Luis Augusto Romero: La agenda de Guaidó y sus operadores promueve la sustitución de una hegemonía por otra

El secretario general de Avanzada Progresista tiene como bandera la dolarización del salario, y restablecer garantías jurídicas y crediticias para que el capital extranjero pueda operar en el país. Aboga por el levantamiento de las sanciones económicas contra el Estado, pues considera que sólo han atornillado a Maduro, pero pide aumentar la presión contra los funcionarios públicos acusados de violaciones de derechos humanos y legitimación de capitales.

Caracas. Luis Augusto Romero es el secretario general del partido Avanzada Progresista (AP), liderado por el excandidato presidencial y exgobernador de Lara, Herni Falcón. Curtido en las lides políticas, fue militante en su juventud en el MAS, y rompió con este partido en 1998, al igual que figuras históricas como Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, por la controvertida decisión de apoyar al fallecido presidente, Hugo Chávez. Desde entonces, siempre ha estado en la oposición.

Politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de cuarto nivel en Gobierno y Políticas Públicas, fue diputado del Consejo Legislativo de Miranda, y tras una larga temporada en hibernación, regresó con fuerza para trabajar junto con Falcón en el partido AP. Fue él quien tejió con filigrana los acuerdos electorales entre su tolda con el resto de los partidos que participarán en las elecciones del próximo 6 de diciembre.

Directo y sin ambages al hablar, el candidato por lista nacional al Parlamento responde ante la acusación de ser un partido «colaboracionista y en connivencia» con el Gobierno que «los verdaderos ‘colaboracionistas’ son los que están con Guaidó y juegan a la intervención extranjera. Nosotros estamos aquí, no en Bogotá o Washington, viviendo un exilio dorado con un nivel de vida que ninguno puede explicar».

Usted es candidato a la Asamblea Nacional por la polémica lista nacional de 48 diputados nacionales que, en palabras del expresidente del CNE, Andrés Caleca, viola la Constitución desde 1811 hasta 1999.

—Esa lista de diputados nacionales es un factor de corrección que pretende eliminar la sobrerrepresentación electoral; la lista busca compensar la ausencia de minorías y evitar que un partido que obtenga el 51 % de votos, por ejemplo, se adjudique la mayoría de los escaños, como pasó en 2010 y 2015. Además, la constitución de 1999 suprimió el Senado del Congreso de la República y deja a estados con poca representación. ¿Qué se busca con estos 48 diputados? Una mayor cantidad de representación; que un partido minoritario al sumarse todos los votos que obtenga en el país tenga al menos un diputado. Todo se adjudica por el Método D’hondt.

Caleca la llama “la lista de los diputados golilla”…

—En el artículo 186 de la Carta Magna, el legislador deja la puerta abierta para aumentar los diputados, con base en esto se hizo esa corrección y se escogerán también 100 nuevos parlamentarios. Creemos, además, que debe reinstitucionalizarse la Cámara del Senado para que los estados tengan mayor representación. Ahora, esto es un tema de redes sociales. El ciudadano común no está interesado en esto.

¿En qué está interesada la gente, qué le dicen en los recorridos que hace?

—La gente quiere un cambio, pero también hay mucho miedo. Hay una desconfianza comprensible en el liderazgo político democrático por sus fallas, que a nosotros nos tocará demostrar que somos diferentes; que jamás vamos a dejar a la gente en el camino. No llegamos aquí para renunciar, sino para quedarnos. En un recorrido en Cabimas (Zulia), por ejemplo, la gente expresaba su inconformidad porque el triunfo de la gobernación de esa entidad fue desperdiciado porque el candidato (el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa) no quiso acudir ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Cuánta falta no le hace al Zulia un gobernador de oposición!

¿Cuáles son los problemas más acuciantes del venezolano? ¿Cuáles son sus propuestas inmediatas si es elegido diputado al Parlamento?

Lo primero es atender la emergencia: la deuda social, el colapso de los servicios públicos, la pulverización del salario de los empleados públicos, pensionados y jubilados ante la dolarización de facto. Es inaceptable que le cobren en dólares cuando usted gana en bolívares. El salario mínimo en el país es de 0,75 dólares mensuales, eso está muy por debajo de todos los índices de pobreza extrema que sitúan los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas. ¿El parlamento puede soslayar esto? No.

