Socieven registró hasta el año 2018, 283 niños, jóvenes y adultos con sordoceguera sin ningún tipo atención educativa. En cuanto al sector salud, la situación de inequidad no varía. El estudio presentado ante la ONU arrojó que en 29 hospitales y ambulatorios 40 % carece de rampas de acceso y 31 % no tiene ascensores.
Caracas. Ver que a una persona en silla de ruedas la están cargando por las escaleras del Metro de Caracas es una estampa de rutina. Así como también ver a un ciudadano con bastón o muletas pasar largo rato en una parada esperando que una camioneta se detenga. La lista de violaciones a derechos a las personas con algún tipo de discapacidad (PcD) podría extenderse. Pero lo peor no eso. Sucede que es el Estado, como garante fundamental de estos derechos, quien incumple sus propias leyes y no vela por la igualdad de los ciudadanos con algún tipo de discapacidad.
A esa conclusión llegó Consorven cuando levantó el informe alternativo sobre la vulneración de estos derechos, documento que fue presentado el 24 de septiembre ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese texto que se levantó de manera conjunta entre 18 organizaciones civiles y universidades, y que se hizo entre mayo y julio de 2019 en 16 estados del país, se denuncia que hasta la fecha en Venezuela solo se dispone de estadísticas sobre las PcD provenientes del Censo de Población y Vivienda del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos resultados arrojaron que había 1.720.311 personas con discapacidad.
También se contempló en ese informe que no se tiene información acerca del desempeño del Consejo Nacional de las PcD y que tampoco hay acceso a su sitio web, www.conapdis.gov.ve.
Juan Ángel de Gouveia, presidente de Consorven, dijo que informaron a la ONU que en Venezuela además se impide o restringe el acceso de personas u organismos que no ejerzan funciones públicas a instalaciones que dependen del Estado (centros de salud, escuelas, cárceles y otras instalaciones sociales).
Gouveia, quien tiene discapacidad auditiva, explicó que llevaron varios casos de violaciones a derechos y discriminación. Citó que presentaron el caso de un joven de 29 años con restricción visual, que murió en el estado Aragua. El hombre quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas y efectivos de seguridad, recibiendo un disparo. Fue trasladado al centro hospitalario y falleció por falta de insumos.
Otro caso expuesto ante la comisión fue el de un muchacho de 28 años con discapacidad intelectual, herido en las protestas de abril de 2017, en el estado Lara. Recibió un disparo en la parte baja de la espalada. También lo llevaron a un centro de salud pública, falleció dos meses después como consecuencia de una fuerte infección que no pudo ser tratada por falta de insumos.
Asimismo, presentaron el expediente de un bebé de dos meses de edad que nació con osteogénesis imperfecta, conocida como “huesos de cristal”. Falleció el 11 de junio en el hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, en el momento en el que se presentó una falla de energía en el respirador. Los familiares aún no reciben el cadáver del niño.
Sin infraestructuras y con alta tasa de analfabetismo
El informe de Consorven revela el dato que le da fuerza a la entrada de esta nota y es que en Venezuela hay ausencia de espacios referenciales para vehículos, falta señalización, hay restricción para el acceso de animales de asistencia en los centros de salud, educativos y de justicia.
El 78 % de las organizaciones que participaron en el texto indica que las unidades de transporte no cuentan con adaptaciones para trasladar a esta población. Se destaca igualmente la persistencia de barreras y falta de accesibilidad en muchos de los terminales terrestres, puertos y aeropuertos.
En educación no se quedan atrás. 46 % de 30 instituciones públicas visitadas en 12 estados presenta limitaciones de accesibilidad en su infraestructura, debido a que cuentan con más de un piso y carecen de rampas, y 76 % no tiene ascensores, condiciones que afectan a estudiantes con movilidad reducida.
Pero Consorven va más allá. Explicó De Gouveia que los problemas para garantizar el derecho a la educación de las PcD se observan en los altos niveles de analfabetismo y las dificultades para acceder al sistema escolar. “De acuerdo con estudios recopilados, 10 % de las personas sordas no sabe leer y 73 % lee muy poco”.
De igual manera, Socieven, organización aliada, registró hasta el año 2018, 283 niños, jóvenes y adultos con sordoceguera sin ningún tipo de atención educativa, otra de las violaciones a derechos consagrados en la Constitución.
En cuanto al sector salud, la situación de inequidad no varía: el mismo estudio arrojó que en 29 hospitales y ambulatorios, 40 % carece de rampas de acceso y 31 % no tiene ascensores.
Asimismo, entre las PcD consultadas, 44 % indicó que lo que les dificulta la ida a los centros de salud es la falta de transporte. Tampoco brindan el apoyo con intérpretes de Lengua de Señas venezolanas y guías de interpretación sordo-ciego, “situación que vulnera el artículo 25 de la Convención, ya que limita la asistencia integral en materia de salud a las personas sordas y sordociegas”.
Denunciaron igualmente la exigibilidad por parte de las autoridades locales, del carnet de la Patria para poder tener algunos beneficios asistenciales y, de hecho, dijo De Gouveia que ya muchos lo tienen precisamente para no quedarse sin esa ayuda.
Ayuda humanitaria para las personas con discapacidad
En medio de la presentación de datos parciales, César Heredia, con discapacidad motora, habló de violación a derechos de los pacientes que están recluidos en el hospital central de Valencia que requieren ayuda urgente: 15 con amputaciones en miembros inferiores y superiores y 30 con escaras.
Por eso insiste en que el ingreso de la ayuda humanitaria llegue también a las PcD. Igual solicitud planteó De Gouveia, quien además recomendó, como algo inmediato, que se cumpla con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y consideró que se debe iniciar de forma inmediata un censo para conocer los datos demográficos y geográficos de esta población en todas las discapacidades.
Por lo pronto, Consorven ya está organizando una red con todas las organizaciones en el ámbito nacional y se prepara para responder una lista de cuestionamientos que está enviando la ONU, algunas lagunas que no quedaron claras en el informe donde hablan de la violaciones a derechos.
Se espera que para la convención de abril de 2020 se presente el informe más completo. Por ahora, con este panorama nacional en sus manos, lo que esperan estas 18 organizaciones es que el Estado implemente planes de acción que minimicen la violaciones a derechos y que conduzcan al diseño y provisión de ajustes razonables como sistema alternativo de comunicación: lengua de señas, visualización de textos, braille, macrotipos, entre otros, en entornos educativos, de salud y laborales. Pero por sobre todas las cosas, que se cumpla y se reglamente la ley que protege a las personas con algún tipo de discapacidad creada en 2007 y ratificada en 2011, de la cual a la fecha no se tiene el reglamento.
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