Jorge Millán, diputado de la AN de 2015 y miembro de la delegación opositora en el diálogo, resaltó los “pasos significativos” que se dieron en la negociación hasta el momento y planteó la fecha de finales de 2027 como un deadline propuesto por Estados Unidos y al que esperan llegar en el diálogo.
Caracas. “No basta para sanear a Venezuela unas simples elecciones sin el acompañamiento de las columnas y los pilares que sustentan una democracia”. Bajo esa premisa, el diputado Jorge Millán, integrante de la delegación negociadora de la Asamblea Nacional de 2015, ofreció un balance del estado de las conversaciones tras la conclusión de su tercera ronda.
Millán detalló cómo las mesas técnicas han comenzado a abordar de forma directa la revisión de casos de persecución judicial, el levantamiento de bloqueos a medios de comunicación, la restitución de concesiones radioeléctricas y las reformas normativas necesarias para devolver la autonomía a los partidos políticos y proteger la propiedad privada.
Aunque entiende la urgencia del país por elegir autoridades democráticamente, remarcó en la conversación que “los tiempos con los cuales se ha venido manejando la mesa tienen que ver con esa exigencia de que sea una democracia perdurable la que nazca después de las elecciones”.
La apuesta de la delegación opositora, dijo en entrevista concedida a Crónica Uno, es que las instituciones ya convertidas en “islas pulcras” sostengan y prosigan el trabajo de reinstitucionalización y respeto a los derechos en el país.
“Sí es mucho trabajo, pero también de este proceso deben emerger islas pulcras que puedan asumir la tarea desde adentro, desde el sistema, de ir conduciendo a Venezuela hacia la democracia. La democracia no es simplemente votar; la democracia es el imperio de la ley, la democracia son las garantías políticas”.
En este sentido resaltó los “pasos significativos” que se han dado en la negociación hasta el momento y planteó la fecha de finales de 2027 como un deadline (fecha límite) planteado por Estados Unidos y al que esperan llegar en el diálogo.
Estas son sus respuestas
— ¿Cuál es el balance de estos tres ciclos ya cerrados del diálogo?
— Hemos avanzado en el sistema de justicia, se nombró el comité de postulaciones, el cronograma sigue avanzando y va a ser publicado. Estimamos que para la segunda mitad de diciembre Venezuela tendrá un Tribunal Supremo de Justicia con jueces probos, con jueces idóneos.
En este ciclo ya hemos iniciado el tema de los partidos políticos; se va a hacer una revisión profunda de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de Participación Ciudadana. Eso no es menor cosa, porque no hay democracia sin partidos políticos, y hay que llegar al punto en que los partidos políticos estén dirigidos por sus legítimos conductores, pertenezcan a la expresión política con la cual nacieron.
Damos un paso significativo en el tema de la libertad de expresión. Se mantiene el reclamo, y es importante que la contraparte firme en el acuerdo que va a insistir en que este proceso de desbloqueo sea efectivo y llegue al momento en que no haya más páginas bloqueadas. También entra el tema de las concesiones, es fundamental que quienes ejercen el periodismo puedan tener en el sector radioeléctrico los espacios con la estabilidad necesaria y con la garantía del pluralismo político indispensable para que puedan opinar libremente, sin la coacción de que pueden perder la concesión o de que pueden ser amedrentados.
A lo largo de los ciclos se ha ido avanzando con el tema de algunos periodistas que han sido judicializados, y aspiramos a que desaparezcan no solo los judicializados, sino cientos de comunicadores sociales y opinadores que hoy están fuera del país porque enfrentan formas de coacción que impiden su presencia aquí para desarrollar su vocería plenamente.
Por otra parte, se han incluido garantías políticas, económicas y sociales. En cuanto a las garantías políticas, hay un avance significativo en tanto que se va a revisar de forma profunda leyes como la ley Simón Bolívar, se va a revisar el concepto de terrorismo y los articulados que aparecen en esta normativa que ha sido utilizada para la persecución política. Vamos a trabajar los artículos de la ley de Contraloría referidos a las inhabilitaciones. Hay pasos y hay otros puntos que no se han anunciado en los acuerdos, pero existe el compromiso de trabajar en ellos.
