Casi 9.000 venezolanos aportaron información a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones y respaldaron que el fiscal Karim Khan prosiga sus investigaciones sobre lo ocurrido en el país.
Caracas. “La justicia en Venezuela actualmente no existe” o “no hay garantía de que los hechos denunciados se investiguen con imparcialidad, ya que Venezuela carece de un sistema judicial independiente”. Estas son algunas de las casi 9.000 razones que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país dieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que conozca sus casos.
Las declaraciones figuran en el informe que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones del juzgado (VPRS, por sus siglas en inglés) publicó este viernes, 21 de abril, y en el cual se hace una compilación de la información contenida en los 1.824 cuestionarios que recibió de presuntos torturados, detenidos arbitrarios e ilegales y perseguidos políticos, así como de sus familiares.
El organismo con sede en La Haya, Países Bajos, llamó a los venezolanos que se consideraban víctimas de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país para que le informaran sobre los hechos. Asimismo, el juzgado solicitó a los venezolanos le expusieran si consideraban que las autoridades nacionales habían investigado los sucesos en los que resultaron afectados o si, por el contrario, creían que era necesario que se permitiera al fiscal británico Karim Khan reanudar sus pesquisas para esclarecer lo ocurrido e identificar y sentar en el banquillo de los acusados a los responsables.
CPI sin dudas
La respuesta a esta última pregunta fue clara y fuerte. “Las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del Fiscal de la CPI”, cierra el reporte de 57 páginas de extensión.
La justicia venezolana no goza de buena reputación, dentro y fuera del país. En 2022 la justicia penal volvió a quedar en el último lugar en la evaluación que hace la organización World Justice Project, en buena medida por la falta de independencia de los jueces y fiscales.
Más del 80% de los jueces y casi la totalidad de los fiscales son provisorios. Es decir, no se hicieron con sus cargos mediante los concursos de oposición previstos en la Constitución, sino que los designaron integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y el Fiscal General y se pueden remover sin procedimiento previo. Una situación que los hace susceptibles a presiones políticas
Testimonios estremecedores
El número de venezolanos que atendieron el llamado de la CPI fue de tal magnitud que convierte al caso venezolano en el segundo con mayor participación de las víctimas, solo superado por el de Afganistán. El caso de Afganistán abarca los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses que invadieron el país centroasiático y por las distintas facciones étnicas que estuvieron combatiéndolas.
En el informe, la Sección presentó una selección de estremecedores testimonios que revelan la gravedad de lo ocurrido en el país.
“Mi hijo fue asesinado en el marco de una manifestación pacífica, producto del exceso de represión por parte de la policía”, expuso una madre, quien agregó “como los consideraban opositores y en consecuencia enemigos le dispararon. Mi hijo recibió un disparo en la espalda. Además, la oficina del gobernador ordenó a la clínica no atender a ninguna persona herida en la manifestación, en lo que resultó en la muerte de mi hijo. La Fiscalía no ha investigado el caso como parte de una política de Estado, por el contrario, trató de minimizar la gravedad (del crimen) al retratarlo como un hecho aislado, que no corresponde a la realidad”, de acuerdo con uno de los testimonios.
“(A la víctima) la secuestró un gran número de funcionarios del SEBIN quienes le amarraron las manos y pies (…) lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo a donde fue torturado durante 24 días”, narró un el representante un presunto torturado.
“Las torturas eran literalmente macabras, le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; lo asfixiaron por cubriendo su cabeza con bolsas de plástico que contenía insecticidas, lo que dañó significativamente sus pulmones. Le aplicaron descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; golpearon todo su cuerpo con toallas mojadas y lo hacían bañarse a todas horas en orines y excrementos”, relató el defensor.
Omisiones de Estado
En el reporte también relatos sobre detenciones arbitrarias y sobre la inacción de la justicia.
“A mi esposo lo detuvieron sin orden judicial y lo encerraron en un calabozo en condiciones inhumanas de detención, sin acceso a alimentos y sin derecho a hablar con un abogado o a su familia. Lo trasladaron a (una prisión) y cinco meses después tuvo la audiencia preliminar. No podía permitirse pagar la exorbitante cantidad de dólares que pedía el juez, por lo que lo echaron de nuevo en el calabozo. (Él murió de hambre y tuberculosis en la celda) en 2019, un año después de haber sido detenido ilegalmente”, denunció una mujer.
Ahora la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado deberá decidir si autoriza a Khan para retomar sus averiguaciones y para ello tomará en consideración lo expuesto por el jurista británico, por las víctimas y también por las autoridades venezolanas. Una decisión para la que no hay un lapso definido.
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