En siete años, el fiscal general reporta haber atendido a más de dos millones de personas y llevar justicia a sectores olvidados de la sociedad. Sin embargo, la impunidad y la omisión de denuncias de violación de derechos humanos son de las más graves acusaciones sobre su gestión.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) ratificó por otros siete años a Tarek William Saab como fiscal general. Gracias a esta decisión, el abogado y poeta extenderá su gestión en el Ministerio Público hasta 2030.
Para defensores y activistas de derechos humanos la ratificación implica una “continuidad a las graves violaciones a los derechos humanos” que, aseguran, se han perpetrado en el septenio anterior en el que el funcionario impartió justicia en las redes sociales y mantuvo la impunidad en las calles.
“Atender a nuestro pueblo, todo eso consagrado en nuestra gestión y yo aspiro mejorarla, inclusive seguir esa misma continuidad, pero ir mucho más profundo, hacia las necesidades de nuestras comunidades y para que reine definitivamente la justicia, la paz y los derechos humanos en nuestro país”, dijo Saab este jueves, 31 de octubre, a su salida del hemiciclo de sesiones de la AN, donde fue juramentado para su nuevo periodo.
Sin embargo, el fiscal, que destaca como sus banderas la lucha por los derechos de los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, el respeto por los animales y por el medio ambiente, es fuertemente cuestionado por organismos de defensa de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
Un “instrumento” del Estado
Para el coordinador de exigibilidad jurídica de Provea, Marino Alvarado, en los siete años de Saab en la Fiscalía “no ha existido ninguna voluntad” por parte del Ministerio Público (MP) para colaborar y cumplir con el compromiso de complementariedad firmado entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte penal Internacional (CPI), a propósito de la investigación que cursa en esta instancia por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Para Alvarado, la fiscalía venezolana a cargo de William Saab se convirtió, en cambio, en “un instrumento para la persecución por motivos políticos y esa persecución ha generado crímenes de lesa humanidad”.
El activista cuestionó que esta institución del Estado no se ha ocupado de aclarar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos a partir de 2017, pero tampoco se han investigado crímenes de vieja data que esperan esclarecimiento público como la “masacre de El Amparo”, ocurrida en 1988; la “masacre de Yumare”, que tuvo lugar en 1986 o los asesinatos ocurridos durante “El Caracazo”, en el año 89.
“Una repetición del fiscal al frente del MP significará la continuidad de grave violación de derechos humanos, posiblemente de nuevos crímenes de lesa humanidad, de impunidad y, por lo tanto, de vulnerabilidad para la población venezolana y desamparo”, dijo Alvarado en declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación.
Además, para el vocero de Provea la repetición de Saab en la Fiscalía deja ver a las instancias internacionales que no se trabaja en “revertir” las deficiencias y fallas que han señalado como políticas favorables para la impunidad.
Por su parte, Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz, aseguró que la ratificación de Saab refleja la falta de voluntad para “rectificar las graves políticas violatorias, tanto de derechos humanos, como del debido proceso”.
“A Saab se le recordará como el fiscal que toleró, permitió, avaló y encubrió crímenes contra la humanidad”, dijo a Crónica.Uno.
La gestión
Con un programa de acción “inédito en América Latina”, el fiscal general enmarca como un logro la atención de más de dos millones de personas, tanto en “despachos fiscales, en la justicia de calle, en diversos programas en barrios, comunidades, plazas y espacios públicos”.
Saab ha enfrentado las críticas por la “omisión” de investigaciones de tortura hechas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ante instancias internacionales con el alegato de que desde que inició su gestión en 2017 y hasta septiembre de 2024 se han castigado más de 580 funcionarios por violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela.
Cuestionado por su falta de independencia frente al Gobierno de Nicolás Maduro, Saab ha refutado los ataques con cifras que indican que desde 2017 y hasta noviembre del 2022 el MP ha efectuado 15.390 imputaciones y 5.757 acusaciones por hechos de corrupción.
Esto incluye hasta cinco ministros de Petróleo acusados de corrupción: Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Nelsón Ramírez, Tareck El Aissami y, más recientemente, Pedro Rafael Tellechea.
Además, Saab ha reportado que un total de 540 hombres recibieron condenas por femicidios en Venezuela en los últimos siete años.
En un balance expuesto el pasado 24 de octubre, el funcionario indicó que la institución ha registrado 1.279 causas relacionadas con este crimen, de las cuales 938 resultaron en imputaciones contra los feminicidas.
En estos siete años, 6.102 personas recibieron condenas por violencia contra la mujer, según el MP, que hizo 62.671 imputaciones en ese período y otorgó 549.872 medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas. Esto en contraste con las cifras de la ONG Utopix, que da cuenta de que en el país ocurre un promedio de un feminicidio cada 47 horas.
No obstante, la ONG Transparencia Venezuela ha referido en varias ocasiones que las cifras aportadas por la Fiscalía son inconsistentes, puesto que no hay información completa ni sistematizada que permita contrastarlas.
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