El presidente Maduro en sus mensajes reitera el llamado a la población a no estar en las calles, a menos de que se vaya a comprar comida. Solo el personal oficial y de salud puede transitar.
Una vecina de Propatria, quien por temor no quiso revelar su nombre, contó que las FAES caminan en las noches y madrugadas para verificar que algún negocio no esté abierto.
“Caminan por Casalta, el callejón Asunción, Mario Briceño para ver si hay algún local donde la gente ponga música o se pueda distraer. Las bodegas cierran muy temprano por temor a que las FAES se metan y les quiten las mercancías. Hay rumores de que lo han hecho y por eso la gente prefiere evitar”, dijo.
Marino Alvarado explicó que el gobierno de Maduro usa a las FAES para atemorizar a los vecinos, también a médicos y periodistas. El sábado 21 de marzo detuvieron al reportero Darvinson Rojas por difundir información acerca del coronavirus, y al doctor Julio Molino, el 17 de marzo en Maturín, por exigir dotación de equipos para atender los casos en el hospital Núñez Tovar.
“Hemos visto que si van a casa de algún afectado por el coronavirus es como un delito, porque va el equipo médico acompañados por las FAES. Deberían ir acompañados por la policía municipal por si dado un caso se requiriera apoyo”, añadió.
Maduro ha ordenado ir a casa de alguna persona sospechosa de tener COVID-19 como parte del trabajo que hacen desde el Ejecutivo.
Las FAES y policías municipales también perifonean por las comunidades, pidiéndoles a los vecinos que no salgan de sus casas o que usen tapabocas.
“El domingo (22 de marzo) pasaron más de cinco patrullas de las FAES, con muchos funcionarios en la parte de atrás. Algunos iban con la cara tapada. Por el megáfono pedían a la gente que se fuera a sus casas. Está bien que lo hagan, pero nos dio miedo porque eran muchos vehículos y ya uno se asusta”, contó un vecino de Colinas de Bello Monte, quien pidió no revelar su nombre por temor.
Los civiles armados también han hecho este trabajo, sobre todo en la zona de Propatria y el 23 de Enero, parroquia donde los líderes de estos grupos exigen a los habitantes, a través del megáfono, que no salgan.
“El lunes los colectivos estaban por la avenida El Cuartel mandando a la gente a su casa. Yo iba a salir y me llamó mi familia para que me devolviera porque le dieron miedo los colectivos”, contó un vecino de la parte alta de Propatria.
El abogado Alvarado dijo que el objetivo es sembrar temor con los civiles armados, al darles labores de seguridad ciudadana. No están preparados para relacionarse con ciudadanos, situación que es cada vez más riesgosa para estos.
La lógica represiva a la que se refiere Alvarado aplica en urbanizaciones y en zonas populares, donde se afianzan.
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