Propondremos la dolarización del salarios, seguridad jurídica, financiera y crediticia para que los capitales internacionales regresen al país. La economía venezolana no se va a desarrollar sin capitales foráneos, pero necesitan que su dinero no esté amenazado. Hay que escapar de la trampa ideológica del gobierno.

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Luis Augusto Romero
Romero en uno de sus recorridos durante la campaña

¿De dónde saldrán los recursos?

—Eso se conecta con las sanciones, por eso condenamos las sanciones contra el Estado. Si Venezuela no puede vender su petróleo, no puede hacer nada. La moneda de curso legal es el Bolívar, pero el hambre no espera… A este Parlamento le va a tocar responder a esto. Aquí miente el que diga que el colapso de la economía no es responsabilidad de este gobierno que lleva 20 años en el poder. Y miente quien diga que las sanciones no lo han agravado. El Gobierno dejó a la empresa petrolera en terapia intensiva y Guaidó le quitó el respirador con Citgo (filial de Pdvsa en EE. UU., el activo más valioso del país en el exterior y que hoy está en litigio).

Ya hay estudios económicos que demuestran que las sanciones económicas han empobrecido al país, a pesar de que tengan buena prensa. En un debate televisado en Venevisión, Timoteo Zambrano, propuso conformar una comisión parlamentaria entre el gobierno y la oposición para pedir su levantamiento. ¿Cómo sería esto?

—Todas las sanciones en contra del Estado y la Nación tienen nuestro rechazo y repudio; ahora, las sanciones contra funcionarios públicos por violaciones de derechos humanos, corrupción, terrorismo, legitimación de capitales cuentan con nuestro apoyo y deben acentuarse, pues esos delitos y crímenes van más allá de la frontera de la jurisdicción del Estado. Las sanciones contra el Estado no generan transiciones, sino que atornillan gobiernos, ahí está Corea del Norte, Zimbabwe; prologan la vida de los gobiernos autoritarios. Esas sanciones perjudican a los ciudadanos de a pie, y generan mayor dependencia frente al Estado.

El Gobierno es responsable de la destrucción del aparato productivo del país, pero no se puede negar que las sanciones han creado un mayor deterioro social. Eso tiene que entenderlo Estados Unidos, la Unión Europea, y los países de la región, quienes también reciben a la diáspora venezolana. Hay que construir con el gobierno un pacto, y actuar como Nación frente a esto, pero la Comunidad Internacional quiere ver avances en derechos humanos y en materia económica. Esto es dando y dando. Se debe avanzar hacia la alternabilidad del poder, porque hasta ahora el Gobierno solo muestra que quiere quedarse eternamente. Es necesario que el Gobierno envíe señales de que, si hay una mayoría que se exprese libremente en su contra, sí habría un cambio de poder, de otro modo, no habrá flexibilización o levantamiento. Con la derrota de Donald Trump en Estados Unidos se abre una puerta con la nueva administración de Joe Biden. Pero de nuevo: el gobierno debe mostrar avances.

¿Qué harán con la Ley Antibloqueo? Analistas dicen que es la excusa perfecta para privatizar frente al fracaso del modelo chavista y seguir expoliando al Estado sin que nadie se entere.

—La ley Antibloqueo es una huida hacia adelante del chavismo ante la posibilidad de perder las elecciones. No sólo es inconstitucional, va a elevar a niveles siderales la corrupción de los funcionarios públicos, por eso vamos a pedir que se revise y eventualmente se derogue.

Usted acusa al G4 y al presidente de la AN, Juan Guaidó, de liderar el extremismo opositor y servir a intereses foráneos. ¿A qué se refiere?

—Me refiero en concreto a la dependencia absoluta del G4 (los partidos más votados de la AN), a factores de otro países, como el gobierno de Iván Duque en Colombia; o el de Donald Trump, en Estados Unidos y los intereses de algunos exiliados en Miami.

El liderazgo político no puede renunciar a ser dueño de su propio destino. En esta contienda vimos como muchos fueron a hacer lobby para pedir permiso para participar y como en Estados Unidos no se los dieron, se automarginaron. El colapso de Guaidó se debe a su falta de autonomía, siguieron directrices de otros países que han terminado leyendo mal la realidad venezolana, como Trump, quien fracasó y ahora no está en el poder. Tenemos un G4 que abandonó el trabajo con la gente, hay que leer al país, pero aquí en Venezuela.

