De acuerdo con la justificación hecha por el presidente de la Comisión Delegada de la AN 2015, extender por otro año el gobierno encargado evitaría dejar a los ciudadanos “en un estado de indefensión”.
Caracas. Luego de un 2022 marcado por un funcionamiento deficiente y desordenado de la Comisión Delegada, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN2015) Juan Guaidó, aspira este 22 de diciembre lograr la extensión del funcionamiento de este organismo y el gobierno interino que representa por un año más.
Un informe presentado para llevar a cabo una primera discusión de la Reforma Parcial del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que la propuesta de Guaidó buscará extender su mandato hasta el año 2024.
Solamente se reformaría el artículo 12 que quedaría escrito de la siguiente forma:
Continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional
Artículo 12. En virtud de lo establecido en el artículo anterior, la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional será ejercida por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, la cual funcionará a través de la Comisión Delegada hasta por doce (12) meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático.
De ser aprobada esta reforma, Juan Guaidó llegaría a cinco años al frente de la AN2015 y del gobierno encargado de la República.
Al momento de justificar la prolongación de un organismo que en 2022 se mostró desordenado e incoherente, Guaidó explicó que esto se centra en dos puntos: que persiste la situación “autocrática que vulnera el orden constitucional y democrático en Venezuela”; y que poner fin al mandato “supondría abrir una ruta de vacío institucional” que dejaría “en estado de indefensión al pueblo venezolano”.
Además de lo expuesto por Guaidó, el procurador especial nombrado por la AN2015, Enrique Sánchez, envió una carta a los diputados donde asegura que la disolución de la Comisión Delegada se traduciría en el fin de su gestión, lo cual afectaría los procesos de defensa de activos en el extranjero.
“No debe ser difícil entender que la precedente información es un insumo imprescindible a la hora de fijar posición para la histórica decisión que corresponderá adoptar a los diputados de la alternativa democrática, para lo cual deberán estar acompañados de su sola conciencia personal como lo impone el artículo 201 de la Constitución”, se lee en la misiva que en antes de enumerar las acciones de la contraloría, decía que lo hacía “sin retórica manipuladora”.
La sesión de la Comisión Delegada en la que se llevará a cabo el debate para la prolongación hasta 2024 del gobierno encargado será el 22 de diciembre y con la duda de si tres de los cuatro partidos controlan la mayoría de diputados de la AN2015: Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, van a apoyar o no la medida.
En caso que no se apoye la extensión del mandato de Guaidó, el gobierno encargado tendría su fin oficial el 5 de enero de 2023.
El exgobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski criticó el pasado 19 de diciembre que se “chantajeara” a los diputados de la AN2015 para que extendieran el período de funcionamiento del gobierno encargado de Guaidó “con el pretexto de la protección de activos”.
No tengo ninguna relación con eso que llaman gobierno interino. La pregunta es: ¿para qué le ha servido eso a los venezolanos? (…) No maneja la economía, las escuelas, ni la salud, todo eso está bajo el control de Maduro que es quien controla el poder”, comentó.
Además, aseguró que el verdadero interés en llevar a cinco los años de funcionamiento del gobierno encargado se debe a que este “se ha convertido en el modus vivendi de un grupo de personas”, no a la protección de los activos. “Citgo está protegida por una orden ejecutiva de Estados Unidos, no por lo que haya hecho o no el interinato”.
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