En Venezuela no se conceden patentes desde hace 15 años. Advierten expertos que los funcionarios del Sapi violan los derechos humanos al no garantizar y proteger la propiedad intelectual, entre otras cosas, por guardar silencio administrativo ante las solicitudes de revisión de casos.

Caracas. La propiedad intelectual es una garantía que se vulnera en el país. Ante esta situación, un grupo de expertos en la materia hacen un llamado para que se garantice este derecho humano  consagrado en la Constitución. Además, exhortan al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Sapi, a garantizar y proteger este derecho fundamental.

El foro «El reto de la propiedad intelectual como un derecho humano. Situación en el Siglo XXI», Franklin Hoet preguntó: ¿Están sujetos a sanciones los funcionarios del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual por violaciones de los derechos humanos?

La respuesta evidente es sí. El abogado afirmó: “El Sapi debe reconocer y proteger este derecho y no negarse a conceder las patentes. Si los crímenes de lesa humanidad como es la violación de los derechos son imprescriptibles, la gente que está en el Sapi que está violando los derechos de propiedad intelectual, porque los niega y los rechaza, ¿ha cometido crímenes de violación de los derechos humanos? Y si eso es imprescriptible, en consecuencia, tarde o temprano será juzgada por violación de derechos humanos”.

Hoet identifica esas violaciones en la negativa de otorgar patentes, que a los titulares extranjeros de solicitudes se les imponga el pago de tasas en dólares o Petro, cuando la única moneda de curso legal es el bolívar.

Destacó que en Venezuela el daño se les hace a los investigadores.

Rescata el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, cuyo fallo del 16 de julio de este año, determina que es ilegal el cobro de los derechos de propiedad intelectual en Petro.

En este sentido, aclaró que, si bien el Ejecutivo no tomará en cuenta este fallo al igual que hace con las sentencias de La Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero la divulgación de los argumentos jurídicos del TSJ en el exilio hace que se perciba la propiedad intelectual como un derecho fundamental.

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Apuntó que se ha buscado “justicia afuera” porque si no los derechos de propiedad intelectual van a desaparecer.

Comentó que el mundo de las innovaciones avanza muy rápido y llamó a reflexionar sobre cómo impactarán los blockchaims, registros digitales, y la digitalización a los negocios y bufetes de abogados.

Hace esta sugerencia pese a que considera que: “Venezuela nos cerró las puertas de la tecnología. No están llevando al pasado”.

Llamó a los líderes a dar un paso hacia adelante en defensa de estos derechos y criticó que en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley de Propiedad Industrial se haga “en secreto”.

La exmagistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, explicó en el foro organizado por el bufete Hoet, Peláez, Castillo y Duque, que el Sapi como administrador cultural público debe garantizar la protección y preservación de estos derechos y, además restaurarlos como un patrimonio cultural “tangible y de la memoria histórica de la nación”.

Sin patentes

Fernando Peláez Pier, abogado, manifestó que a partir de 2008 hubo un descenso en la protección de los derechos de propiedad intelectual debido a la decisión gubernamental de no acatar las normas de la Comunidad Andina de Naciones, organismo del que Venezuela se retiró en 2006 y además cuando establece un cobro excesivo de aranceles para las solicitudes de marcas y patentes.

Peláez destacó que desde hace 15 años no se han concedido patentes en el país y que solo se mantienen solicitudes, fundamentalmente, en las áreas energética y farmacéutica.

Hizo un llamado a hacer un frente común para llevar la voz del sector a los organismos gubernamentales y dejar constancia de las violaciones.

Carlos Pacheco, ingeniero y ex director de patentes del Sapi, expuso un panorama nada alentador. Coincidió en señalar que en el país desde hace tiempo no se reconocen los derechos de los inventores. Y también, marca como fecha hito en el declive de la propiedad intelectual 2008 cuando se abandonan las normas de la Comunidad Andina de Naciones y el regresó a la Ley de Propiedad Intelectual de 1955.

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Pacheco detalló que con ello desapareció la modalidad de protección de las invenciones por modelo de utilidad y hoy no es posible proteger variedades de vegetales ni esquemas trazados por circuitos integrados, entre otros.

De acuerdo con su opinión la meta del Sapi es negar las patentes. La afirmación la acompaña con datos estadísticos. Entre 2007 y 2017 se presentaron 16.755 solicitudes de patentes, de ellas 97,42% correspondían a titulares extranjeros y 2,58% a venezolanos. En ese periodo el número de solicitudes disminuyó 83,45%. Mientras que, en el mundo, las solicitudes aumentaron 5,8% aproximadamente 3,17 millones.

Otro indicador que mostró fue que entre 2007 y 2017 se presentaron 2.270 solicitudes de modelo industrial, de las cuales 87,07% corresponden a extranjeros y 14,93% a nacionales.

Describe que el problema es tan grave que cuando se concede una patente ya no tienen valor y que la mayoría de las solicitudes han sido abandonadas. “No es posible que una solicitud tarde 10 años en ser considerada”.

Solicitó modificar la Ley de Propiedad Intelectual y a que el Sapi se transforme en una nueva institución en la que no se violen los derechos y más bien, se protejan los aportes tecnológicos a de los emprendedores o pequeños o medianos industriales.

Hacer justicia
Ana Hernández, segunda vicepresidente del Colegio Venezolano de Agentes de Propiedad Intelectual, Covapi, reveló que hay un cúmulo de casos sin decidir que abarca entre 10 y 15 años. “Hay una mora fuerte con los usuarios en la obtención de sus derechos”.

Este cúmulo lo representan más de 24.000 casos por decidir. Esta situación obligó a ir a la vía judicial y algunos casos han sido resueltos, pero el Sapi se muestra contumaz por cuanto no cumple el mandato judicial.

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Sin embargo, se creó un precedente por cuanto el TSJ sentenció que todas aquellas solicitudes de patente industrial hechas con las normas de la Comunidad Andina de Naciones deben ser resueltas bajo estas regulaciones.

Matías Pérez, expresidente de Covapi, informó que en la Asamblea Nacional se trabaja en un proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que consta de 9 títulos que incluyen invenciones, esquemas trazados en circuitos integrados, diseños industriales, signos distintos (marcas) hasta la competencia desleal en materia de propiedad intelectual. En el área de patentes se incorporan medicamentos, productos químicos y alimenticios.

Destacó que además se plantea la creación de del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y se establece un sistema de defensa de estos derechos que provendrá soluciones antes las infracciones. A la par recomendó modificar la Ley Orgánica del Trabajo.

La mano izquierda

Guillermo López, abogado y tesorero de Covapi, puntualizó que han desarrollado diligencias con éxito con el Sapi y entre ellas, el ajuste de tarifas para los registros. “Ahora se cobra por debajo de la media que son 500 dólares. Somos nuevamente competitivos”.

Relató que también se logró avanzar en el cobro de las tarifas con mecanismos que permitirán el pago del servicio pese las sanciones impuesta por Estados Unidos a entidades bancarias con las que se trabaja en el país.

Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, subrayó que gran parte del movimiento emprendedor se basa en dos aspectos fundamentales: la innovación y la creación. “Ambos juegan un papel muy importante en los derechos de propiedad intelectual”.

Puntualizó que en lo creativo está la economía naranja que está ligada a la cultura. “Los emprendedores están en efervescencia en el país. Es muy importante porque la economía naranja ronda 1% de población empleada en el mundo”.


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