Pese al diagnóstico médico de depresión realizado por el psiquiatra Juan Carlos Roberty, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Coro, Édgar José Flores, de 29 años de edad, abogado y padre de una niña, ha sido imputado de tres delitos mientras permanece recluido en el Cicpc, luego de ser detenido el pasado 19 de abril en la población de Churuguara, en el estado Falcón, en relación con una protesta en la que usuarios y conductores de la zona reclamaban la escasez de gasolina.
Maracay. “Hazte cargo de mi hija”, esta es la petición que Zuhail Flores recibió a través de una improvisada carta que su hermano Édgar José Flores Sánchez logró escribirle desde una de las celdas del Cicpc en Coro, estado Falcón. Flores es un paciente psiquiátrico con depresión clínica.
Allí, Flores permanece recluido desde el pasado 19 de abril, cuando fue detenido en la población de Churuguara, en la sierra de Falcón, señalado de supuestamente haber agredido al alcalde del municipio Federación, Castor Díaz, en relación con una protesta en la que usuarios y conductores de la zona reclamaban la escasez de gasolina.
La carta fue una alerta. A los seis meses de nacido sufrió un cuadro febril que devino en convulsiones repetitivas. A los seis años de edad presentó un traumatismo encefálico como consecuencia de una caída, y desde entonces ha estado sometido a medicación farmacológica permanente.
En las evaluaciones psiquiátricas que le han realizado desde adolescente, tanto en Coro como en Barquisimeto, se le diagnosticó trastorno afectivo orgánico con síntomas psicóticos, cuadro depresivo severo y alucinaciones auditivas y visuales, sumado a unos antecedentes familiares de esquizofrenia.
En medio de este cuadro clínico, Flores logró graduarse de abogado en la Universidad de Falcón, Udefa, en 2014. Se casó y de esa unión nació una niña que hoy está al cuido de su abuela paterna, tras su separación matrimonial.
Ejerció por poco tiempo, pues presenta pérdida repentina de la memoria. Aun así, decidió emigrar a Costa Rica, en donde vivió con su hermana Zuhail. Allí sufrió cuadros depresivos que luego lo llevaron a Argentina, hasta que después de año y medio decidió volver a Churuguara.
El 15 de abril de este año, un grupo de productores agrícolas, comerciantes y pobladores de Churuguara reclamaban la grave escasez de gasolina en la zona. Flores tenía premura por viajar a Barquisimeto para su impostergable consulta psiquiátrica y la compra de sus medicamentos. Pero no tenía cómo trasladarse.
En medio de la protesta, los ánimos se caldearon y el alcalde de Federación, Castor Díaz (PSUV), terminó agredido junto con el comandante de la Guardia Nacional en la zona, Rudy Gafaro. La protesta fue disuelta por la Guardia Nacional con bombas lacrimógenas y cuatro días después, en horas de la madrugada, comisiones del Cicpc y de la GNB irrumpieron en las viviendas de tres pobladores de Churuguara y, sin ninguna orden de aprehensión, fueron trasladados hasta Coro, capital del estado.
Se trata de Miguel Vargas, agricultor y comerciante; Edgaris Berias Barrios, comerciante de hortalizas, y Édgar Flores Sánchez, abogado, a quienes les dictaron privativa de libertad luego de ser imputados por la fiscal Elsy Villegas de los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas, durante la audiencia de presentación en el Tribunal Segundo de Control a cargo de la jueza Alejandra Mora.
La jueza Mora desestimó entonces todas las pruebas presentadas por la defensa sobre la condición de paciente psiquiátrico de Flores. Lo único que admitió la funcionaria fue una evaluación de un psiquiatra, que se llevó a cabo el pasado 13 de mayo, una vez que los familiares y la defensa de Flores lograron juramentar al doctor Juan Carlos Roberty, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Coro.
“Paciente con memoria con discretas alteraciones, fenómenos sensoperceptivos auditivos y visuales (alucinaciones), lenguaje algo rápido, en oportunidades con incoherencias, pensamientos con ideas místicas y fantasiosas, de igual manera refiere ideación suicida en varias oportunidades, ya que dice escuchar voces que le indican que lo haga”, señala el informe manuscrito, firmado y sellado por el psiquiatra Roberty.
La recomendación del especialista fue de mantener los controles médicos psiquiátricos y neurológicos, su constante medicación farmacológica y el cuidado permanente de sus familiares.
Pero la jueza Alejandra Mora solicitó más tiempo para tomar una decisión, mientras que la fiscal Elsy Villegas se niega a calificar a Flores como paciente psiquiátrico. Durante la audiencia de presentación, Flores insistió en asumir su propia defensa y, de acuerdo con los testigos, “fue magistral. Por eso la fiscal duda de que una persona con tal inteligencia, pueda poseer una condición psiquiátrica como la que certifican los médicos especialistas”.
“Yo quiero ser firme en esto –señaló Édgar Flores Pereira, padre del imputado–: responsabilizo al alcalde del municipio Federación, Castor Díaz, a la fiscal Elsy Villegas y a la juez que lleva este caso por lo que le pueda pasar a mi hijo, quien desde la preadolescencia presenta estados fuertes de depresión y quien tiene un tratamiento muy estricto que lo ha abandonado totalmente a raíz de su detención”.
Y es que Flores, desde su reclusión, no ha recibido ningún tipo de tratamiento o atención médica, y mucho menos la visita de sus familiares, debido a las medidas por el COVID-19. Lo mantienen hacinado junto con otros detenidos, quienes han sido testigos de varios ataques de pánico que ha sufrido dentro del calabozo.
Édgar Flores Pereira, el padre, debió establecerse en Coro. Es quien todos los días le lleva la comida y algunos de sus medicamentos que son recibidos por los custodios y que en varias ocasiones han olvidado suministrárselos.
Mi papá intentó varias veces hablar con el alcalde, pero le cerraron la puerta de la casa y nunca respondió los mensajes que le envió. Mi mamá debe soportar las burlas e insultos que en la calle lanzan contra mi hermano, en las que le dicen: ojalá dejen preso al loco de tu hijo”, narró compungida Zuhail Flores.
La familia y la defensa, mientras tanto, intentan un acuerdo con el tribunal y el Ministerio Público para que Flores, al igual que los otros dos detenidos, sean trasladados a Churuguara para que desde allí se continúe el proceso judicial con una medida de casa por cárcel, aunque insisten en la inocencia no solo de Flores, sino también de Vargas, Berias Barrios y Medina, pese a que la fiscal cuarta ratificó tres de los cuatro delitos: incitación al odio, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas.
La jueza de la causa cuenta con un lapso de 15 a 20 días para admitir o no la acusación de la Fiscalía, convocar a una audiencia oral y a un juicio.
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