No digo que el apoyo de la Comunidad Internacional no es importante, lo es, pero el apoyo de los venezolanos internamente, los que podamos movilizar, ese sí es determinante. Es un tejido social que cuando pueda expresarse eficazmente sacará a Nicolás Maduro del poder. Todas las victorias de la oposición han sido en el escenario electoral.

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¿Qué opina de la consulta que hará el Parlamento entre el 5 y el 12 de diciembre?

—La consulta es un error más en el balance ya negativo de Guaidó, ellos dicen que no hay condiciones biosanitarias para las elecciones, e incluyen un evento que implica en alguna medida exposición a la COVID-19. De ese evento no se va a derivar nada que vaya a cambiar la realidad del venezolano ni es vinculante. Es un desencuentro más entre la agenda de Guaidó con la realidad.

La agenda de Guaidó o de Leopoldo López…

—Ese es otro tema: allí manda es Leopoldo López, aunque Guaidó esté allí, es un instrumento. López es quien decide con factores de poder foráneos hechos como la fallida insurrección del 30 de abril de 2019 o “el macutazo” llamado también “Gedeón”.

En un escenario hipotético. ¿Cómo va a convivir una AN elegida el 6 de diciembre con una directiva del Parlamento que se prorrogue el mandato? ¿Qué pasará con el apoyo de la Comunidad Internacional y el control de los activos que están fuera de Venezuela?

—Nosotros vamos a ejercer las funciones que están en la Constitución y eso implica que la Comunidad Internacional comprenda que el Poder Legislativo que debe ser reconocido es el que resulte elegido el 6 de diciembre. Sobre la continuidad administrativa no tengo mucho que decir: no está en la Constitución.

¿Ustedes confían en que tienen chance de ganar el 6-D?

—Nadie se lanza a una contienda para perder, estamos echando el resto para derrotar al gobierno y que se exprese una mayoría de oposición. Nuestra meta en estas últimas semanas es convencer a los ciudadanos que están más escépticos de participar.

Algunas encuestas sitúan la abstención para el 6-D en 70 %…

—Las encuestas son la fotografía de un momento. Este es un gobierno que tiene 20 años gobernando, y que ha llevado al país al fracaso, logró algo que para los economistas era imposible: quebrar a un país petrolero. La gente quiere la verdad, no fantasías. Estamos trabajando para ganar, con un gobierno como este, en esta coyuntura de la pandemia, la escasez de combustible y la terrible crisis económica. Y es en ese terreno que hay que derrotar al gobierno, la ruta es la acumulación de fuerzas y ganar con votos.

Ustedes son acusados por un sector de la oposición y del electorado de ser una oposición a la medida y acomodaticia. ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Los «colaboracionistas» son los que están con Guaidó y juegan a la intervención extranjera. ¿Qué pasó con la estrategia fracasada para defender Citgo?, ¿dónde está el dinero de la ayuda humanitaria?, ¿qué pasó con las denuncias del exembajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, sobre el mal manejo de la empresa Monómeros? ¿Con qué moral Guaidó cuestiona la opacidad del manejo de dinero del gobierno, si el gobierno interino ha manejado también con opacidad los recursos y activos de la Nación? Nosotros estamos aquí: no en Bogotá, ni en Washington, en un exilio dorado, mientras desde afuera piden guerra y que nos inmolemos y sean nuestros hijos los que pongan el pecho. ¿Cómo esa gente tiene un nivel de vida que no puede explicar, quién los financia, de dónde salió ese dinero?

El Gobierno se aprovecha de esas contradicciones de Guaidó, porque la derrota a la que más temen es a la electoral. La gente no quiere las guarimbas como en el 2014, la ruta de 30-A, «el Macutazo». La ciudadanía lo ha comprendido y no quiere exponerse; nos ha tocado recoger los vidrios.

La agenda de Guaidó y sus operadores promueve la sustitución de una hegemonía por otra. Por eso no son compatibles con nosotros.

Luis Augusto Romero
Romero arengando a la gente junto a Henri Falcón

¿Qué les hace pensar que ustedes no serán perseguidos o criminalizados como el resto de los partidos opositores?

