La entrega irregular de las bolsas Clap golpea a familias de zonas populares del este y oeste de Caracas, que denuncian demoras de hasta tres meses, baja calidad y exigencias políticas. Aunque, para muchos, representan un alivio en medio de la crisis, la inflación y los abusos reducen su impacto en la seguridad alimentaria.
Caracas. La espera por las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) se ha vuelto una constante para muchos hogares de la Gran Caracas. En El Chorrito 2, parroquia La Dolorita, los vecinos cuentan que pagan por las bolsas y, sin embargo, pasan semanas sin recibirlas.
En otros lugares, más al oeste de la ciudad —como Lomas de Oro, Catia y La Vega—, los residentes enfrentan no solo irregularidades en la entrega, sino también productos incompletos y de menor calidad.
Además, deben cumplir exigencias políticas para mantener el acceso al beneficio estatal, creado para distribuir alimentos a sectores vulnerables y coordinado con consejos comunales y estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los retrasos en la entrega y la baja calidad de los productos afectan directamente a las familias que dependen de este programa para cubrir sus necesidades de alimentación más básicas.
“Siempre son excusas. Que si el transporte, que si somos muchas comunas, que no logran cubrir todas las familias beneficiadas”, dice a Crónica Uno Juan*, vecino de la localidad, sobre las explicaciones del consejo comunal.
En algunas zonas la entrega puede hacerse cada mes. Pero en otras, los vecinos deben esperar hasta tres meses, un periodo que para las familias se convierte en una eternidad.
Retrasos que golpean la canasta familiar
En barrios como El Chorrito 2, los vecinos aseguran que, aunque pagaron 110,00 bolívares —equivalentes a menos de 1 dólar al tipo de cambio oficial— por la bolsa del Clap hace más de dos meses, esta aún no ha sido entregada. Los jefes de calle —vecinos designados para organizar la distribución en cada sector— no ofrecen fechas claras ni explicaciones convincentes sobre los retrasos.
Los CLAP fueron lanzados en 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro como una medida para enfrentar la escasez de productos básicos y la inflación. La iniciativa busca garantizar el acceso a alimentos mediante una red de distribución casa por casa.
La crisis de abastecimiento se agravó desde 2014, cuando la escasez de alimentos superó el 80 % en productos de la canasta básica. Según cifras oficiales, desde entonces, el programa ha atendido a 7.500.000 de familias —aproximadamente dos tercios de la población del país—.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas‑FVM) informó que la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) —que mide el costo mensual de los alimentos básicos para una familia de cinco personas— hasta abril de 2025 costó 503,73 dólares, lo que equivale a una cantidad de salarios mínimos inalcanzable para la mayoría de los hogares.
Ese dato es el último disponible en la página de Cendas‑FVM, debido a que la medición se suspendió por el auge de la persecución oficial.
La inflación acumulada de los alimentos durante los primeros cuatro meses de 2025 fue de 65,36 %, lo que implica un aumento superior a la mitad en apenas cuatro meses. Mientras tanto, la inflación anualizada entre abril de 2024 y abril de 2025 alcanzó el 109,9 %, es decir, los precios se duplicaron en un año.
Dependencia en medio de la crisis
Milagros, jubilada del Ministerio de Educación, reconoce que, para su familia, la bolsa de alimentos es un salvavidas en medio de la crisis económica de su hogar. Su pensión —que equivale a menos de 1 dólar mensual al cambio oficial— apenas le alcanza para subsistir, y se complementa con dos bolsas que recibe por su condición de alta vulnerabilidad.
“Me entregan dos bolsas porque soy de la tercera edad y por mi situación económica. No es mucho lo que trae la bolsa, pero con eso nos ayudamos bastante. El problema es que desde hace dos meses no nos llega”,
cuenta la mujer de 72 años, habitante de La Dolorita.
La fragilidad del hogar de Milagros aumentó hace un año, cuando asesinaron a su hijo. Desde entonces, ella y su hija están a cargo de cinco nietos. Pero el sueldo de su hija como camarera —un oficio común en la economía informal venezolana, sin seguridad social ni estabilidad laboral— no alcanza para cubrir la canasta básica, cuyo costo requiere más de 300 salarios mínimos, de acuerdo con la última medición del Cendas‑FVM.