La ley contra el odio tiene que pasar en su momento por la mesa de diálogo. No es posible que una ley con efectos tan negativos sea manejada unilateralmente, salvo que seamos sorprendidos con una reforma que elimine absolutamente todas las restricciones que impiden que los venezolanos tengan garantías políticas plenas. También hay el compromiso de avanzar en la ley de fiscalización en lo que respecta a las ONG, y eso se va a producir a lo largo del entreciclo, que se aspira concluya el 11 de noviembre para dar paso de nuevo a una nueva plenaria.
— Y ahora se sumaron las garantías políticas…
— Sí, hemos abordado el tema de atender las violaciones y restricciones de garantías políticas mediante categorías que nos permitan identificar cuáles son los mecanismos que se están generando, de modo que se puedan acordar medidas para garantizar el fin de dichas categorías. Y no solo el fin de la categoría porque a las personas que han sido víctimas se les resuelva el problema individual, sino para que esto no se pueda repetir.
Hablamos de categorías como inhabilitados, exiliados, presos políticos, personas sin debido proceso, e incluso casos de personas que están libres pero con causas abiertas.
Ahí tenemos que incluir y hacer el diagnóstico; tenemos muchos identificados, pero también un proceso de investigación y consulta con la sociedad y las ONG de derechos humanos sobre los casos que han sido utilizados para evitar el pleno ejercicio de la acción política, ya sea porque se es activista político o porque se trata de un ciudadano que quiere opinar y hubo gente presa por escribir una opinión en WhatsApp. Eso no puede volver a existir. Ese es un avance en este proceso de búsqueda para que los ciudadanos y las instituciones —independientemente del Estado— puedan desarrollarse plenamente.
Se activa una discusión sobre una Defensoría de Garantías Políticas; nosotros hemos trabajado arduamente en el ciclo anterior y ahora en este para que este tema entrara, de modo que sea una institución que pueda velar por que estas prácticas no sigan ocurriendo y sustentar al menos durante la transición la atención de estas situaciones desde la institucionalidad del Estado. Creo que este ciclo arroja avances importantes, y al llegar al tercer ciclo podemos decir que están desplegadas casi todas las columnas de trabajo que soportan un sistema democrático.
Sabemos que estamos pendientes del tema del sistema electoral. Se está trabajando intensamente como delegación en soluciones, pero también entendemos que el proceso tiene un diseño: brindarle a los venezolanos primero los pilares fundamentales para que luego puedan elegir libremente, con plenos derechos y con plenas garantías de que esas autoridades electas van a poder desarrollar su trabajo. Recordemos que la Asamblea Nacional de 2015, que hoy está sentada ahí, fue electa, logramos ser elegidos, pero luego no logramos desarrollar las funciones constitucionales que nos correspondían.
Entonces, no es simplemente ser electo; hay que garantizar que las autoridades que vengan tengan las condiciones necesarias para ejercer su función.
Asimismo, en cuanto a las garantías económicas, hemos discutido la necesidad de que el país revise su modelo económico para garantizar la propiedad privada. Queremos que el inversionista, el empresario y cualquier persona con determinadas capacidades y conocimientos que decida constituirse como empresario individual o en un emprendimiento, tenga las garantías para desarrollar sus proyectos sin ser objeto de coacciones y persecuciones.
Así como existen categorías de personas a quienes se les violan las garantías políticas, hay categorías de personas, empresas e inversionistas que sufren la violación de sus garantías económicas. Hemos indicado que la principal garantía económica que debe tener un país para sus ciudadanos es una moneda sólida, que el Estado no la destruya a partir de sus necesidades de gasto sin menoscabo del derecho que tiene el ciudadano sobre el activo que ha ahorrado con su trabajo y esfuerzo. Cuando se diluye la moneda convirtiéndola en sal y agua —que es lo que ha pasado a los venezolanos— se destruye también su ingreso.
La mayoría de los ciudadanos en una sociedad viven de su salario y del ingreso futuro programado producto de su actividad. Cuando se emite dinero sin ningún respaldo, lo que se hace es tender ese flujo hacia la nada, que es lo que ha venido ocurriendo.
Por eso estamos trabajando también para que haya garantías económicas. La democracia futura requiere de una economía sólida que le garantice al venezolano la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida decente y acceder a niveles de calidad de vida adecuados a los tiempos del mundo actual.
— Entonces hay una larga lista de cosas por hacer, pero ¿hay una especie de cronograma?, ¿se han fijado un lapso en el que la mesa va a funcionar y desarrollar esos temas?
