Ciudadanos analizaron la gran corrupción y debatieron ideas para combatir ese delito. La nutricionista Susana Rafalli explicó que en contextos de crisis humanitaria la corrupción encuentra un nicho para reproducirse.
Caracas. La Coalición Anticorrupción impulsada por la ONG Transparencia Venezuela reunió en Caracas a más de 300 personas procedentes de distintas ciudades del país y las más diversas profesiones en el foro “Lucha contra el crimen organizado y la corrupción”.
El jueves 12 de marzo, primer día del evento de dos días, se centró en el análisis, comprensión y propuestas para enfrentar la denominada “gran corrupción”, que es aquella forma de corrupción que involucra a los más altos funcionarios del Estado.
Este delito implica la malversación de inmensas sumas de dinero, promueve y necesita de la conformación de redes delictivas transnacionales para el blanqueo de fondos, se afianza con la institucionalización de la impunidad y afecta de manera directa e indirecta los derechos humanos de miles e incluso millones de personas.
Dos ejemplos de los efectos en la población venezolana por la existencia de gran corrupción son la crisis eléctrica, sector para el cual se han invertido cientos de miles de millones de dólares desde el año 2007 y al día de hoy la mayoría de los estados no cuenta con un servicio estable; y la crisis de infraestructura y servicios públicos, teniendo la malversación de fondos a través de la empresa Odebrecht como uno de los principales focos de despilfarro de dinero público.
Corrupción y crisis humanitaria
Bajo ese marco conceptual se presentó el panel “Efectos de la corrupción en Venezuela para 2020”, con la participación del empresario Aurelio Concheso, la economista Tamara Herrera, la nutricionista Susana Rafalli y la defensora de los derechos de la mujer, Yolima Arellano.
Susana Rafalli centró su exposición en los riesgos de corrupción en situaciones de emergencia humanitaria como la que atraviesa Venezuela en la actualidad. Dijo que mundialmente los momentos críticos generan relaciones de poder entre los que pueden ayudar y los que necesitan la ayuda, que se prestan para “mucha corrupción aupada por el sentido de urgencia, el caos, la desigualdad entre los que tienen la ayuda y los que no y la necesidad extrema”.
La corrupción en el contexto humanitario se da cuando quien controla la ayuda la distribuye con fines distintos a la atención de la emergencia”, acotó.
Explicó que los riesgos de que ocurran hechos de corrupción en estos contextos aumenta cuando “hay crisis política o bélica, hay un Estado frágil, en países donde ya la corrupción era una práctica previa a la crisis, cuando no se confía en el sistema humanitario, cuando la ayuda es de gran valor monetario o simbólico, cuando la sociedad civil es débil, cuando existe manipulación política, cuando se registra un hostigamiento del Estado contra las ONG y los medios tienen poca capacidad para hacer escrutinio”.
Rafalli recordó que el principal caso de corrupción en materia de ayuda humanitaria en el mundo fue el relacionado con el programa de Petróleo por Alimentos de la ONU, implementado en diciembre de 1996 para ayudar a la población de Irak a acceder a comida y medicinas a cambio de crudo. En 2005 una investigación reveló que el programa suministró alimentos inadecuados para el consumo humano porque eran más económicos, además de la existencia de otorgamiento de contratos de forma discriminatoria, entre otros delitos.
Aunque para el momento de la ponencia de Rafalli aún no se habían confirmado los dos primeros casos de COVID-19 en Venezuela, la rápida expansión global de la enfermedad y el caos que ha generado en algunas sociedades, permiten vaticinar que el manejo de esta pandemia requerirá grandes esfuerzos de los Estados y del sistema de Naciones Unidas, para frenar focos de corrupción.
La corrupción en Venezuela
A juicio de Concheso, las causas de la corrupción en Venezuela son tres: la manipulación monetaria, referida a la aplicación de controles cambiarios prácticamente sostenidos desde 1983; los controles de precios, que obligan a los productores a vender a precios fijados por el Estado; y los subsidios perversos, que implican aplicación de programas de ayuda de forma tan desordenada que terminan beneficiando a quienes menos los necesitan.
Concheso dijo que 25 de los últimos 37 años Venezuela ha estado bajo control cambiario. Acotó que de acuerdo con la teoría, ese tipo de medida se diseña y aplica de manera temporal porque es proclive a generar corrupción. “Lo que ha pasado aquí una y otra vez es que para tratar de hacer competitiva la industria interna, se aplican controles de cambio una y otra vez, se mantienen por mucho tiempo y a la larga termina generando una burbuja financiera que se traduce, entre otros efectos, en inflación”, dijo.
Tamara Herrera, por su parte, se refirió al intervencionismo estatal como “una de las múltiples fuentes de corrupción”. A su juicio, en la Venezuela actual, no hay prácticamente ningún espacio que no haya sido tocado por la corrupción.
Venezuela tiene todos los números de la corrupción comprados: tenemos una cultura intervencionista, tenemos controles de cambio y de precios, tenemos voracidad fiscal, exceso de trámites, una filosofía de no rendición de cuentas y cuando se hace es verbal y con fines propagandísticos. Todos son elementos que ponen en bandeja la corrupción”, afirmó Herrera.
Mesas de trabajo
En la primera jornada se instalaron tres mesas de trabajo: Periodismo y Coalición Anticorrupción, que fue moderada por el periodista Alonso Moleiro con la participación de comunicadores sociales de diversas partes de Venezuela, comprometidos con la denuncia y la sensibilización en la población sobre los efectos de la corrupción.
La mesa número 2, Escenario Electoral 2020, moderada por Deborah Van Berkel, contó con la participación del diputado Stalin González, integrante del Comité de Postulaciones Electorales; Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la extinta Mesa de la Unidad Democrática y Félix Seijas, director de la firma Delphos. Seijas admitió que la percepción de corrupción del sistema electoral y de los actores que representan al sistema electoral es uno de los principales inhibidores de la intención de voto en la actualidad. González indicó que la lucha por las condiciones que restituyan esa confianza ha sido el eje del trabajo de la oposición en los últimos dos años e insistió en que ello pasa en principio por la designación de los rectores del CNE en la Asamblea Nacional.
Y la mesa de trabajo número 3, ¿Cómo nos preparamos para un país transparente?, fue moderada por Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, con la participación de Miguel Mónaco de la UCAB y Ramiro Orias de Due Process of Law Foundation. En esta mesa, los ciudadanos ofrecieron propuestas para enfrentar el delito de la corrupción desde las primeras etapas de la educación, hasta la necesidad de un sistema de contraloría y de justicia que erradique la impunidad.
En el segundo día del encuentro, el viernes 13 de marzo se analizó el entramado de la corrupción y el crimen organizado en Venezuela a partir de diversas investigaciones realizadas por el equipo de Transparencia Venezuela. Se debatió sobre gobierno abierto, servicios públicos, la transparencia en el gobierno interino que actualmente encabeza Juan Guaidó y contraloría y nepotismo.
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