Crónica.Uno consultó al abogado Edwin Sambrano para contrastar la legislación vigente con las violaciones a los derechos humanos y sindicales de trabajadores de la CVG.
Ciudad Guayana. El 12 de junio de 2023 se reportó la detención de tres sidoristas: Leonardo Azócar, Daniel Romero y un tercero a quien liberaron horas después. A pesar de que Provea informó de su traslado al Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, familiares denunciaron no tener certeza de ello.
Desde el momento de la aprehensión se les negó comunicación hasta tres semanas más tarde, cuando familiares notificaron que se pudieron comunicar con ellos y les permitirían visitarlos.
Para el momento, el caso se calificó de desaparición forzada según los estándares que aplica Naciones Unidas.
¿Por qué fueron detenidos? Ambos sidoristas apoyaron una huelga que se realizó en el área de planta de pellas de Sidor. ¿Motivos? Los mismos de siempre, impagos y falta de condiciones laborales por incumplimiento en dotación de equipos e implementos de seguridad, transporte, alimentación, entre otros.
Para los reclamos no hubo respuesta favorable. En cambio, se presionó con estas dos detenciones y días después se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional al lugar de la manifestación. Allí leyeron una boleta de notificación a 22 trabajadores sidoristas.
El documento notificó una medida cautelar innominada en respuesta a un amparo constitucional que introdujo la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como empresa tutelar de Sidor. Tanto Azócar como Romero fueron imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot.
A casi tres meses de estos hechos, Daniel Romero y Leonardo Azócar todavía esperan su audiencia preliminar.
Oficialistas o no
Ambos dirigentes sindicales y políticos vienen de las filas del oficialismo. De hecho, Daniel Romero participó como candidato a la Alcaldía de Sifontes por el PCV, e impugnó los resultados por irregularidades que denunció.
Caso similar pasó con otro dirigente sindical de las filas del oficialismo, como Josué Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb).
Su detención por parte de la Dgcim ocurrió la noche del 7 de julio cuando salió de un evento deportivo, en San Félix. También lo trasladaron a Caracas, pero pasaron días para que su familia y allegados pudieran tener conocimiento y certeza de su lugar de reclusión. Incluso, pidieron fe de vida.
Según Asdrúbal López, miembro de Futseb, se le imputaron delitos de conspiración, tráfico de material estratégico, asociación para delinquir y encubrimiento. Pero no hay claridad del motivo de estas imputaciones, más allá de conocerse que también denunciaba la corrupción en las empresas básicas de Guayana.
Sin debido proceso
El abogado laboral Edwin Sambrano explica que el debido proceso es un conjunto de garantías procesales establecidas en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes “para evitar que el poder del Estado se exprese con abuso o con desviación violando los derechos de los ciudadanos”.
A su juicio, eso es lo que ocurre en el país.
“Después del año 2013 de manera reiterada se vulneran estos derechos, y sustancialmente después que sale Luisa Ortega Díaz. En su periodo, con independencia de lo que la gente políticamente pueda decir, desde el punto de vista jurídico había un mayor respeto de las normas y garantías procesales establecidas”, argumentó Sambrano.
Explica que lo que ha ocurrido con los sidoristas también afecta la libertad sindical.
“La libertad sindical permite a los trabajadores afiliarse al sindicato que consideren y, para ello, tiene que haber libertad para formar sindicatos. Por eso se forman varios sindicatos, pero a esto se le ha llamado paralelismo sindical, como una manera de desvirtuar o de descalificar la organización sindical”.
Dice que el paralelismo sindical es dañino cuando los patronos o el Gobierno “sostienen, promueven, financian, aúpan a una organización sindical determinada utilizando su poder en contra de los trabajadores”.
Así fue como montaron el llamado “control obrero” en Guayana, con la investidura de algunas personas vinculadas con el Gobierno. Esto empezó desde el mandato de Hugo Chávez.
Ley del Odio
A ello se suma la aplicación de una Ley del Odio, que en otras sociedades se emplea para evitar posiciones contra la orientación sexual, racistas y xenófobas, pero en Venezuela se ha usado para perseguir a dirigentes sindicales o políticos.
“No tiene ningún fundamento jurídico ni acorde con la constitución nuestra que tiene un conjunto de derechos relacionados con los derechos de reunión, de asociación, de expresión, de opinión, de información, incluso con los derechos que se tienen acerca de los datos y la información que se debe tener, y tampoco en relación con los principios que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”, añade Sambrano.
Así se castiga a los dirigentes sindicales, se les abre juicios con la finalidad de extinguir o de disuadir a la dirección de los trabajadores”.
Sambrano reitera que hay riesgos para el ejercicio de la función de la libertad sindical.
En 2018, por ejemplo, hubo al menos 15 detenidos de Ferrominera y Venalum en el contexto de protestas laborales por el rechazo a la firma del Memorándum 2792, con el que prácticamente eliminaron las cláusulas económicas de las contrataciones colectivas.
Debido a las formas en cómo se dio la aprehensión de estos dirigentes sindicales, Sambrano sostiene que se trata de una privación ilegítima de libertad.
Ese delito está establecido en el Código Penal y es un delito en el cual incurren las autoridades policiales cuando detienen a una persona sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución”.
Explica que los familiares deben denunciar a los funcionarios ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, formar los expedientes con los indicios y pruebas. “En caso de que las autoridades internas no actúen, someterlo a las autoridades internacionales en esta materia”.
Sin defensa
El derecho a la defensa es principio inviolable, pero –explica el abogado Sambrano– se viola, bajo la excusa de ponerle un defensor público.
“Entonces quedan con privativa de libertad o con una medida sustitutiva, pero sometidos a una libertad condicional de presentación. Esto es utilizado como un instrumento de restricción de la libertad, para impedir la actuación sindical, social o política de las personas que están en esa situación”.
Lea también:
Familiar de sidorista detenido: “No sabemos dónde lo tienen”
Despliegue militar y policial intentó restringir protesta laboral en Sidor
Participa en la conversación