— A medida que van emergiendo nuevas instituciones, esas nuevas instituciones tienen que asumir el trabajo que ha venido haciendo la mesa. Por ejemplo, no es menor cosa lo del Tribunal Supremo de Justicia; si nosotros en diciembre tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, muchas de estas cosas son un trabajo que va a contribuir para que el tribunal pueda atender el llamado de la mesa, en los términos que establecen las leyes, porque nuestro objetivo es que sean autónomos, independientes e idóneos, pero hay categorías que el tribunal tiene que atender desde el punto de vista de la justicia.
El sistema de justicia tiene que ser desmontado. Por eso proponemos instituciones como la Defensoría que asumirá el trabajo de también garantizar estos procesos. Entonces, nosotros entendemos que es mucho trabajo, pero también estamos desplegando un proceso en el área electoral cuando venga ese tema.
— Según su respuesta, hay algunos acuerdos que ustedes deciden no hacer públicos, pero que son muy particulares, muy específicos. Sin embargo, algunos medios internacionales sostienen que el tercer ciclo de diálogo cerró sin acuerdos concretos, ¿cree que es así?
— Hay acuerdos concretos, porque vamos a designar el comité de postulaciones. Hay una instancia que ya está trabajando en la lista de presos políticos desde la mesa. Eso no había ocurrido; nosotros veníamos trabajando con los Estados Unidos para la liberación de los presos, la estrategia no era entrar en lo individual, y tampoco vamos a trabajar desde lo individual, pero ya estamos trabajando con una lista de nombres, lo que no habíamos hecho directamente. Eso es desde este tercer ciclo.
Adicionalmente a eso, vamos a trabajar leyes, porque ya el acordar que hay un problema con la ley de contraloría, así no se haya modificado el artículo, y que haya la voluntad de las partes para corregir ese problema, es un gran acuerdo, porque cuando entre la modificación de la ley, siendo una acción contra el ciudadano, ese cambio sí es retroactivo. Entonces, vamos a tener una cantidad de actores políticos que pasan a estar habilitados.
Hay unos acuerdos que son concretos, la voluntad de que haya la revisión de las concesiones, y eso se va a ver en días, porque una cosa es el anuncio y otra cosa es el compromiso de cómo se va a implementar este proceso.
Nosotros deberíamos tener pronto ya anuncios para regularizar concesiones de medios de comunicación; ese es el acuerdo que tenemos. Pero, por supuesto, como hay unos procedimientos, nosotros no podíamos anunciar y decir «bueno, se ha dado la concesión de tal medio ya», pero eso está acordado y es significativo.
El que estemos discutiendo categorías de personas restringidas y hay un reconocimiento a la otra parte de que hay unos déficits democráticos y que esos déficits democráticos deben ser corregidos integralmente, no a destajo (…) son avances concretos y significativos.
— Muchos dentro de la delegación admiten que ha sido una discusión compleja, pero ¿qué ha sido lo más difícil en las discusiones que se han dado en estos tres ciclos?
— Lo difícil es reconocer el problema a veces, porque después que reconoces el problema es más fácil buscar la solución. O sea, reconocer que hay presos políticos y que hay que resolverlos; reconocer que hay inhabilitados y que esa práctica no está bien y que no se puede resolver por parciales o a un grupo, sino por la vía de la reforma de la ley orgánica. Reconocer que hay problemas con los partidos políticos y que eso se puede resolver en inicio, como parte inicial del proceso, con una reforma profunda de la ley de partidos políticos y con pasos sucesivos. Eso es difícil.
Para nosotros no, porque es tan claro como el agua; para nosotros son el deber ser y eso lo hemos discutido. Esto no es un tema transaccional; esto es poner a Venezuela en el deber ser. No debe haber violaciones de garantías políticas, debe haber libertad de expresión, debe haber un sistema de justicia idóneo. Son principios categóricos que deberían estar vigentes.
Pero ya el simple convencimiento y la voluntad de trabajo es un gran avance. Eso no quiere decir que es un logro final, pero es un avance, porque ya se abre la puerta y hay una discusión.
Creo que este tipo de cosas son las más complejas. Después de identificado el problema, manifestada la voluntad de resolverlo y escogido un camino, creo que las cosas se facilitan, porque ya es un tema de a qué velocidad quieres ir tú y a qué velocidad quiero ir yo. Normalmente nosotros queremos ir más rápido, ellos pueden querer ir más lento, pero ya es un tema de velocidades y no de cuál es el problema.
