Roberto León Briceño, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, dijo que 89 % de los venezolanos considera que la ley en el país se respeta menos que hace 10 años.
Mabel Sarmiento Garmendia/@mabelsarmiento
Caracas. De las 42 misiones sociales a las que la ONG Transparencia Venezuela le hace seguimiento durante estos últimos 13 años, destaca la Misión A Toda Vida Venezuela, la cual está englobada dentro de los 22 planes de seguridad que desde 1999 implementa el Gobierno Nacional. Resalta porque según el sociólogo Roberto León Briceño, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, fracasó y lo que hizo fue criminalizar a los más pobres.
Briceño León explicó, en el marco del foro de Transparencia Venezuela sobre los “13 años de Misiones”, que esos planes fueron orquestados en medio de campañas electorales y se basaron en la no represión de las bandas armadas.
Incluso destacó que una de las vertientes más fuertes de los planes de seguridad fue la propuesta del Consejo General de Policía de 2006, Conarepol, en donde se planteó incluso sacar a la Guardia Nacional de las funciones de la seguridad urbana. “Pero esa idea fue rechazada porque estaba dirigida hacia el sector militar, por eso se da una ruptura y se pasa en el 2007 a la creación del Dibise, donde se recomienda poner al mando al jefe de más alto rango de la GN”, explicó.
De nuevo, acotó, hay contradicciones en las políticas de seguridad, pues la tesis que ha tenido el Gobierno en torno a este tema es que la pobreza y el capitalismo son los causantes de la violencia.
Y basándose en esos conceptos, dijo que se pretendió aplicar medidas de prevención sin represión: “Por su puesto, nunca ha logrado concertar acciones. Hacen cosas por separado. Con la Conarepol pretendió ejecutar una política de no reprimir el delito durante el gobierno de Hugo Chávez. Pero cuando lanzan planes como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), lo que hacen es matar a todo el que se encuentren por delante. Por eso vimos a un viceministro de Interior y Justicia declarar que habían matado a 2.000 delincuentes”.
Briceño León mencionó además que la mayor parte de estos planes se hicieron en medio de una contienda electoral: el plan más reciente, a mediados de 2015, las OLP; la Misión A Toda Vida Venezuela se lanzó a mitad de 2012; el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Dibise, en 2010 cuando estaban por elegirse a los diputados de la Asamblea Nacional y el Conarepol en 2006.
“Lo que se privilegia con estas medidas es el elemento político-electoral. Además lo que se ha hecho con todo esto es desatar el control desproporcionado de la fuerza, militarizar los barrios (con el Plan Patria Segura y la instalación de los cuadrantes) y criminalizar a los pobres como cuando lanzan una OLP a la Misión Vivienda”, indicó.
El sociólogo también mencionó que ninguno de los planes ha bajado los índices de inseguridad. Dijo que 3.700 personas fallecieron en actuaciones judiciales y que 27.000 personas fueron asesinadas solo en 2015. “Aunque la fiscal Luisa Ortega diga que son 19.000, igual seguimos siendo la segunda ciudad más violenta del mundo, no hay institucionalidad y además 89 % de los venezolanos considera que la ley se respeta menos que hace 10 años”, finalizó.
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Fotos: Mabel Sarmiento/Miguel González
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