Desde el 2020 hasta agosto de 2023, la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas investigó 72 casos víctimas directas de violación de derechos humanos, de las cuales 47 son hombres y 25 mujeres, incluso a una persona trans.
Caracas. Expertos de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas mostraron su preocupación por el uso continuado de mecanismos de represión selectiva por parte del Estado, en contra de opositores o personas percibidas como tales, lo cual pone en riesgo el espacio cívico democrático.
En el cuarto informe de la Misión, presentado este 20 de septiembre, se investigaron 43 nuevos casos de violaciones de derechos humanos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género.
Desde 1° de enero de 2020 hasta agosto de 2023, se documentaron 72 casos víctimas directas, de las cuales 47 eran hombres y 25 mujeres, incluso una persona trans.
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Francisco Cox Vial, miembro de la Misión, expresó que existen motivos de preocupación para creer que la política de Estado en Venezuela contribuye a sofocar a la oposición real o percibida.
Los expertos que estuvieron presentes en la presentación del informe detallaron que los ataques se han dirigido a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, miembros de partidos políticos, líderes políticos o civiles que critican las políticas, decisiones o omisiones del Gobierno.
El trabajo de las ONG también se ve afectado por las amenazas e intimidaciones por parte de fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios públicos.
Cox Vial refirió que durante el período 2014-2019 el Estado aplicó tácticas de mano dura, más violentas, incluso la comisión de delitos para silenciar las voces de la disidencia. Y resaltó que en los últimos años las tácticas coercitivas “más suaves” se han vuelto más recurrentes. Sin embargo, hay una amenaza latente de que el Estado use un mecanismo de “mano dura”.
“Cultura de miedo”
Por su parte, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela, explicó que la violación del derecho a la libertad de expresión ha generado una “cultura de miedo” y ha ocasionado que muchos huyan del país por temor para guardar su vida y su integridad personal.
Destacó que durante los últimos tres años hubo detenciones arbitrarias, y muchas personas que piensan distinto al Gobierno han sufrido acoso, persecución, amenazas, intimidación, y recibido mensajes difamatorios y estigmatizantes en medios de comunicación o medios usados por el Gobierno.
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Los expertos hicieron mención de altos funcionarios, como Diosdado Cabello, actual vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien ha acusado públicamente a personas por supuestos delitos de terrorismo, conspiración y tildándolos de traidores.
Asesinatos, desapariciones y torturas
La Misión investigó nueve casos de asesinatos durante las protestas de 2020 por la escasez de gasolina que se extendió por todo el país. De las cuales, cinco de ellas son “atribuibles” al Estado. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) podrían también estar involucrados.
Además, destacó las cuatro muertes violentas de actores de la sociedad civil: los periodistas José Carmelo Bislick Acosta y Andrés Eloy Nieves Zacarías, asesinados en agosto de 2022, en los Estados de Sucre y Zulia; el reconocido líder indígena Uwottüja, Virgilio Trujillo, asesinado en junio de 2022 en el Estado de Amazonas; y el activista del Partido Comunista y comunicador social José Gregorio Urbina, asesinado en enero de 2022 en el Estado de Apure.
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Asimismo, documentó que desde 2020 al menos 14 personas (10 hombres, cuatro mujeres) fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración; 58 personas fueron detenidas arbitrariamente, y la mayoría de las detenciones se llevaron a cabo sin una orden previa de detención.
La Misión investigó 28 casos de personas privadas en lugares de centros de detención oficiales y clandestinos (22 hombres y seis mujeres, incluyendo una mujer trans), que fueron víctimas de tortura física y psicológica, y malos tratos.
“Los actos incluyen golpizas (especialmente en la cabeza, las costillas, los glúteos, los genitales, las piernas y los dedos de las manos y los pies); suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, incluida luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de castigo de espacio reducido que permiten sólo estar de pie y aislamiento prolongado”, dicta el informe.
DAET
El organismo internacional sostiene que a pesar de la aparente disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), existe una continuidad de este cuerpo entre la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creada en julio de 2022, por sus similitudes y el uso del mismo modus operandi.
En 2020 la Misión identificó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como una de las estructuras implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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