En su nevera, además de la bolsa que aún espera, apenas entran sardinas en lata, picadillo de pollo y, sobre todo, carbohidratos —fuentes de energía baratas pero con bajo aporte nutricional—.
Política y productos: un binomio controvertido
En abril de 2025, el Ministerio de Alimentación (Minal) informó que las bolsas serían de origen nacional. Esta medida, según el Ejecutivo, busca fortalecer la soberanía alimentaria —dependencia reducida de importaciones y mayor producción interna—.
Aun así, la inflación y los retrasos hacen que la ayuda pierda fuerza. Los precios suben con rapidez y la entrega de los Clap sigue siendo irregular.
Sin embargo, desde julio de este año los retrasos se han acentuado. En varias comunidades la bolsa no llega con la frecuencia prometida y, en muchos casos, contiene productos de baja calidad.
La inconformidad también se expresa en Lomas de Oro, parroquia El Junquito, donde los vecinos recibieron menos productos, de inferior calidad y a un precio mayor que el del mes anterior.
“Pagamos 75,00 bolívares, pero nos obligan a pagar una colaboración para la casa comunal de $1. Esa bolsa cada vez sirve menos porque no siempre trae buenos productos y si los trae se los sacan antes de repartir”, lamenta otra vecina.
Además del aumento de precio y la reducción de calidad, los residentes denuncian que deben asistir a actividades políticas asociadas al chavismo para no perder el beneficio. Esta queja también se ha vuelto recurrente en distintas comunidades.
Un mes sin entrega
Isidra*, habitante de Catia, recibe el Clap desde hace ocho. Su experiencia muestra el deterioro en calidad y frecuencia. “Al principio, nos entregaban la bolsa en un punto cercano y teníamos la opción de comprar pollo y carne. Después eso cambió y nos entregaban la bolsa sola”.
La pandemia marcó otro quiebre: la entrega se volvió mensual. Hoy, la situación empeoró. Han pasado hasta tres meses sin recibirlas y, las ultimas que llegaron, contenían menos artículos.
“La bolsa antes traía hasta cuatro harinas y cuatro arroz, ahora se ha reducido a dos o tres artículos. Uno se conforma porque es una ayuda, pero la cosa está difícil. Si dependiera solo del Clap, me hubiese muerto de hambre”, admite.
Isidra, quien es jubilada, sobrevive con su pensión y los bonos del gobierno, en especial el de “guerra económica”. Con ese dinero que compra proteínas y otros alimentos que no llegan en la bolsa.
“En una institución donde trabajé 30 años me dan una caja de vez en cuando con algunos alimentos. Así complemento para poder comer”,
explica.
¿Y la seguridad alimentaria?
Para algunos, la salida ante la mala calidad ha sido el trueque. Andrea*, vecina de La Vega, separa desde hace tres años los productos que considera malos para cambiarlos por hortalizas en un camión que recorre la zona, una práctica común de intercambio directo, sin dinero, para maximizar los beneficios de la bolsa.
“Yo cambio casi todo lo que está llegando en esa bolsa. Solo nos quedamos con la leche y unas latas de sardinas que no siempre llegan”, subraya.
En Lomas de Oro, Dayana* aplica la misma estrategia. Cuando escucha el grito de “se cambian productos del Clap”, sale a intercambiar lo que no quiere. Canjea arvejas, mortadela enlatada, arroz y pasta por cloro, jabón o desinfectante.
Afirma que así le saca más provecho a la bolsa. Solo usa la pasta de vez en cuando, aunque llega en malas condiciones: bolsas rotas o productos mezclados.
Desde su creación, el Clap ha estado en el centro de denuncias por sobreprecios, alimentos descompuestos o vencidos y presuntos hechos de corrupción.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha documentado la evolución del plan. Sus informes señalan que, lejos de ser un paliativo, ha alimentado una red de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel.
Aunque Provea reconoce que para muchas familias es la única manera de conseguir alimentos, enfatiza en que la entrega no es periódica y que la calidad nutricional de los productos es deficiente. Esto agrava la inseguridad alimentaria y la desnutrición, especialmente en niños y adultos mayores.
El Clap se mantiene como un componente central en la política alimentaria del chavismo, pero su funcionamiento evidencia la complejidad de garantizar acceso equitativo a alimentos en un contexto de alta inflación y limitaciones estructurales.
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