A Yosida, de 67 años de edad, madre del militar retirado y preso político Juan Carlos Monasterio, le imputaron delitos por presunta asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. La detuvieron cuando se trasladaba a Caracas a visitar a su hijo, detenido en la Dgcim de Boleíta.
Caracas. Yosida María Vanegas de Monasterios, madre del sargento mayor de primera retirado y preso político, Juan Carlos Monasterios, tiene suficientes razones para recibir atención médica periódica. Sufre de artrosis, sangrado rectal, hipertensión y tiene pólipos en el intestino.
Además, la mujer, de 67 años de edad, debe mantener una dieta estricta y tomar tratamiento para sus diferentes patologías. Desde el momento de su detención, en agosto, no recibe la medicación que necesita. Su hija, Giowanna Monasterios, está muy preocupada.
Manifestó que no entiende cómo a su madre le imputaron delitos por presunta asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
“Nosotros no somos personas de dinero. ¿Tú crees que con cuatro dólares mensuales de pensión se financia el terrorismo? Eso no alcanza para nada”, denunció Giowanna.
Yosida fue detenida el 15 de agosto en una alcabala fronteriza de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en La Pedrera, estado Táchira, cuando viajaba hacia Caracas para visitar a su hijo, quien estaba recién operado de la vesícula. Posteriormente la trasladaron hasta la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) de Boleíta, en Caracas. Durante más de una semana ni sus abogados ni su hija tuvieron información de ella.
Yosida estuvo fuera del país por cuatro años. Actualmente se encuentra detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Giowanna contó a Crónica.Uno que gracias a la defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, han llevado el caso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) e hizo la solicitud de una medida cautelar a su favor de su mamá.
“Yo sigo haciendo responsable al régimen de Maduro y a Tarek William Saab por lo de mi mamá, y también a la cadena de mando de la Dgcim”.
Juan Carlos Monasterios
A Juan Carlos Monasterios Vanegas, sargento mayor de primera retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, fue detenido el 5 de agosto de 2018. Posteriormente, lo condenaron a 30 años de prisión por los supuestos delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del mandatario Nicolás Maduro; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración.
El 4 de agosto de 2018, Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz para entonces, informó que dos drones fueron cargados con explosivos C4 y los usaron para atacar a Maduro. Ese día se llevaba a cabo un desfile militar en conmemoración del 81º aniversario de la GNB, en la avenida Bolívar de Caracas.
Actualmente se encuentra recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
Luego de la detención de Juan Carlos, la familia vive bajo el hostigamiento y allanamientos constantes en Maracay, estado Aragua, donde vivían. Toda la situación de angustia y estrés agravó la salud del padre del sargento, quien falleció tres meses después.
El matrimonio Monasterios tuvo solo dos hijos. Juan Carlos, quien está tras las rejas, y Giowanna quien se encuentra en Perú desde 2017. Gran parte de sus familiares y conocidos están fuera del país.
Sin debido proceso
En una entrevista anterior con Crónica.Uno, el abogado Alberto Maimone señaló que durante la detención de Yosida no hubo una orden de aprehensión ni tampoco cometió algún delito flagrante.
El 20 de agosto, junto con el abogado Yoiver González, interpuso una acción de amparo constitucional, que el juez primero de control declinó el 22 del mismo mes.
Detención para intimidar
El cuarto informe de la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó que desde 2020 hubo 58 casos de personas detenidas arbitrariamente y la mayoría de las detenciones son atribuidas al Sebin y la Dgcim.
53 detenciones ocurrieron en el marco de “represión selectiva” contra opositores o percibidos como tal por el Gobierno. El resto se produjo en los contextos de protestas.
Tales acciones se cometieron en contra de sindicalistas, miembros de ONG, defensores de derechos humanos, militares, profesores, periodistas, miembros de partidos de la oposición y otras personas que mostraron posturas contrarias frente al Gobierno de turno.
La Misión detalló que en estos casos se presentaron detenciones arbitrarias contra los familiares de los principales sospechosos “a pesar de no existir evidencia suficiente” para justificar la detención. Resaltó, además, que esta practica ha afectado de forma desproporcionada a mujeres. Las autoridades detienen a familiares o parejas mujeres de los perseguidos políticos con la intención de presionarlos e intimidarlos.
Las mujeres terminan involucradas en procesos judiciales y con graves acusaciones como la traición y el terrorismo, como pasa en el caso de Yosida Vanegas.
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