Más de 30 testimonios de familiares y amigos revelan que asesinados en El Ripial eran campesinos

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Carlos José Rojas Abreu fue destituido como segundo comandante de la 92 Brigada Caribe, con sede en Guasdualito, Apure, el 25 de marzo. El mismo en que se ajustició a los campesinos. Rojas fue sustituido por el general de brigada Tito Armando Gómez Ávila. FundaRedes denuncia que las FARC y el ELN siguen operando en Venezuela.

Caracas. En el seno de la Comisión Delegada, que surgió por la reforma del Estatuto de Transición, reposan más de 30 testimonios que revelan que las cinco personas asesinadas el pasado 25 de marzo en el Ripial, La Victoria, estado Apure, no eran guerrilleros y mucho menos terroristas, como afirma el gobierno de Nicolás Maduro, sino campesinos.

La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Comisión Delegada, Delsa Solórzano, destacó el caso de los cuatro integrantes de la familia Ramírez Remolina y aseveró que han recibido más de 30 testimonios sobre estos hechos, muchos de familiares y amigos, que indican que se trataba de campesinos de la zona y no de integrantes de grupos armados. Hoy todos los sobrevivientes temen.

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Foto: Cortesía FundaRedes

La parlamentaria del periodo 2016-2020 se reunió con el equipo de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y le hizo entrega de denuncias de violaciones de derechos humanos por el conflicto armado que se produce en el estado Apure.

Romel Guzamana denunció que efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana robaron a la población civil de la zona.

Sacaban a las personas de sus casas para saquearlas. Se llevaron televisores, neveras, aire acondicionado (…) Fueron hostigados por el propio régimen de Nicolás Maduro, en este caso, los militares venezolanos”.

Luis Lippa hizo un llamado al gobierno de Maduro para que facilite el regreso de las personas desplazadas por el conflicto, unas 4000 hasta ahora. Que se les permita su regreso a su vivienda, a su finca. Que el Gobierno les garantice la seguridad. Cero violencia a los derechos humanos, a la población, que se le ponga coto a esos abusos y excesos, dijo.

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FARC y ELN mantienen operaciones en Venezuela

La ONG FundaRedes destacó que el conflicto armado persiste en Apure y que ya son más de 5000 desplazados hacia Colombia. Asimismo, las FARC y el ELN continúan expandiendo sus operaciones y desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio nacional, así lo evidencian distintas situaciones documentadas por FundaRedes en los últimos días.

En una nota de prensa, Angélica Huérfano, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes en Táchira, denunció que, durante los últimos 7 días, sujetos pertenecientes al ELN han realizado patrullaje e intimidación a la población en los barrios Las Américas y Las Minas de La Fría, municipio García de Hevia, que se resguardan en el cerro La Gloria.

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Foto: Cortesía FundaRedes.

Los habitantes denuncian que hombres con botas negras, brazaletes con la identificación del ELN y armas largas, hacen recorridos en zonas urbanas, instalan puntos de control, requisan a las personas, entre otras prácticas indebidas que mantienen en zozobra a la población”, dijo Huérfano.

José Mejías, coordinador de FundaRedes en Amazonas, recordó que recientemente la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe en el que señala las actuaciones del ELN y las FARC, que manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia.

“Cada vez es más notorio que operan en Venezuela, y desde allí controlan diversas operaciones criminales que impactan hacia el territorio colombiano”, advirtió Mejías.

Dijo el coordinador de FundaRedes en Amazonas que, tanto las FARC como el ELN, están presentes en Autana, parroquia Guayapo, Atures y el Eje Carretero, mientras que en el cerro Yapacana existen aproximadamente 27 minas ilegales en donde desarrollan labores de extracción de minerales.

Omar de Dios García, coordinador de FundaRedes en Falcón, declaró que se tienen evidencias de que el ELN y la FARC se encuentran en esta zona costera, ya que la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas, específicamente, Aruba, Curazao y Bonaire, puente que además les ha servido a estas organizaciones criminales para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento.

No solo es el contrabando de minerales, en Falcón se registra de manera permanente la desaparición de embarcaciones precarias que trasladan a migrantes forzados que huyen de la emergencia humanitaria compleja, y centenares de ellos han caído en estas mafias que los desaparecen, como parte de la permisividad que tienen esto grupos armados irregulares para continuar sus movimientos”, enfatizó García.

Continúa el conflicto en Apure

Javier Tarazona, director general de FundaRedes, alertó que en el país está en desarrollo una guerra híbrida y luego de 10 días de conflicto armado en Apure, la situación se mantiene y es parte de una serie de hechos en los que grupos armados irregulares han pugnado por el control del territorio y el sometimiento de la población civil, como parte de su poderío en Venezuela.

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De acuerdo con Tarazona, el conflicto en Apure inició el 19 de septiembre de 2020, cuando se dio un primer enfrentamiento en El Nula; tuvo una escalada en noviembre con la desaparición de personas en esa región cuyos cadáveres luego fueron abandonados en la zona sur del Táchira; avanzó el 31 de enero con un nuevo enfrentamiento en La Macanilla; y ahora persiste con consecuencias sumamente graves para la población de La Victoria, El Ripial, Arenales, Tres Esquinas, Guafitas y El Ocho.

Destituyen a segundo comandante de Apure

El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, informó este lunes 29 de marzo, que el general de brigada Carlos José Rojas Abreu fue destituido como segundo comandante de la 92 Brigada Caribe, con sede en Guasdualito, Apure.

La destitución del alto oficial se produce a los 10 días del primer enfrentamiento que se dio en la población de La Victoria, en el cual resultaron muertos dos oficiales de la FANB y un cabecilla de los grupos irregulares colombianos, así como 14 militares venezolanos heridos, que fueron trasladados al Hospital Militar de Táchira, y 32 personas detenidas.

Cuatro días después se produjo la incursión en El Ripial, La Victoria, en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia acusados de ser guerrilleros. Sin embargo, familiares y vecinos de la zona afirman que fueron ajusticiados presuntamente por funcionarios de la FANB y de las FAES. Y ese mismo día es destituido Rojas Abreu.

El general de brigada Tito Armando Gómez Ávila asumirá el mando mientras siguen los operativos en medio de las acusaciones del gobierno colombiano que señala a Venezuela de proteger a los grupos insurgentes, más que todo disidentes de las FARC, en territorio venezolano.

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El titular castrense de Venezuela aseguró que: “grupos irregulares” colombianos “atacan a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que se encuentran asentados en el estado Apure.

Padrino López afirmó que estos grupos poseen “armas largas y explosivos”, a lo que agregó que cruzan el río para hacer de las suyas en territorio venezolano y regresan a su país bajo la “mirada cómplice” de las autoridades neogranadinas. “Son cobardes. Cuando son capturados lloran y piden perdón, se acusan los unos a los otros y se traicionan entre sí”, expresó en su cuenta de la red social Twitter.

CIDH preocupada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró su preocupación por el desplazamiento de más de 5000 personas hacia Arauquita, Colombia, debido a los  enfrentamientos que comenzaron el 21 de marzo en el estado Apure entre grupos armados irregulares y fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

En su cuenta de Twitter la CIDH insta a las autoridades de Colombia y Venezuela a adoptar medidas coordinadas para atender y proteger a la población civil desplazada, así como garantizar su retorno voluntario y seguro.

Foto principal: Cortesía.


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