Más de 5700 días pasó la jueza María Lourdes Afiuni detenida por una orden directa del entonces presidente Hugo Chávez, quien la cuestionó por liberar al banquero Eligio Cedeño. Su proceso finalmente fue cerrado y obtuvo la libertad que exigía para tratar sus problemas de salud fuera de Venezuela.
Caracas. Tras casi 16 años uno de los procesos judiciales más cuestionados y señalados como ejemplo de la erosión institucional y la persecución judicial en Venezuela, el expediente de la jueza María Lourdes Afiuni, quedó formalmente cerrado.
El viernes, 7 de agosto, un tribunal notificó su libertad plena, y puso fin a un prolongado calvario jurídico que se convirtió en el símbolo más emblemático de la ausencia de separación de poderes en el país.
Su judicialización inició con una acusación por parte del entonces presidente, Hugo Chávez, quien la culpó de colaborar para que el banquero Eligio Cedeño evadiera la justicia, debido a que huyó del país poco después de recibir la medida cautelar que la jueza le otorgó.
Afiuni fue jueza del Tribunal 31 de primera instancia, en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, hasta su suspensión en diciembre de 2009.
El Ministerio Público la acusó por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir.
Sin embargo, el origen político y mediático de la acusación se gestó en una transmisión de radio y televisión. Chávez la acusó públicamente de haber liberado “a la medida” y de forma corrupta al banquero Eligio Cedeño, a quien calificó de bandido.
El 13 de diciembre de 2009 Chávez exigió públicamente una condena de 30 años de prisión y sentenció que el caso debía servir como “ejemplo” para intimidar al resto del Poder Judicial y evitar que otros jueces tomaran decisiones contrarias a los intereses del Gobierno.
Organizaciones como Acceso a la Justicia hablan del “efecto Afiuni”, para determinar un antes y un después en la judicatura venezolana y dejar expuesto que cualquier juez que no siguiera lineamientos del Gobierno, podría “no solo ser destituido, sino además encarcelado e incluso torturado”.
El proceso judicial de la jueza María Lourdes Afiuni se extendió exactamente por 5719 días, lo que equivale a 15 años, 7 meses y 28 días y estos son los hitos fundamentales del caso
2009: La decisión que desató la furia del poder
El 10 de diciembre de 2009 la jueza 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni, otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad al empresario y banquero Eligio Cedeño.
La decisión se basaba estrictamente en el cumplimiento de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advertía sobre el retraso procesal en su caso.
Fue aprehendida sin orden judicial previa y en flagrante violación a la autonomía e independencia de la judicatura y tres expertos independientes de Naciones Unidas calificaron la detención como un “golpe del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la independencia de los magistrados y abogados en el país”.
2010 – 2011: El infierno del INOF
En enero de 2010 la Fiscalía formalizó la acusación. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares de urgencia ante el peligro que corría la vida de la jueza. Estas peticiones fueron desatendidas por el Estado venezolano.
Afiuni fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Durante su permanencia allí, convivió con reclusas a las que ella misma procesó, sufrió torturas, agresiones físicas, abusos sexuales y vejaciones denunciadas por sus abogados y familiares que le provocaron un embarazo forzado interrumpido por un aborto espontáneo, además de secuelas físicas severas.
En febrero de 2011, tras un acelerado deterioro de su salud física y mental, que incluyó alertas tempranas de lesiones oncológicas, un tribunal le concedió arresto domiciliario.
2013 – 2019: Libertad condicional, censura y «corrupción espiritual»
El 14 de junio de 2013 fue excarcelada bajo un régimen de presentación y libertad condicional. Se le impuso prohibición de declarar a la prensa, emitir opiniones en redes sociales o hablar sobre su proceso.
En marzo de 2019 el tribunal de la causa la condenó a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”.
La propia sentencia reconoció de manera explícita que no existió ningún tipo de enriquecimiento ilícito ni beneficio económico, desnaturalizando por completo la tipificación legal del delito para procurar un castigo político.
La medida significó un hito y una grave violación del principio de tipicidad penal (nullum crimen sine lege), al inventar figuras jurídicas abstractas para sancionar a una funcionaria por cumplir con sus deberes legales.
2023 – 2026: El limbo administrativo y el cierre definitivo
En enero de 2023, sin previo aviso ni derecho a la defensa, fue notificada de su despido definitivo como jueza titular. Organismos internacionales de jueces independientes rechazaron la medida.
Más recientemente, tras ser hospitalizada de emergencia debido a complicaciones médicas críticas, la detección de lesiones tumorales y la necesidad urgente de tratamientos oncológicos especializados, su defensa y familiares intensificaron las exigencias de cierre de expediente.
Este 7 de agosto de 2026 un tribunal entregó formalmente a la familia la notificación de libertad plena y cierre total del caso.
A sus 63 años, y tras más de una década y media de zozobra, se levantan todas las prohibiciones de salida, inhabilitaciones políticas y censuras que pesaban sobre ella, cerrando administrativamente uno de los expedientes más cuestionados en la historia judicial contemporánea de Venezuela.
Tal como lo señaló su defensa y familiares en un comunicado conjunto, el caso de María Lourdes Afiuni quedará grabado como la advertencia más temprana y aleccionadora sobre las consecuencias de utilizar los tribunales como herramientas de retaliación política.
“Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”, afirmaron Nelson Afiuni, hermano de la jueza, y Thelma Fernández, su abogada, en un comunicado.
Familia Afiuni
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