En entrevista con Crónica Uno, la abogada penalista y académica Magaly Vásquez recordó que en Venezuela se instauró el “derecho del enemigo”, en el que se emplea la justicia como un mecanismo de persecución del adversario, y que un cambio requiere pasos que van más allá de elegir un nuevo TSJ.
Caracas. “Dramática”, esa es la palabra que usa la abogada y profesora universitaria Magaly Vásquez para describir el estado del Sistema de Justicia en Venezuela, uno que demanda cambios que deben generarse “con transparencia y criterios claros” como, a su juicio, demanda de la ciudadanía.
La penalista lleva a sus espaldas una de las trayectorias académicas e institucionales más sólidas del país. No es solo la primera mujer penalista en convertirse en Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, sino también una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar las fisuras del Estado de derecho en Venezuela.
En esta entrevista concedida a Crónica Uno, Vásquez ofrece un diagnóstico sobre la crisis estructural que arrastra el sistema judicial venezolano, caracterizado por la provisionalidad de los jueces, la opacidad y el uso del derecho penal como un mecanismo de persecución.
“La situación del sistema de justicia es dramática. No se le garantiza al ciudadano un verdadero acceso a la justicia. En el área penal, se ha instaurado de facto lo que llaman derecho penal del enemigo, en el que el proceso penal se utiliza como un mecanismo de persecución del adversario. Esto implica una cantidad de violaciones de garantías”, explicó.
Esperanza de cambio judicial
Para Vasquéz, “en la reforma del Sistema Judicial no se puede pretender que haya resultados a muy corto plazo”. A propósito, analizó los recientes anuncios derivados de los procesos de diálogo nacional, al destacar la posibilidad de renovar la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y establecer comités de postulación independientes, siempre bajo una premisa inquebrantable, la meritocracia y la transparencia.
La abogada, reconocida por muchos por su postulación, a principios de este año, para el cargo de fiscal general de la república, reconoció la esperanza de cambio sembrada en muchos ciudadanos y la necesidad de rescatar la coherencia institucional.
Para ella, las transformaciones no se logran dando “cheques en blanco”, sino al exigir reglas claras, concursos públicos, transparencia y un compromiso real con la Constitución que permita devolverle a los ciudadanos un Sistema de Justicia confiable y verdaderamente autónomo.
Esta es su visión del cambio que se avecina en materia judicial:
—¿Cuál es su diagnóstico del estado del Sistema de Justicia en Venezuela?
—Tratar de resumir el diagnóstico es complicado porque, desde hace muchísimos años, en Venezuela se habla de una crisis del sistema de justicia. Eso no es una novedad. Lo cierto es que esa crisis se ha incrementado muchísimo también en el último tiempo.
Considero que alrededor de los años 2000-2003. Es decir, después de aprobada la Constitución vigente, se hizo un esfuerzo para recuperar el tema de la titularidad en los jueces. A partir de la aprobación de la Constitución del 99 se suspendió la estabilidad de los jueces y se inició un proceso para el ingreso, ascenso y permanencia en el Poder Judicial a través de unos concursos que se prolongaron hasta el año 2003.
Eso ayudó bastante, en el sentido de que se convocó un número importante de cargos y las personas que ganaron esos concursos tenían la certeza de que los habían ganado por sus méritos, y que por lo tanto tenían autonomía e independencia de criterio, que es lo que debe caracterizar a un juez.
Lastimosamente, del 2003 para acá, ese proceso cambió.
—¿En qué consistió ese cambio?
—Se suspendieron los concursos bajo el argumento de que resultaban muy onerosos porque los jurados venían del interior del país y los exámenes se hacían aquí en Caracas. Pero la verdadera razón detrás de eso no era un tema económico, sino que no era fácil manipular a una persona, o despedir a alguien que había obtenido su cargo mediante un concurso.
Años más tarde, se inició un proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia dirigido a supuestamente regularizar la titularidad con unos supuestos concursos que no eran verdaderamente tales, porque no cumplían con los extremos de la Constitución. Los magistrados eran los evaluadores, lo que te colocaba en una posición de juez y parte.
A esa situación de provisionalidad, que es el primer problema grave del Poder Judicial, con una falta absoluta de titularidad, autonomía e independencia, ya que basta con dejar sin efecto un nombramiento para remover a un juez, se le suma la situación del propio TSJ y de los demás órganos del Sistema de Justicia.
Vemos el caso del Ministerio Público y el sistema penitenciario, donde con frecuencia escuchamos de personas muertas bajo custodia del Estado y procedimientos o investigaciones cuyos resultados no se conocen.
— Y con tantos problemas estructurales, ¿es entonces un buen comienzo para el diálogo partir por un cambio en el TSJ?
—Yo considero que sí. Damos el beneficio de la duda de que estos anuncios se puedan concretar. Sobre la reforma de la ley del TSJ, hay observaciones fundadas sobre su inconstitucionalidad en la conformación del Comité de Postulaciones. Sin embargo, si comparamos esta reforma con los procesos previos, veo una diferencia positiva al incrementarse el número de miembros de la sociedad civil en el comité.
Otro de los anuncios importantes, si se materializa, es la conformación de un comité técnico de verificación de credenciales integrado por siete personas que cumplan con los mismos requisitos de un magistrado. Esto es clave para revisar a fondo cómo se obtuvieron los doctorados. Si son títulos exprés o si hay una verdadera carrera académica e investigación detrás. También están los aspectos subjetivos pero necesarios, como evaluar la reconocida honorabilidad con pautas claras.
—¿Cómo será posible para los postulados asumir requisitos como la carrera judicial, luego de 26 años sin concursos reales para ser parte del Sistema Judicial?
