Sin avances en las investigaciones, el bote Ana María cumple cinco años desaparecido. Familiares de las víctimas, solo saben que el capitán de la embarcación es la única persona que sabe la verdad de lo que ocurrió, y sigue prófugo de la justicia.
Cumaná. Andy Villegas, de 22 años de edad, viajó a Trinidad y Tobago en 2017. Allá tenía familiares y amigos que lo convencieron de probar suerte en la isla, para mejorar sus condiciones de vida en medio de la crisis y el desabastecimiento de alimentos imperante en Venezuela.
Andy solicitó asilo político en Trinidad y Tobago. De 50 personas que optaron por la medida él fue uno de los nueve seleccionados. Debido a las exigencias migratorias debía permanecer en Trinidad, pero extrañaba a su familia y especialmente a su hijo adolescente, por eso viajó a Güiria.
El reencuentro familiar se prolongó más allá de la temporada decembrina y el 16 de mayo de 2019, un día después del cumpleaños de su hermana y su papá, Andy se embarcó en el bote Ana María.
Posteriormente los familiares perdieron contacto con él, solo conocían los rumores que advertían que la embarcación se dañó y entraron a Macuro.
Alertaron a las autoridades y reunidos en el puerto de Güiria hicieron un listado para identificar a los desaparecidos. Junto con Andy viajaban personas provenientes de Anzoátegui, Bolívar, Táchira y Distrito Capital.
Sin rastros de los tripulantes, ni investigaciones, pasaron cinco años desde la desaparición del bote Ana María, que navegaba desde Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, hacía la isla de Trinidad, con 33 personas a bordo.
Todo igual
Entre los tripulantes se encontraban una mujer embarazada, tres niños menores de tres años y un adolescente de 16 años.
Lo último que conocieron los familiares de las víctimas fue que Alberto Abreu –capitán de la embarcación– “sigue prófugo de la justicia y es buscado por Interpol”, explicó Xioglimar Mata, familiar de Andy.
Para el momento de la desaparición, Abreu fue hallado en un hospital de Granada y nosotros le pedimos al alcalde de Güiria, Ander Charles, que pidiera su extradición a Venezuela, porque es la única persona que nos puede decir qué pasó, pero eso no ocurrió”, comentó.
Para ese entonces Isidro Villegas, padre de Andy, era trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y solicitó apoyo a la institución para que le prestaran una embarcación que les permitiera iniciar las labores de búsqueda y rescate. Aunque multiplicaron las acciones no encontraron rastro.
“Por ese motivo pensamos que se trata de tráfico humano, porque no se hallaron los cuerpos y tampoco se encontró el bote. Escuchamos que los tenían otras personas, que estaban en una zona llamada Pargo, pero nada de eso pudimos confirmar”, agregó Xioglimar.
Denuncia internacional
Los familiares de los desaparecidos fueron consecuentes al denunciar el caso e incluso, atrajeron la atención de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en ese entonces Michelle Bachelet, quien pidió para solicitar a los gobiernos de Venezuela y Países Bajos una declaración sobre el caso.
En opinión de Xioglimar, el ruido que hicieron ante la desaparición de sus seres queridos, sirvió para el rescate de otras personas de caer en estas redes.
Teníamos la esperanza de que nuestros familiares fuesen devueltos porque otras versiones apuntaban a que habían sido tomados como “pago por una deuda”, pero no sabemos de quién era esa deuda y tampoco podemos descartar que hayan sido víctimas del tráfico de órganos”.
Los familiares de los desaparecidos fueron enfáticos al señalar la inacción gubernamental, porque las labores de búsqueda de aquel momento, fueron deficientes y superficiales pero además, el seguimiento de las investigaciones del caso es poco.
Explicaron que las audiencias del caso son diferidas continuamente por el Tribunal de Carúpano y las notificaciones son entregadas con poco tiempo de anterioridad.
Con el paso de los años, reconocen que el grupo de familiares consecuentes con la lucha para que se esclarezcan las circunstancias en las que desapareció todo rastro de la embarcación, se ha reducido.
La gente se desanima, muchos se han resignado, otros se fueron del país. Otros están enfermos incluso, algunos han muerto sin saber del paradero de sus seres queridos”, señaló Xioglimar.
La salida ilegal de embarcaciones en Güiria sigue, según vecinos, aunque “es controlada” por el despliegue militar que se generó en defensa del Esequibo, especialmente en la Península de Paria.
Aseguran que también se mantiene la incidencia de delitos como la trata de personas.
“Aunque las personas viajan voluntariamente el mismo es ilegal y fomenta el tráfico humano que es considerado un delito”, agregó Xioglimar.
Un centenar de personas
La desaparición total de los tripulantes del bote Ana Maria no fue el único hecho de este tipo ocurrido en 2019, más de un centenar de personas desaparecieron o fallecieron en las costas sucrenses.
El 23 de abril de 2019, naufragó la embarcación Jhonaily José, solo rescataron a nueve de las 38 personas a bordo.
Un año después, el seis de diciembre de 2020, se denunció la desaparición de los botes Mi Recuerdo y Mi Refugio, con 41 personas a bordo entre ambos.
Desde 2015 más de 150 personas han desaparecido en nueve embarcaciones, cinco en el estado Sucre, tres en Falcón y una en Nueva Esparta, sin dejar rastros.
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