Iván Simonovis es investigador criminal y era el secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana durante los eventos del 11 de abril de 2002, cuando se intentó derrocar al difunto expresidente Hugo Chávez mediante un Golpe de Estado. Fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de prisión luego de 231 audiencias.

Caracas. La columna de Iván Simonovis está frágil, se puede fracturar sin que nadie la toque. Sus huesos tienen “la edad de un anciano”, a pesar de que el comisario tiene 58 años. Así lo denuncia su esposa, Bony Pertiñez. “Todo se ha vuelto inhumano, cruel y excesivo”, expresó la tarde de este 22 de noviembre, fecha en la que su pareja cumple 14 años como preso político.

Para ella, la esperanza en su hogar se quiebra a cada instante como una galleta. También asemeja la fragilidad de los huesos de su esposo a este dulce debido al encierro, la sombra y el aislamiento al que estuvo sometido por casi 10 años en prisión. Sus huesos pagaron el doble de tiempo de su condena, su ánimo y el de su familia también, agrega.

“Bony siempre luchó por la causa de todos. La detención de Simonovis como la de los policías metropolitanos es el origen de este mal. Fue como el inicio de un cáncer que no se atendió e hizo metástasis en una sociedad. Ahora la inmensa mayoría de los venezolanos somos víctimas de este régimen”, dijo el profesor e historiador, Pedro Benitez, durante el acto por la liberación de Simonovis.

Iván Simonovis es investigador criminal y era el secretario de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana durante los eventos del 11 de abril de 2002, cuando se intentó derrocar al difunto expresidente Hugo Chávez mediante un Golpe de Estado. Fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de prisión luego de 231 audiencias, 265 experticias, 72 pruebas documentales, 196 testigos, 48 expertos y 173 piezas de expediente por presuntamente estar involucrado en los hechos violentos ocurridos para entonces.

La familia Simonovis esperó tres años y 14 días para recibir la noticia que cambió sus vidas. Sus familiares y abogados denuncian distintas irregularidades a lo largo del proceso, además de violación de Derechos Humanos que, de hecho, fue lo que deterioró la condición física del acusado y por ende le otorgaron arresto domiciliario en el 2014.

Actualmente, Simonovis padece de osteoporosis debido a la falta de sol durante sus años en la cárcel. A pesar de que está en su hogar, no permiten que se le realicen exámenes médicos que arrojen un diagnóstico preciso en cuanto a su estado de salud. Aunque la mañana del 21 de noviembre de este año fue trasladado sin orden judicial por un comando armado y unos doctores para un supuesto chequeo, Pertiñez reveló que fue un “circo por parte del Gobierno para ellos intentar aparentar que sí atienden a los presos”.

Simonovis también padece de estrés postraumático. Su pareja asevera que en esta casa, que se ha convertido en una prisión para los distintos miembros, hay heridas psicológicas. El comisario lleva un grillete en el tobillo, debe fotografiarse tres veces al día con un periódico afecto al oficialismo, sus visitas son restringidas y tiene prohibido emitir declaraciones a cualquier medio público o privado, así como tampoco en redes sociales.

Para Pertiñez, uno de los mayores responsables de esta situación “injusta” es Hugo Chávez. Por eso, recordó la confesión del exmagistrado y presidente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Eladio Aponte Aponte, cuando momentos antes de huir del país admitió que la detención y sentencia de Simonovis y los policías metropolitanos había sido una orden expresa del difunto mandatario. “Sal de esos inmediatamente. Sin más tardanza. Condénalos de una vez”, le dijo Chávez al juez.

Otros cómplices de la “revolución”

La orden de aprehensión de Simonovis fue dictada con posterioridad por quien ejerce actualmente como presidente del TSJ, Maikel Moreno, y quien Pertiñez rememora fue defensor de Richard Peñalver, uno de los catalogados pistoleros de Puente Llaguno.

A lo largo de estos años, tanto Simonovis como los policias metropolitanos han perdido momentos importantes de su vida familiar:

En la soledad de la cárcel nuestros esposos han llorado muerte de personas allegadas a quienes no pudieron velar, han perdido su trabajo, han sido inhabilitados civil y políticamente. Han sido acusados, expuestos al odio, agravio y escarnio público en cadena nacional. Han sido víctimas de insultos de escala mayor, tildados de asesinos y violadores de Derechos Humanos. Sus hijos han crecido a la fuerza, dejando a un lado la ilusión de compartir lo que les correspondería en una vida normal, cuenta Pertiñez.

De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, actualmente en Venezuela hay 402 presos políticos. Una cifra que ellos estiman puede ser mayor, ya que hay muchos reclusos que ni siquiera tienen acceso a un abogado privado u otros que temen hablar. De esa cifra solo 12 son políticos. “Eso que dice el régimen de que en Venezuela no hay presos políticos es una mentira”, dice Ana Leonor Acosta, miembro de esta organización.

A su juicio, los presos políticos del país no son solo activistas, líderes o políticos, sino que se califica en esta condición a cualquier persona que contraríe las políticas del Gobierno o se oponga a ellas. 199 personas de la sociedad civil se encuentran en el presente tras las rejas, 14 están en un estado de salud delicado, 9 son estudiantes y 5 son menores de edad.

Características del sistema de represión del Estado según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia:

  • Son presuntamente acusados, mencionados o amenazados por funcionarios oficialistas en los medios de comunicación públicos.
  • Se vinculan a un plan golpista o desestabilizador y son catalogados como enemigos del pueblo.
  • Los órganos que ejecutan las detenciones arbitrarias son los de inteligencia o contrainteligencia nacional (Sebin o Dgcim).
  • Las personas son sometidas a torturas con el objetivo de obtener testimonios que inculpan a políticos u otros actores de la sociedad.

Próximos pasos para Simonovis

Iván Simonovis ha cumplido un tercio de la pena impuesta. Esto significa que, según las leyes venezolanas, tiene el derecho de medidas alternativas para el cumplimiento del resto de su condena. Sus abogados y familiares denuncian que se han cansado de hacer las solicitudes y diligencias pertinentes. No obstante, para obtener dicho requisito deben esperar por la Junta de Clasificación y Tratamiento que determine un pronóstico de conducta favorable y emita sus antecedentes penales. Igualmente, requieren de la autorización del Ministerio de Prisiones y del Ministerio de Interior y Justicia, de los cuales, pese a las múltiples solicitudes por parte del equipo defensor, no han obtenido respuesta.


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