La mañana de este miércoles fue suspendida la visita de los abogados en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Familiares piden saber estado de salud de quienes están presos, pues se conoció extraoficialmente que los funcionarios impidieron que se desarrollara la protesta.
Caracas. Militares y civiles presos políticos detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, iniciaron una protesta desde la noche de este martes 2 de julio.
Según informó a Crónica.Uno el familiar de un detenido, la protesta es para exigir que la comisión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos visite los calabozos, en los que se denuncian torturas.
Agregó que taparon las cámaras de seguridad, presuntamente quitaron los candados y se unieron. Sin embargo, la situación no pudo avanzar ante la respuesta de los funcionarios de la Dgcim.
La mañana de este miércoles estaba prevista la visita de los abogados pero no la permitieron. No le dieron mayor información a los defensores que se acercaron hasta la sede e intentaron pasar en horas de la tarde.
Por este motivo los familiares se acercaron hasta la Dgcim para obtener respuestas de ellos, en vista de los rumores e informaciones que circularon desde la noche del martes.
“Hay mucha desinformación, nosotros los familiares decidimos venir para ver qué está pasando, necesitamos que alguien nos dé la cara, no cualquiera, sino una autoridad que nos dé fe de vida, ya que no existen llamadas y debemos esperar una vez a la semana para saber de ellos. Queremos que se les dé un trato conforme a su condición de militares de la Fuerza Armada”, dijo de forma anónima por miedo a repesarías.
Los presos también piden que les entreguen boletas de excarcelación a quienes las tienen y se concreten los traslados a la cárcel de Ramo Verde. Además exigen que quienes ameriten atención médica sean trasladados, como la pareja de Miguel Rodríguez Torres, quien aparentemente padece de hepatitis C y pone en riesgo al resto de los detenidos.
De acuerdo con la información suministrada a Crónica.Uno, el teniente coronel Marín Chaparro tiene 60 días sin visita legal ni de familiares. Entre las otras exigencias de los detenidos está que se condene a los verdaderos asesinos del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, que identificaron como Blanco Hurtado, Abel Angola, Jhonatan Becerra y Gramko Arteaga.
La mañana del sábado 29 de junio se confirmó el asesinato del capitán Arévalo, como consecuencia de torturas. Fue detenido el 21 de junio, durante la visita de la Alta Comisionada para los DD. HH. de la ONU, Michelle Bachelet.
El militar estaba casi inconsciente y solo pedía ayuda, por lo que se ordenó su traslado al hospitalito de Fuerte Tiuna, donde murió. Su cadáver permanece, hasta este miércoles, en la morgue de Bello Monte.
Según Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público, la autopsia del capitán Acosta Arévalo reveló que tenía 16 arcos costales fracturados, ocho de cada lado; fractura de tabique nasal, excoriaciones en hombros, codos, en las rodillas y hematomas en el mismo y extremidades.
Indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que tenía quemaduras en ambos pies y múltiples excoraciones. Esta información no fue confirmada por familiares o autoridades de la morgue de Bello Monte.
El periodista Eligio Rojas aseguró que la necropsia practicada al cadáver determinó como causa de muerte “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a tromboembolismo pulmonar debido a rabdomiolisis por politraumatismo generalizado” (sic).
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