Trabajadores universitarios alertaron sobre el colapso del salario, el deterioro del sistema de salud y la crisis de la educación pública en Guayana. La denuncia se hizo durante una jornada nacional en defensa de derechos laborales y sociales.

Puerto Ordaz. Ante un nuevo recorte en el pago del bono vacacional, trabajadores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana se sumaron a la protesta nacional convocada por sindicatos del sector universitario.

En la manifestación, denunciaron el deterioro sostenido de sus condiciones laborales y la pérdida de derechos que, aseguran, han sido ignorados por las autoridades.

“El año pasado el bono vacacional rondó entre 180 y 200 dólares. Hoy apenas llega a 70 u 80 (dólares) en el mejor de los casos. Esto es una bofetada a nuestra dignidad”, expresó Albert Villarroel, secretario de contratación colectiva del sector administrativo de la UNEG. 

A su juicio, el recorte representa una pérdida de más del 50 % en el poder adquisitivo de los trabajadores. “Nos están condenando a la miseria”.

Villarroel también cuestionó la falta de voluntad del Ejecutivo para incluir el bono de guerra económica en el cálculo vacacional. Exigió respuestas inmediatas al Ministerio de Educación Universitaria y al presidente Nicolás Maduro.

“Nos han dejado sin respuesta. Exigimos una verdadera política de reivindicación para los trabajadores universitarios. La educación está en crisis y nadie responde”,

enfatizó.

“No se trata de un beneficio”

Uno de los reclamos más críticos señalados por los trabajadores fue el colapso del sistema de salud en el sector universitario.

Manuel Salazar, secretario general del sindicato obrero de la UNEG en Puerto Ordaz, alertó que los seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) contratados por el gobierno son rechazados por clínicas privadas debido a deudas acumuladas. Esta situación deja a los trabajadores sin posibilidad de atención médica, incluso en casos graves o enfermedades crónicas.

“El ministro Ricardo Sánchez está organizando jornadas de salud con otras universidades. Pero eso no resuelve nada. El problema de fondo es que ya no tenemos un HCM funcional. Nos rechazan en las clínicas, y eso atenta directamente contra el derecho a la vida del trabajador”, denunció Salazar. 

“Antes, los trabajadores universitarios podíamos operarnos, atender emergencias, cumplir con tratamientos. Ahora estamos desamparados”, agregó.

Vacaciones con 7 dólares

Para Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG, lo que ocurre con el bono vacacional no es solo una injusticia financiera, sino una agresión directa a la dignidad del trabajador universitario.

“¿Qué tipo de vacaciones puede disfrutar una persona que recibe 7 dólares si es obrero, 20 si es administrativo y 40 si es profesor? Ni para comprar un par de zapatos escolares alcanza”,

cuestionó.

Brito también denunció que el salario base semanal de un trabajador universitario apenas alcanza los 80 bolívares, mientras que el valor del dólar supera los 110.

“Estamos hablando de menos de un dólar a la semana. Es una violación flagrante del derecho a un salario justo y suficiente, como lo establece la Constitución”, advirtió.

Frente a la falta de ingresos, los trabajadores aseguran que deben recurrir a oficios alternativos para sobrevivir durante las vacaciones, desde vender comida hasta ofrecer cursos de repostería o peluquería.

“Es triste que un profesor universitario tenga que convertirse en taxista o vendedor ambulante porque el Estado no valora su formación ni su rol en la sociedad”, dijo Brito.

Colapso universitario por crisis de DD. HH.

Las universidades en todo el país enfrentan un deterioro estructural que vulnera derechos como el trabajo digno, la salud, la educación y una vida con bienestar.

Salarios paupérrimos, precariedad en el sistema de salud, desinversión, fuga de talento y falta de condiciones mínimas para la docencia forman parte de una crisis denunciada en reiteradas ocasiones por organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

En el caso de Ciudad Guayana, la situación se agrava debido a las restricciones de acceso a servicios públicos, los altos costos de vida y la falta de respuestas institucionales.

“Estamos viendo cómo se normaliza la pobreza laboral y el abandono del sistema educativo. No se trata solo de exigencias gremiales, sino de una emergencia humanitaria que afecta a miles de familias”,

concluyó Brito.

Salud vulnerada

La precariedad salarial en Venezuela también ha impactado en el deterioro de la salud mental de la población. El desgaste por recurrir a varios empleos, prescindir de entretenimiento, enseres o servicios para estirar los ingresos, o dejar de hacerse chequeos médicos, forma parte del día a día.

De acuerdo con el Observatorio de Universidades, una encuesta aplicada en 2024 arrojó que 61 % de los profesores de educación universitaria en Venezuela tienen tres o más síntomas de depresión. La ansiedad persistente representó 31 % y la pérdida de interés por hacer alguna actividad, 38 %.

El informe indica que los más afectados son los docentes y estudiantes de universidades gestionadas por el Estado.

El estudio también reveló que, para cubrir gastos médicos, 56 % de los docentes vende bienes personales o pide ayuda a familiares o amigos.

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