Misión de Determinación advierte ante el consejo de derechos humanos de la ONU el incumplimiento de recomendaciones en Venezuela

La presidenta de Misión de Determinación de Hechos del Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, Marta Valiñas, advirtió que las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro sobre casos documentados de tortura, detenciones arbitrarias y otros casos de violaciones de derechos humanos en el país son insuficientes y no cumplen con el compromiso firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet si ha visto algunos pasos en “la dirección adecuada en los últimos meses”.

Caracas. La presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela Marta Valiñas, advirtió que las medidas tomadas por el gobierno venezolano fueron insuficientes para corregir los problemas multifactoriales presentados en el informe publicado el 17 de septiembre de 2020 y su posterior actualización en 2021.

Las detenciones arbitrarias, los casos de tortura y las irregularidades procesales se mantienen pese a los pequeños cambios implementados en el sistema judicial para cumplir con un memorándum de compromiso firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, según Valiñas.

Esta misión que evalúa la situación de los derechos humanos en el país desde 2019, presentó una actualización de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 ofreció una actualización oral de su informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela en el concejo de derechos humanos de la ONU.

Los representantes de la misión de determinación de hechos resaltan que el gobierno venezolano reconoció que existe una situación de impunidad que debe ser atendida al firmar un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e implementar medidas para corregir la administración de la justicia en el país, pero están muy lejos de lograr esos cambios, agregó Valiñas.

La presidenta de la misión internacional señaló que los funcionarios señalados por aplicar torturas a presos políticos han pagado condenas mínimas, como por ejemplo, con el caso del detective y el inspector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se declararon culpables del homicidio del concejal opositor Fernando Albán en 2018 bajo custodia de ese organismo policial. Ambos fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión y luego la condena se redujo a 2 años y ocho meses. En la actualidad están en libertad.

También se cuestiona el alcance de las investigaciones en el sistema judicial venezolano, que procesa a los autores materiales de los crímenes, pero no profundiza la investigación para determinar la cadena de mando responsable de esos delitos. Los altos cargos quedan fuera de la investigación y se libran de la responsabilidad de los delitos, siendo ellos los que dan la orden para que sean cometidos, explicó Valiñas.

“Estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo de Derechos Humanos en septiembre. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos”, agregó.

Destacó Valiñas que la ley emitida por la Asamblea Nacional de mayoría madurista, en la cual se plantea la creación de una Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, no ha dado resultados importantes, pues este cuerpo todavía no es operativo o tendría funciones muy limitadas al solo poder supervisar investigaciones y formular recomendaciones.

La recomendación que hace la presidenta de la misión de determinación de hechos es que debe plantearse una reforma completa del sistema judicial, viciado por una ausencia total de independencia de poderes y la interferencia de actores políticos, tal y como se ha recogido en informes anteriores.

La Asamblea Nacional trabaja en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero resultará un proceso insuficiente si no se implementa del modo correcto y parece que más bien profundizaría algunos problemas, dijo.

“En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial”, destacó.

“Todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada”, afirmó.

Las enmiendas de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ más bien otorgan todo el poder a la Asamblea Nacional, que tendrá la capacidad de nombrar figuras claves del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, afirmó.

La presidenta de la Misión alertó que esta reforma de la Ley del TSJ otorga más poderes a la AN con mayoría del chavismo al permitirle nombrar “figuras claves” del Poder Judicial, al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

“En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022, la AN aprobó reformas a la Ley Orgánica del TSJ. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la AN son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil”, sostuvo.

“La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del artículo segundo transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución”, enfatizó.

La Misión que ha trabajado desde Colombia con colaboración de víctimas y familiares, además de ONG defensoras de derechos humanos, porque el gobierno de Nicolás Maduro no autoriza su entrada al país, presentó un primer informe sobre violaciones de DDHH en Venezuela, en septiembre de 2020.

Casos de torturas

La misión destacó los casos de detenciones arbitrarias, violación sistemática de los derechos humanos y tortura que no se han abordado pese a ser denunciados en el informe publicado en 2020.

Valiñas mencionó casos como el de Javier Tarazona, detenido arbitrariamente en julio de 2021 y acusado de terrorismo e incitación al odio el pasado diciembre, y el de Roland Carreño, quien se mantiene detenido en El Helicoide.

“La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado”, denunció.

Se resaltaron las detenciones arbitrarias de Juan Carlos Marrufo, María Auxiliadora Delgado Orlando Moreno y Juan Carlos Guillén, todos sin delitos comprobados y recluidos en prisiones donde se ha denunciado que es común la práctica de la tortura.

Aunque las autoridades han aprobado una serie de traslados de presos políticos a otras cárceles en los últimos meses, este no es el caso de todos y hay quienes se mantienen en espera desde hace años pese a solicitar reiteradamente los traslados.

Ante esta situación, Valiñas aseguró que la crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del estado, se ha agudizado en el país.

En este sentido, exhortó al Consejo de Derechos Humanos que “sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela” y evalúen si se evidencian progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos fundamentales.

Por su parte, la misión continuará pidiendo la colaboración de las autoridades venezolanas a pesar de que durante los dos últimos años estas peticiones han sido ignoradas, afirmó.

“Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año”, insistió.

Caso capitán de navio De La Sotta

La hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly De La Sotta, declaró a través de sus redes sociales sobre la actualización del informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela.

“No, señora Michelle Bachelet en Venezuela no se cumple con la reforma, mi hermano Luis de la Sotta tiene más de tres años preso sin juicio y sin atención médica”, escribió en su cuenta en Twitter.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió la situación de las libertades fundamentales en Venezuela y según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, ha habido algunos pasos en la dirección correcta en los últimos meses.

“La reforma del sistema de justicia y la restructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores. En particular, la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento de los centros de detención”, expresó Bachelet en parte de su intervención.

Molly De la Sotta recordó que en el país hay 67 militares prisioneros con más de tres años sin juicio, 107 han sido presentados torturados en los tribunales y no hay investigaciones sobre estos hechos.

Luis de la Sotta preso desde 2018

El capitán de navío Luis de La Sotta era el segundo comandante de la 8va Brigada de Comandos del Mar que funciona en la Bahía de Turiamo, en el estado Aragua. Las autoridades lo acusaron de acompañar a María Corina Machado en un plan para derrocar al Nicolás Maduro.

Fue aprehendido el 18 de mayo de 2018 por funcionarios de la Dgcim, luego de denunciar que el vicealmirante Edward Ojeda Sojo, nombrado segundo comandante de la Infantería de la Marina, utilizaba vehículos de la unidad para fines personales.

Delsa Solórzano responde a Bachelet

La exdiputada a la Asamblea Nacional electa en 2015 Delsa Solórzano dijo que el informe presentado por la presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela Marta Valiñas, si expresaba la realidad del estado del sistema judicial del país, a diferencia del informe presentado en la actualización de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicado un día antes y según Solorzano, complaciente con el gobierno de Maduro y los responsables de las violaciones de derechos humanos.

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