“Estamos frente a una escalada de persecución a todos los gremios organizados, sindicalistas, estudiantes, y esto lo veo de cara a las elecciones, de que se le generen conflictos, protestas”, alertó el abogado Joel García.
Caracas. De acuerdo con el artículo 46 de la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Sin embargo, esto no pasó con John Kelvin Álvarez Peña, estudiante de 24 años de edad de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El ucevista fue torturado a golpes con objetos de madera en varias partes del cuerpo y recibió descargas eléctricas en los testículos por negarse a incriminar a dos personas en un video, reveló Joel García, abogado defensor del joven estudiante.
Funcionarios de la DAET, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, le dijeron que lo dejarían en libertad si culpaba al sindicalista Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de los derechos humanos, de conspirar en contra del Gobierno.
Tras la golpiza y malos tratos, lo forzaron a grabar un video en el que decía que Salazar invitó a Rojas a poner explosivos en la autopista Valle-Coche. Además, de que el periodista es encargado de organizar, trancar calles y quemar basura en la parroquia La Candelaria, reveló el abogado.
Antes de que se hiciera pública esta denuncia, el periodista Carlos Julio Rojas compartió a través de la red social X (antes conocida como Twitter), que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) pretende involucrarlo en “hechos irregulares” para llevarlo preso.
Funcionarios no identificados
Álvarez fue detenido por funcionarios no identificados que estaban vestidos de civil el pasado miércoles, 30 de agosto, en la avenida Bolívar, adyacente a la estatua de Simón Bolívar, la cual está cercana al Palacio de Justicia, en Caracas.
Al estudiante lo apuntaron y lo subieron a un vehículo marca Chery, modelo Orinoco blanco, sin placas, que iba escoltado por al menos 10 funcionarios en motos y otros que iban a pie. Le quitaron su moto, su teléfono, reloj y cadenas. Al principio, Álvarez pensó que se trataba de un secuestro.
No obstante, luego de que le quitaran la capucha, se dio de que estaba en una oficina de la PNB en Los Chaguaramos, en Caracas. Su familia estuvo cerca de 24 horas sin saber de su paradero.
El abogado indicó que durante el día miércoles, 30 de agosto, los funcionarios le revisaron el teléfono a Álvarez y respondían sus mensajes. También imprimieron unos panfletos que usaron para presentarlo ante las autoridades.
John Álvarez, además de estudiar Antropología en la UCV, es integrante del Comité de Usuarios del Comedor de la casa de estudios, y es estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar). García informó que Álvarez es militante del partido político Bandera Roja (BR).
Autoridades de la UCV expresaron su preocupación y exigieron el resguardo de la integridad física, moral y psicológica del estudiante. Asimismo, alumnos de esa institución exigieron su liberación inmediata.
Delitos de “conspiración y asociación”
El lunes, 4 de septiembre, se realizó la audiencia de presentación en la que se dio a conocer que el joven tiene una supuesta orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos relacionados con los seis sindicalistas a los que condenaron a 16 años de prisión.
A John le imputaron los delitos de “conspiración y asociación”, basado en informes anónimos de contrainteligencia. Actualmente, se encuentra privado de libertad en la sede de la PNB en La Yaguara.
Entre el 4 y 7 de julio de 2022 detuvieron a Alcides José Bracho Vivas, Emilio Antonio Negrín Borges, Gabriel José Blanco Flores, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés. El 1° de agosto de 2023, el Tribunal 2° con competencia en terrorismo los condenó a 16 años de prisión, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Cabe destacar que Bracho, Astudillo, Cortés y Meléndez son miembros activos de Bandera Roja. Gabriel Blanco formó parte de la organización, pero se retiró y Emilio Negrín, a pesar de que no era del partido, conocía a militantes de BR.
Partido con más presos políticos
Jesús Noel Hermoso, miembro del Comité Político Nacional de BR y jefe nacional de medios y propaganda, manifestó que Bandera Roja es el partido que tiene más presos políticos en Venezuela.
Explicó que BR está presente en todas la organizaciones sindicales y de trabajadores en las que ayuda a organizarlos en función de la defensa de sus derechos.
“Hay demasiada evidencia de que se trata de una persecución muy particular hacia un partido político. Y algo que es característico es que es el único partido, que siendo comunista, socialista y marxista-leninista, nunca apoyó el régimen de Chávez”.
Hermoso recordó que se distanciaron del expresidente Hugo Chávez Frías en 1998, porque previeron que su gobierno sería una “estafa y gran engaño para los trabajadores, que hoy se confirma”.
Para el dirigente político existe un patrón de persecución sistemática hacia el partido, en contra de militantes o personas que alguna vez estuvieron vinculadas a la organización.
Criminalización de Bandera Roja
García sostuvo que en el caso de John Álvarez existe una violación al derecho de asociación porque se ha criminalizado al partido Bandera Roja, una organización “debidamente registrada” en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y fundada en 1970.
“Estamos frente a una escalada de persecución a todos los gremios organizados, sindicalistas, estudiantes, y esto lo veo de cara a las elecciones, de que se le generen conflictos, protestas” Además, dijo que la intención es “silenciar, opacar y que la gente tenga miedo”.
El primer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas indicó que entre 2014 y 2020 en el país se cometieron violaciones graves a los DD. HH; detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En la presentación de un informe, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, alertó que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela son parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población, que pueden implicar crímenes de lesa humanidad.
Las ONG Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han registrado entre 282 y 319 personas privadas de libertad por razones políticas.
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