La Oficina del Acnudh presentó una actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que resalta la documentación de la estigmatización y criminalización de los actores de la sociedad civil.
Caracas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) presentó este jueves su informe de actualización sobre la situación de los derechos humanos, integridad del espacio cívico y vigencia del Estado de Derecho en Venezuela entre junio de 2020 y abril de 2021.
En ese período, la oficina dirigida por Michelle Bachelet “siguió documentando restricciones a las libertades fundamentales que limitan el espacio cívico y democrático” en el país. Advierten que la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación “se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas” e incluso se ha llevado ante la justicia a defensores de derechos humanos y periodistas.
A continuación les presentamos los aspectos más resaltantes del aparte destinado a documentar la estigmatización y criminalización de actores de la sociedad civil contenidos en el informe:
• La oficina registró 97 incidentes relacionados con defensores de los derechos humanos (periodistas, líderes sindicales, activistas y ONG): “Entre estos incidentes figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización”.
• Entre junio de 2020 y abril de este año, la oficina constató la detención de “al menos 16 personas que forman parte de la oposición”. Aunque la oficina considera positiva la liberación de “decenas de representantes de la sociedad civil y de la oposición que se encontraban en privación de libertad”, advierte que no ha habido grandes avances en el mandato del Consejo de Derechos Humanos relativo a la protección de defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación, ni en las investigaciones de los atropellos en su contra.
• El informe advierte que durante el período en cuestión, “funcionarios continuaron haciendo declaraciones públicas despectivas contra actores percibidos como críticos del Gobierno, incluso a través de medios de comunicación institucionales y sitios web oficiales”. En estas transmisiones, dice el informe sin citar a los perpetradores de estos ataques, las víctimas fueron “calificados de ‘criminales’ o ‘terroristas”, y se llegó incluso a instar “a la persecución penal de esas personas”.
• La oficina relata que conoció de 19 casos de defensores de los derechos humanos (activistas locales, periodistas, sindicalistas y miembros de ONG) que enfrentaban procesos penales en el lapso analizado y, de acuerdo con la información recibida, “las acusaciones se basaron en pruebas poco sólidas” o en la criminalización del derecho a la protesta, a la organización, a la expresión de opiniones o a la participación política.
• El informe también recoge las acusaciones del sistema de justicia contra actores de la sociedad civil por presunta malversación de fondos, pero las imputaciones penales se hacen bajo delitos previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y legitimación de capitales), lo que obliga a la detención preventiva según la ley interna. No obstante, en muchos casos, los retrasos judiciales resultaron en largos periodos de detención preventiva. Bajo aplicación de la mencionada ley, dos miembros de la oposición y un dirigente sindical fueron detenidos en el periodo estudiado.
• La oficina de Bachelet alerta de que la definición de terrorismo contenida en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo “continúa siendo vaga, y se interpreta de manera que engloba una categoría cada vez más amplia de actividades, organizaciones y personas”.
• La instancia de la ONU registró que al menos cinco periodistas fueron objeto de detención, o se les amenazó con serlo, por cargos de “incitación al odio” en virtud de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, del 8 de noviembre de 2017.
• El Acnudh también documentó los casos de dos personas que fueron acusadas de incitación al odio tras publicar contenidos críticos al Gobierno en las redes sociales o en una aplicación de mensajería. Según la ley, el fomento, promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia están penados con 10 a 20 años de prisión. La ley también prohíbe los partidos, organizaciones y movimientos políticos que “promuevan el odio”, sin definir los conceptos de discurso de odio o incitación al odio, lo cual permite un amplio margen interpretativo y limita la previsibilidad para su cumplimiento.
• Explican en el informe que las disposiciones legales vagas que restringen la libertad de expresión no cumplen con lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Consideran que los procedimientos penales contra personas defensoras de los derechos humanos tuvieron efectos multiplicadores sobre toda la sociedad civil, y organizaciones, periodistas y activistas de derechos humanos declararon que habían limitado o cesado sus actividades por temor a ser procesados.
• “Muchos reportaron que habían abandonado el país debido a rumores de investigaciones u órdenes de detención en su contra. Otros decidieron ejercer la autocensura. En el caso de las personas que quedaron en libertad condicional, la posibilidad de volver a ser detenidas se mantuvo, a veces durante años, sin que se levantaran los cargos”, indica la Oficina, que cita como ejemplo el caso de Braulio Jatar, quien fue detenido en 2015 y se le concedió el arresto domiciliario en septiembre de 2016, y libertad condicional en julio de 2019. El juicio contra él sigue en curso, y las audiencias se retomarían en 2021. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha determinado que su detención fue arbitraria.
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