No hay pruebas de comisión de delitos contra jóvenes detenidos por desinfectar en La Victoria

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El abogado defensor Eleazar Medina, explicó a Crónica.Uno que no existen elementos de convicción ni pruebas técnicas que determinen la comisión de los delitos que les han imputado a los seis jóvenes del municipio Ribas del estado Aragua, que fueron privados de libertad por realizar jornadas de desinfección contra el COVID-19.

Maracay. La representación del Ministerio Público no presentó pruebas que determinaran alguna comisión de delitos por parte de los seis jóvenes de La Victoria, durante la audiencia de presentación celebrada el pasado lunes 5 de abril ante el Tribunal Séptimo de Control del estado Aragua.

Eleazar Medina, abogado defensor de cuatro de los detenidos, explica que jurídicamente no existen elementos de convicción, ni pruebas que indiquen que hayan incurrido en los delitos imputados, como el de instigación pública, agavillamiento y manejo indebido de sustancias peligrosas.

De acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, COPP, “quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciere apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de tres años a seis años”.

Ni Eduardo Torres, Carlos Zapata, Daniel Zapata, Yonathan Alvarado, José Páez y Héctor González –refiere el abogado– desobedecieron ley alguna o pusieron en peligro la tranquilidad pública, como para que se califique el delito de instigación pública.

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Andrés Zapata estudia en la UCV. Foto: cortesía

Los jóvenes realizaban unas jornadas de desinfección con agua y cloro contra el COVID-19, en algunos urbanismos de La Victoria, que además fueron solicitadas y autorizadas por las juntas de condominio de los conjuntos residenciales privados. De ello hay suficientes pruebas que confirman que actuaron con la anuencia de las comunidades debidamente organizadas.

El fin de semana, los cuerpos policiales llevaron a cabo más de 30 procedimientos por desacato y desobediencia al decreto de cuarentena radical y las sanciones fueron trabajos comunitarios con libertad plena. A estos muchachos que solo realizaban una labor para evitar la propagación del virus, los privan de libertad, refirió el abogado.

En relación con el delito de agavillamiento, el abogado explicó que este es un delito accesorio que se cae por su propio peso, toda vez que no hubo ni hay una asociación para delinquir, en llevar a cabo una labor social como la desinfección contra el coronavirus.

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El COPP en su artículo 286 señala que el agavillamiento “consiste en la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos. Cada una de estas personas se hace acreedoras, por el solo hecho de la asociación, a la pena de dos a cinco años de prisión”.

En cuanto al delito de manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos, referidos en el artículo 102 de la Ley del Ambiente, el abogado Eleazar Medina afirmó que la Fiscalía nunca presentó pruebas o experticias técnicas que determinaran que la sustancia utilizada durante la desinfección, era dañina o peligrosa.

Los jóvenes utilizaron cloro y agua, la misma sustancia que utilizan los organismos públicos para realizar sus propias jornadas de desinfección. En todo caso, sin experticia del producto, no puede haber certeza de un delito”.

Otro elemento que maneja la defensa es que los seis jóvenes jamás opusieron resistencia a la autoridad. Voluntariamente se trasladaron hasta la sede del comando policial en un vehículo particular, que por cierto quedó retenido.

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Eduardo Torres organiza comedores infantiles en La Victoria. Foto: cortesía.

La defensa no tiene dudas de la inocencia de los jóvenes. No obstante, debe preparar los alegatos que impidan, que en el caso de darse una calificación de los delitos, inclusive en el hipotético caso que admitan los hechos, una pena de hasta ocho años de prisión.

Repudio colectivo

La detención y privativa de libertad de los seis jóvenes victorianos ha generado un gran rechazo y repudio colectivo en Aragua.

Desde los partidos a los que pertenecen, Primero Justicia y Voluntad Popular, así como otras organizaciones políticas y sociales, han emitido comunicados en rechazo a lo que consideran una detención arbitraria y privación ilegítima de la libertad.

Los quieren acusar por ayudar a la comunidad. No se puede criminalizar la solidaridad, ayudar a la gente no puede convertirse en un delito, denunció Richard Mardo, dirigente regional de Primero Justicia en Aragua.

Médicos de la región también manifestaron su rechazo a la detención de los jóvenes, tal y como se lee en la cuenta en Twitter, del pediatra Feder Álvarez, directivo del Colegio Médico de Aragua, en un mensaje alusivo al gobernador Marco Torres.

“Como jefe del poder político regional en Aragua ha decidido mantener presos a seis jóvenes inocentes por tan solo colocar agua y cloro de uso doméstico en una residencia privada en La Victoria. Son jóvenes estudiantes y trabajadores inocentes”.

El presidente de la Sociedad de Pediatría en Aragua, Alejandro Crespo, hizo lo propio desde las redes sociales.

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Seis Jóvenes –escribió en Twitter– salen a tratar de hacer algo por la situación del COVID-19 en Venezuela, chamos de La Victoria, Aragua, atendiendo el llamado de su comunidad. Hoy los tienen presos por limpiar, presos por echarle cloro a unos edificios.

La dirigencia estudiantil universitaria de la UCV, la UC, y la UPEL, también exigen la libertad de los detenidos.

Desde el Centro de Estudiantes de Medicina Sede Aragua, denunciamos la injusta aprehensión de Carlos Daniel Zapata, estudiante de FACES Campus La Morita, y cinco jóvenes más que se encontraban realizando labor social desinfectando edificios de su comunidad. Exigimos su liberación ya, manifestó Andreína López, presidenta del centro de estudiantes de Medicina del núcleo de la Universidad de Carabobo en Aragua.

Carlos Zapata, es estudiante de Administración Comercial en la UC y representante estudiantil, mientras que su hermano, Andrés Zapata, estudia Derecho en la Universidad Central de Venezuela.

Jhonatan Alvarado, por su parte, se dedica a la barbería, y a Eduardo Torres, se le conoce como un luchador social que organiza varios comedores que están al servicio de los niños de La Victoria, según reseña de Primero Justicia, partido al cual pertenecen.

Jonathan Alvarado
Jonathan Alvarado es otro de los detenidos. Foto: cortesía.

José Pérez y Héctor González, líderes juveniles por Voluntad Popular, también participaron de las campañas “Vecinos Solidarios” y “Más Vida Para Ribas”, de PJ y VP, respectivamente, y con las que ya habían abordado varios urbanismos en el municipio.

Hasta el 3 de abril, mientras culminaban la jornada de desinfección en el urbanismo Invica, una comisión de la policía municipal llegó al lugar, les solicita sus respectivas cédulas de identidad y les notifican de la detención. En el trayecto, sorpresivamente la Policía de Aragua se hace cargo del procedimiento y los jóvenes son llevados hasta el comando de Las Mercedes.

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Allí permanecen detenidos hasta que se cumpla el lapso de los 45 días para la celebración de la audiencia preliminar.

Daniel Zapata, La Victoria
Daniel Zapata al igual que los otros cinco jóvenes espera por la audiencia de presentación. Foto: cortesía.

Foto principal: Gregoria Díaz.


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