— Por eso mencionaba la experiencia del 2000 al 2003, cuando los jueces superaban pruebas escritas, orales y prácticas. Lo que se ha hecho después no es carrera judicial. Sería determinante que los ciudadanos sepamos hasta dónde va a llegar ese comité, que se conozca el baremo y que se evalúe con rigor la trayectoria, la ética y la ascendencia moral.
Un magistrado tiene que inspirar respeto en la ciudadanía. Yo recuerdo que en mi época de estudiante los magistrados eran autores de libros y personas muy reconocidas; hoy en día preguntas quiénes son y ni los alumnos los conocen.
Después de recomponer el TSJ, hay que hacer el trabajo hacia abajo: convocar concursos públicos para proveer los cargos de los jueces de la República. Eso requiere voluntad política y puede hacerse por etapas y de forma regional, como se hizo antes con las Cortes de Apelaciones y tribunales superiores. Y esto genera una expulsión natural, el que no tiene las competencias no se arriesga a participar.
—¿Cree que hay personas en la sociedad civil y en el área académica dispuestas a ser parte de este nuevo Sistema de Justicia y del proceso para la escogencia de magistrados?
—Yo diría que sí. La gente tiene expectativas positivas y no pierde la esperanza. Lo que los ciudadanos demandamos son reglas claras; nadie quiere dar un cheque en blanco. Si hay claridad en el proceso y en la participación plural de la sociedad civil, gremios, academia y ciudadanos, la gente participará.
—¿Y usted estaría dispuesta a participar de nuevo, luego de la experiencia como aspirante a la Fiscal General de la República?
—Depende. Quisiera comenzar a ver cómo se concretan en blanco y negro los anuncios. Cómo se va a integrar el comité de expertos y cuáles serán los criterios. Si hay alguna oportunidad para que las cosas mejoren, pero hay que trabajar.
Un abogado no puede cerrarse de entrada a cualquier iniciativa que pueda redundar en la mejora del Sistema de Justicia. Pero insisto, no se trata de ir a ciegas ni de creer ciegamente solo porque hubo un anuncio, debido a todas las frustraciones del pasado. La gente demanda transparencia y criterios claros.
—Para evitar que el TSJ se vuelva un espacio en donde se otorguen cuotas políticas, ¿no?
—Claro, es que si estamos hablando de un nuevo Tribunal Supremo la primera exigencia tiene que ser esa, que si es un tribunal nuevo, sea nuevo de verdad verdad. Y nuevo no tiene que ver solamente con las personas que lo integren, sino con cúal es el perfil de ese nuevo magistrado.
No se trata de un reparto, porque quedamos exactamente en lo mismo. Que haya mayoría de un color o de otro eso no es. Y menos en un contexto como el venezolano donde la gente ansía creer en sus instituciones y si volvemos a lo mismo con otros rostros no estamos haciendo absolutamente nada.
— Hemos escuchado a abogados, especialistas, organizaciones académicas mostrar su preocupación por las reformas “exprés” de las leyes para avanzar en el proceso de transición. ¿Ese diseño legal planteado es entonces un problema real?
—Hay que ver eso con cuidado. Se ha anunciado que habrían reformas legales y con eso tengo mis reservas, porque el problema es que no podemos seguir generando ese culto a la ley, en el sentido de que la ley es la que va a resolver la ley y no, el problema no es la ley, son los órganos encargados de aplicarla.
Podemos tener las mejores leyes, las más perfectas, pero si los operadores no entienden los principios que inspiran esas leyes, si no están convencidos de la finalidad o no la entienden quedamos en lo mismo.
Entonces, no tiene sentido reformar la ley y aquí en Venezuela tenemos ejemplos claros porque aquí se reforma la ley para que todo quede igual (…) porque además se hacen las cosas sin la debida asistencia técnica y no se trata de que la Asamblea esté conformada por técnicos hacedores de leyes, eso no es, pero hay órganos que están para asesorar.
—¿Cómo ve a sus estudiantes, las nuevas generaciones, con relación al ejercicio del Derecho y del sentido de la justicia?
— Durante un tiempo, no solo en la UCAB, sino en muchas universidades hubo un bajón que tiene que ver con las condiciones del país y con la percepción de que la carrera del Derecho es una carrera muy local y eso no es exactamente así, porque un abogado se puede desenvolver en diferentes áreas.
Con todo el tema de la migración eso impactó. Pero veo que eso ha cambiado y eso explica que se haya incrementado el número de estudiantes que quieren cursar Derecho. Lo que percibo en mis estudiantes es entusiasmo, veo que están preocupados por el Sistema de Justicia, que tienen muchas ideas.
Veo la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos en los estudiantes y allí los profesores tenemos una gran necesidad de encauzar eso (…) Pero veo mucho entusiasmo en los estudiantes y en los últimos años vemos a muchos que fueron mis estudiantes ahora preocupados y trabajando en el sector público.
Eso me motiva a dar clases, porque veo a mis alumnos creyentes de un mejor Sistema de Justicia y preparándose para trabajar en esa reconstrucción.
Los nuevos tiempos demandan un cambio en el perfil, y las universidades tenemos una gran responsabilidad.
Los abogados por formación tendemos a ser muy cuadrados, enseñados a subsumir los hechos en el derecho. Pero hoy día se incorporan otros conocimientos: métodos alternativos, argumentación, oralidad, oratoria, emprendimiento y el tema ambiental. Cuando hablas de los ODS, del tema de género, de paz, de justicia y tecnología, son muchas cosas que se suman para el cambio que se quiere.
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