En solo un día la Sala de Casación Penal solicitó a Colombia y Honduras la entrega de dos presuntos miembros de la organización que operaba en la Cota 905 y a los cuales el Ministerio Público desea procesar por delitos como extorsión, secuestro y terrorismo
Caracas. La operación en la que fue abatido Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, el 8 de febrero de 2022 sólo fue una batalla en la guerra que las autoridades han declarado contra la megabanda que lideraba. Las autoridades ahora han fijado su mira en alrededor de 40 miembros de la organización que lograron salir del país.
Y prueba de ello es que en un solo día el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó pedir a Colombia y Honduras la entrega de dos integrantes de la organización criminal que tenía como base de operaciones a la capitalina barriada de la Cota 905.
En sus sentencias número 444 y 451, dictadas el pasado 16 de noviembre, la Sala de Casación Penal “procedentes” las solicitudes de extradición que el Ministerio Público formuló contra Alonso José Ortega Larosa, alias “El Balón” y Luis Janfre Guerrero Uztariz, alias “El Janfre”.
El máximo juzgado consideró que las peticiones se ajustaron a la ley, por cuanto los delitos de los que los señalan los solicitados no son políticos, no han prescrito y de paso están previstos en la legislación de los países donde se encuentran.
El despacho dirigido por el fiscal impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, desea procesar a los dos hombres por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo y asociación agravada.
Desde 2021 la justicia venezolana ha tomado acciones contra ellos, tales como órdenes de captura nacional e internacional y su inclusión en la lista de buscados de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Garantías de debido proceso
En los fallos redactados por los magistrados Carmen Marisela Castro Gilly y Maikel Moreno Pérez, el máximo juzgado asumió con sus pares colombianos y hondureños el compromiso de ofrecerles a Ortega Larosa y Guerrero Uztariz un proceso con todas las garantías judiciales.
Así, el TSJ aseguró que el eventual juicio contra los sujetos respetará el derecho al debido proceso, conforme al cual a los solicitados se les “garantizará el derecho a la defensa; al principio de no discriminación; a la prohibición de la desaparición forzada de personas; al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Por lo tanto (…) se les tratará con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado en caso de que resulte(n) condenado(s); al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley”.
En el documento, el máximo tribunal también establece que “tras prometer que velará por los derechos a la vida y salud de los solicitados, el máximo juzgado aseveró que se les respetarán a ambos sujetos “todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, los requerido(s) no se condenarán a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años”.
Detenciones
El Ministerio Público solicitó las extradiciones luego de enterarse de que aprehendieron a Ortega Larosa y Guerrero Uztariz en Medellín y Danlí, respectivamente.
Las capturas de alias “El Balón” y de “El Janfre” se produjeron casi simultáneamente. El 3 de octubre aprehendieron al primero y menos de siete días después se registró la detención del segundo en una localidad fronteriza con Nicaragua, informaron las autoridades policiales hondureñas.
Las solicitudes de extradición contra los dos sujetos se suman a otra que en diciembre pasado ya formuló el TSJ a España y la cual iba dirigida a conseguir la entrega de Anyeli Katherine Díaz Da Silva, conocida como “la Barbie”.
Contra otras organizaciones
Pero las acciones de las autoridades no sólo están enfocadas contra los miembros de la banda de “El Koki”, sino también en contra de los integrantes de otras organizaciones criminales que se han logrado salir del país.
Así el pasado 27 de octubre la Sala de Casación Penal avaló la solicitud que el Ministerio Público le hiciera para solicitar a Argentina la entrega de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alías “El YiYi Boscán”, a quien acusa de extorsionar a empresarios y ganaderos del estado Zulia.
En la sentencia número 364, el TSJ declaró con lugar la extradición del hombre, a quien a principios de octubre aprehendió la policía en la provincia de Corrientes.
Pese a encontrarse fuera del país Boscán continuaría liderando un grupo criminal que exigía a los empresarios del municipio La Cañada de Urdaneta elevadas sumas en dólares, so pena de atentar contra ellos, sus familiares o propiedades.
Las autoridades le habían perdido la pista al sujeto en 2021. En los últimos años organizaciones criminales venezolanas han extendido sus tentáculos hacia otros países, donde han perpetrado cruentos crímenes y llamado la atención de las autoridades. “El Tren de Aragua” es una de esas bandas que se han internacionalizado.
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