Desde las 11:00 a. m., el grupo se concentró en la avenida Urdaneta, a la altura de la esquina de Carmelitas. En medio del despliegue policial que custodiaba la zona, las familias alzaron la voz una vez más para denunciar los tratos crueles, los abusos y las condiciones inhumanas que sufren sus parientes, privados de libertad por razones políticas.
Caracas. Pese a los piquetes de seguridad y el amedrentamiento de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), unos 20 familiares de presos políticos lograron entrar a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes, 7 de agosto.
El grupo se concentró en la avenida Urdaneta con la intención de dirigirse a La Cancillería para entregar un documento en el que pidieron el ingreso de organismos internacionales a las cárceles y la liberación plena de sus allegados.
Desde las 11:00 a. m., el grupo se concentró a la altura de la esquina de Carmelitas. En medio del despliegue policial que custodiaba la zona, las familias alzaron la voz una vez más para denunciar con consignas y pancartas los tratos crueles, los abusos y las condiciones inhumanas que sufren sus seres queridos dentro de las cárceles venezolanas.
Al mediodía, los manifestantes se movilizaron por la avenida Urdaneta hasta la Cancillería. Aunque un grupo de funcionarios intentó impedirles el paso, los manifestantes rompieron el piquete de seguridad que trancaba el acceso. Minutos después una comisión integrada por familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) logró entrar a la sede para consignar el petitorio.
Petición a organismos internacionales
Una de las exigencias centrales del texto exhortó al Estado a permitir el ingreso de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cruz Roja para evaluar las instalaciones de los centros penitenciarios y verificar la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
Los voceros de la protesta reiteraron que impedir el ingreso de mecanismos internacionales, abandonar el Estatuto de Roma e incumplir las obligaciones internacionales del Estado profundiza la desprotección de las víctimas y compromete el futuro del país.
Los voceros señalaron que las medidas cautelares o excarcelaciones recientes no significan una libertad real. Denunciaron que las prohibiciones de salida del país, el patrullaje constante y la vigilancia condicionan la vida de los excarcelados.
Reinaldo Cortés, un expreso político, contó que salió de prisión en 2023, pero la libertad aún le queda lejos. Para él y el grupo de sindicalistas y activistas sociales excarcelados en ese momento, la vida transcurre limitada por la sombra de la libertad condicionada: tiene prohibido salir del país y debe presentarse ante los tribunales de forma continua.
Cortés, quien es profesor universitario, sufre los estragos de la discriminación en su día a día. Relató que fue excluido de la Ley de Amnistía por lo que quedó en un limbo jurídico, sin acceso al trabajo y a la subsistencia.
“Concursé para dar clases en la Universidad Simón Bolívar y gané. Pero en cuanto el rector supo de mi antecedente, me canceló el concurso de forma arbitraria, por encima del Consejo Directivo”,
relató Cortes
Libertad condicionada
Ante esta persecución silenciosa que sufren decenas de expresos políticos, Cortés afirmó que la única solución real no es una medida a medias, sino un decreto de amnistía general promulgado por la Asamblea Nacional que devuelva la libertad plena a quienes siguen tras las rejas y a quienes están fuera de ellas.
A las puertas de la Cancillería, Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, señaló que pese al discurso oficial sobre una nueva etapa de diálogo y apertura política, la respuesta institucional se reduce al silencio y a la opacidad.
“Las instituciones del Estado conocen las violaciones a los derechos humanos porque nosotras mismas hemos entregado las denuncias. Si de verdad existe voluntad política, el Gobierno debe permitir el acceso de estos organismos a las cárceles”, señaló.
Respuestas institucionales incompletas
La protesta coincidió con los siete meses de la instalación del campamento a las afueras del penal El Rodeo I. Esta medida la tomaron los familiares tras los anuncios incumplidos de excarcelaciones masivas.
Hasta este 3 de agosto la Organización Foro Penal contabilizó 382 personas privadas de libertad por motivos políticos. De esa cifra 158 detenidos han sido condenados mientras 224 permanecen sin condena.
En los últimos meses agrupaciones de familiares de presos políticos han acudido en varias ocasiones a la sede de distintas instancias institucionales como el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y otros despachos gubernamentales para solicitar la revisión de las medidas cautelares y el cumplimiento de acuerdos previos sobre excarcelaciones.
Pese a los compromisos asumidos, la mayoría de estos encuentros terminan sin acuerdos y con promesas inconclusas. Aunque la confianza en los poderes públicos es limitada, las familias aseguran que mantendrán la protesta en las calles y ante las instancias internacionales para visibilizar la realidad de los presos políticos en el país.
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