— Y sobre las peticiones de las partes, ¿qué les han pedido a cambio cuando ponen sobre la mesa alguna cosa? Por ejemplo, hemos visto que a Jorge Rodríguez le levantaron las sanciones que pesaban en su contra. ¿Esas son cosas que se han manejado en la mesa?
— No, eso no ha estado sobre la mesa. Pero lo que sí ha estado sobre la mesa y que nosotros entendemos que hay que acompañarlo es que el Gobierno necesita recursos para atender las víctimas del terremoto. Creo que este es un gobierno que anda sin recursos y que por dos vías ellos requieren de eso. La primera, en un proceso de búsqueda de ida hacia una democracia plena que implica elecciones —y ellos saben que eso es indetenible y eso va a ocurrir—, creo que ellos quieren tener alguna capacidad de gestión que les permita poder vender o poner al país esa capacidad de gestión como muestra para que consideren su opción política de mejor manera.
Para nosotros, nuestro asunto es que las víctimas deben ser resueltas, y siempre y cuando sean transparentes los procesos y los programas sean pulcros, nosotros no tenemos por qué dejar de acompañar algo que vaya a ser en beneficio del país por un mero cálculo electoral.
Pero esa es una de las peticiones: ellos sienten que las pocas capacidades de gestión están asociadas a las sanciones. Nosotros creemos que eso no es así; nosotros creemos que ha sido el modelo económico, errores económicos garrafales, controles de cambio que hicieron que el país destruyera su moneda a costilla de la destrucción de la capacidad productiva nacional y el beneficio de unos pocos a los que les asignaban esos dólares.
— ¿Y hay en agenda la discusión de temas como una nueva fiscalía, una nueva defensoría?
— Nosotros tenemos en nuestra agenda todo lo que es la reconstrucción de las instituciones, para que sean instituciones que garanticen el pleno derecho. Por ahora estamos con el Tribunal Supremo de Justicia y estamos construyendo esta nueva instancia que va a ser la Defensoría de Garantías Políticas. Nosotros creemos que la autonomía del Banco Central de Venezuela, que un fiscal general y una Defensoría también imparcial son necesarias.
Pero bueno, son muchas tareas, hay que concentrarse en algunos pilares más importantes y a medida que se va avanzando se va anunciando. Y al final del día este proceso está ocurriendo porque hubo un 3 de enero. La facilitación de los Estados Unidos es fundamental, por lo cual sería inocente creer que la opinión de los Estados Unidos en el desarrollo de este proceso no es significativa. Y los Estados Unidos han escogido un proceso donde no importa la velocidad, siempre y cuando genere instituciones sólidas para que no haya una regresión.
Con esto no digo que es infinita esa velocidad. Lo aclaraba Dinorah, en su conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio él decía “a lo más Venezuela debería tener elecciones a final del año que viene”. Entonces bueno, eso es un deadline.
— Tengo que preguntarle sobre esa fecha de las elecciones que planteó la diputada Dinorah Figuera; ella hablaba de finales de 2027. ¿Esa es una fecha sobre la que ustedes están trabajando?
— Ella lo aclaró, es una posición individual de ella que lo dijo y tiene que ver con la conversación con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que le dijo que para esa fecha ya debería haber elecciones. Entonces, yo creo que lo que ella quería decir, sin querer ser intérprete de nadie, es que para esa fecha, como máximo, ya Venezuela tendrá elecciones. Pero la delegación en conjunto, incluida ella, está trabajando para que ese proceso sea lo más rápido posible.
No nos gusta dar fechas; no lo hicimos con el TSJ hasta que el proceso de negociación estaba lo suficientemente sólido como para poder decir, y nosotros ya estamos anunciando que en la segunda semana de diciembre deberíamos tener TSJ. Eso va a ocurrir con lo electoral en su momento, pero nosotros no queremos perjudicar el proceso de logro de las elecciones y de la fecha poniendo fechas ya unilateralmente. En el ciclo pasado, Jorge Rodríguez habló del 2031, que para nosotros es inaceptable. Nosotros queremos que sea lo más pronto posible.
— ¿Pero lo electoral se va a empezar a discutir este año, al menos?
— Yo estoy convencido de que sí.
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