Entre miércoles y jueves trasladaron a 1600 personas a las escuelas habilitadas, cuatro de ellas en el municipio Libertador, y una en el estado Miranda, a nueve días del doblete sísmico que afectó la zona central del país.
Caracas. El miércoles 1° de julio, a ocho días del doblete sísmico que azotó la zona central del país —con un impacto devastador en el estado La Guaira y el oeste de Caracas—, se inició el traslado de más de 1600 personas que permanecían refugiadas en el Parque del Oeste Alí Primera.
La diputada Yajaira Meléndez, coordinadora de los espacios superiores del parque, informó que los afectados son reubicados en escuelas públicas habilitadas de emergencia como albergues: Aguerrevere, Artigas, Gran Colombia y Carlos Delgado Chalbaud, en el municipio Libertador, además de la Escuela de Liderazgo en Filas de Mariches.
Según Meléndez la mayoría de los damnificados que ocupaban la escuela Miguel Antonio Caro ya fueron movilizados, pero en el parque aún quedan cerca de 3500 familias que esperan su turno bajo las carpas.
El trauma de volver a empezar
Hacia el mediodía del miércoles la logística se concentró en la movilización del “campamento morado”, integrado en su mayoría por sobrevivientes de La Guaira.
Los terremotos del 24 de junio pasado golpearon con especial saña a sectores como Tanaguarenas, donde la combinación de la vulnerabilidad costera y la violencia de los movimientos telúricos destruyó infraestructuras enteras.
Entre el ajetreo del desalojo estaba Dayana Díaz, quien doblaba sus bolsos a toda prisa mientras se preguntaba con timidez: “¿Qué tal será la escuela Carlos Delgado Chalbaud? Ojalá sea céntrica”. Su grupo familiar lo conforman cinco personas, entre ellas un niño de siete años de edad. Lo perdieron todo.
“No queremos volver a La Guaira, no queremos una lluvia más”, dijo una de sus familiares, lo que refleja el trauma psicológico que le han dejado los desastres.
“No podemos quejarnos, nos atendieron de forma adecuada con medicinas y comida. Pero no es fácil estar así. Yo ya fui refugiada una vez. Esta vez se me murió una hermana. Mi mamá y mi hija, con sus tres hijos (de uno, seis y ocho años), decidieron quedarse allá y arriesgarlo todo, porque en Tanaguarenas ya nada existe”,
relata Dayana.
El destino de Dayana y de otras 500 familias es el colegio Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche. Allí, la realidad del refugio cambia de forma, pero no de precariedad: los equipos de asistencia instalaron literas de hierro, calcularon ocho por salón —lo que equivale a casi 16 personas confinadas en una misma aula de clases—. Mientras intentan acondicionar a contrarreloj los sistemas de baños y tuberías.
El control biométrico
Mientras las carpas de la entrada del Parque del Oeste empiezan a desmontarse, los linderos de la pared perimetral y las inmediaciones del auditorio de la escuela Miguel Antonio Caro siguen repletos de familias y niños y niñas a la intemperie.
Al drama original del terremoto se sumaron habitantes de zonas vulnerables de Catia, Altavista, El Junquito y Propatria cuyas viviendas ya arrastraban un decreto histórico de alto riesgo y fueron de nuevo tocadas por los sismos.
En el campamento Paz y Esperanza, resisten 17 familias censadas bajo estas condiciones. En este lugar escasean los baños portátiles y los mismos voceros son los que tiene que sondear, pedir y buscar las ayudas.
El Parque del Oeste se convirtió en una miniciudad institucional. Sigue activo un toldo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para la cedulación de quienes perdieron sus documentos entre los escombros, un puesto de la Cruz Roja, una oficina del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la protección de la niñez y la adolescencia, así como puntos de control médico con pediatría y odontología preventiva.
Sin embargo, el proceso administrativo se ha endurecido. Funcionarios estatales recorren las áreas para realizar un registro biométrico (captura de huellas dactilares) de los afectados. El objetivo, según explicó una de las trabajadoras del lugar, es “depurar el censo” y controlar las respuestas gubernamentales.
Tensión en el parque
Este jueves, 2 de julio, el panorama en el Parque del Oeste amaneció militarizado luego de varios episodios de violencia desatados tras viralizarse una presunta agresión sexual dentro de las instalaciones.
A diferencia de los primeros días de atención civil y ayuda humanitaria, donde abundaban los pintacaritas, los zancos y los recreadores, el recinto ahora enfrenta un despliegue masivo de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los funcionarios con uniformes tácticos y armas largas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) tomaron los accesos y los pasillos del parque.
Para los adultos —con el estrés postraumático de ver caer sus casas o perder familiares—, la presencia de los fusiles y los rostros tapados no genera seguridad, sino intimidación y la sensación de estar bajo sospecha o confinamiento.
En las afueras, ajenos al despliegue interno, los ciudadanos siguen aglomerados, leen cabizbajos las 27 listas impresas y buscan con desespero el nombre de algún familiar desaparecido. Muchos se retiran sin respuesta pero con esperanza.
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