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—Nada. Nada nos hace pensar que eso no pueda ocurrir. Este gobierno no tolera la disidencia; tenemos la obligación moral y política de combatirlo, tenemos ese compromiso y sabemos los riesgos. No tenemos otro país, nadie va a venir a salvarnos. Es un tema que he conversado con amigos y con mi familia.

¿En algún momento tuvieron contacto con el excandidato presidencial Henrique Capriles, cuando se propuso participar en la elección de la AN?

—Sí hubo algún contacto con voceros de mi partido, pero no terminó bien. Creo que él cometió un error al retirarse. El año que viene en las elecciones de gobernadores veremos si participa de algún modo, pero son esas inconsistencias las que luego no tienen explicación.

Usted es politólogo, ¿cree que vivimos en democracia?

—Este es un gobierno hibrido, es lo que llaman «autoritarismo hegemónico». No es una dictadura clásica, por eso es tan difícil confrontarlo. Se escuda en formalidades democráticas como, por ejemplo, esta entrevista que se lee hoy, pero va socavando la institucionalidad, que en nuestro caso tiene un componente militarista que viene en el ADN de la Nación.

¿Cree que hay condiciones electorales para votar el 6-D, pese a que la Unión Europea (UE) dijo que no las hay, y redes de ONG de veedores nacionales coinciden en lo mismo?

—Es una decisión política. Las condiciones operativas del sistema electoral están garantizadas, las medidas biosanitarias se están tomando, las condiciones están dadas para movilizarse. Aún en circunstancias como la COVID-19 hubo elecciones en República Dominicana, en el País Vasco, Surinam, Chile y Estados Unidos, por ejemplo. No hay trampa que aguante el voto masivo, pese a que la maquinaria del Estado está al servicio del PSUV.

Sería una ingenuidad creer que el Gobierno te dará condiciones plenas. Guaidó llegó a donde llegó a través de una épica electoral en 2015. Cuando las comunidades metropolitanas deciden defender sus espacios, ahí la gente cuida el voto y se moviliza. Esa lógica se aplica en Baruta, Chacao y El Hatillo. También en los estados Táchira, Mérida y Nueva Esparta ¿por qué no puede repetirse en todo el país? Por allí por el camino se nos va a atravesar el Referendo Revocatorio, y no es lo mismo ir fortalecidos con 15 gobernadores y 185 alcaldes, que esmirriados. A este gobierno hay que rebanarlo e ir acumulando espacios y fuerzas.

¿Cómo es que ustedes reclamaban un espacio en las negociaciones auspiciadas por Noruega si al mismo tiempo ya se reunían con el Gobierno en lo que se conoce como la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) ¿No cree que eso fue lo que generó la desconfianza hacia la Mesa?

—La Mesa arranca luego del cese en sus funciones de las negociaciones Noruega-Barbados. Nosotros apoyamos ese proceso. Lo que ocurrió allí y que mucha gente no sabe es que en contertulios secretos el G4 pidió que se desmontase la MDN. Nosotros planteamos en su momento que ambas iniciativas se integrasen: es decir; el G4 y la Mesa, pero eso no fue posible por el sectarismo de esa oposición.

A propósito, ¿cómo surgió la Mesa de Diálogo Nacional?

—Frente al descalabro de las negociaciones Noruega-Barbados tomamos la iniciativa de entablar contacto con algunos personeros del Gobierno hace un año, y acordamos trabajar con una metodología de acuerdos parciales. Y así nos hemos mantenido.

¿Cómo financia su campaña electoral?

—Con ayuda de algunos venezolanos, pero es muy precaria. No podemos competir con el partido del Estado, y tampoco con organizaciones con una larga tradición como Acción Democrática que está en la Internacional Socialista. AP apenas tiene nueve años.

¿Cuál fue el último libro que leyó? ¿Ve series?

—Estoy leyendo una biografía de Alejandro Dumas, de Henri Troyat; el último que leí fue “Cenando con Mugabe”, de la periodista holandesa Heidy Holland. Hay una serie buenísima que se llama «El círculo del mal de Hitler», está basada en la llegada del nazismo al poder y su entorno. Me interesa porque hay un teórico llamado Robert Michels que formuló la «Ley de Hierro de las Oligarquías» en su libro «Los Partido Políticos». Es intersantísimo ver cómo se mueve el poder en estos grupos y entornos.

Fotografías: Comando de Campaña de Avanzada Progresista


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