Tras cuatro años sin aumento salarial, gremios universitarios convocan un paro nacional de 24 horas este 22 de abril. La medida agrupa a profesores, obreros y administrativos de 16 universidades que exigen ajuste salarial y denuncian recortes en servicios básicos.
Caracas. Con salarios que no superan los $3 mensuales en su nivel más alto, los profesores universitarios convocaron a un paro nacional de 24 horas este 22 de abril, en medio de una crisis que combina deterioro salarial y falta de presupuesto.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) anunció la paralización como parte de una escalada de protestas centradas en el colapso de los ingresos y las limitaciones operativas del sistema universitario. Este martes, 21 de abril, los universitarios ratificaron que al menos 16 universidades públicas del país se sumarán a la protesta.
José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv, informó que la medida fue aprobada durante una asamblea. Según el docente, la situación laboral afecta no solo a los profesores, sino también a obreros y empleados administrativos de todas las casas de estudio.
“Las remuneraciones se aproximan a cero. Demandamos un ajuste inmediato porque el salario es lo que da valor al mérito, la jerarquía y la experiencia de todo el sector educativo venezolano”, sostuvo.
Crónica Uno expone los factores que desencadenan esta protesta y las exigencias planteadas por los trabajadores públicos.
1. Cuatro años sin aumento
Afonso denunció que la precariedad salarial afecta el proceso de enseñanza y ocasiona la migración de docentes. Actualmente, un profesor titular, el de mayor categoría y dedicación, no llega a percibir ni $3 mensuales de sueldo base.
Además, señaló que la pérdida del salario impacta otros beneficios laborales. Los acuerdos federativos, asociados a porcentajes del sueldo, han quedado sin efecto. También se han visto afectados la seguridad social y el servicio de HCM, retirado de las universidades y asignado a una empresa privada.
“No contamos con las mismas plantillas de profesores. No hay renovación del plantel y esto repercute en la docencia, la investigación y la extensión”.
El último aumento del salario mínimo en Venezuela se decretó el 25 de marzo de 2022. Desde entonces, el sueldo se mantiene en 130 bolívares. En ese momento, la cifra equivalía a $30; hoy, representa apenas $0,27, por debajo del umbral de pobreza extrema fijado por el Banco Mundial, que establece un mínimo de tres dólares diarios para subsistir.
Ante esta realidad, los gremios critican que la política oficial se limite a bonificaciones que no inciden en prestaciones sociales, bonos vacacionales ni aguinaldos. Para los representantes profesorales, las declaraciones gubernamentales sobre un “aumento responsable” solo prolongará la crisis.
2. Paro a escala nacional
El dirigente gremial aclaró que la convocatoria es nacional. En el encuentro previo participaron representantes de federaciones que agrupan a distintos sectores, como Fenas-Oes (obreros), Fenas-Prau (administrativos), Fenas-Ipruf (profesionales) y Fapuv (profesores).
Afonso explicó que la medida impactará a 16 universidades nacionales, donde se concentra la mayoría de la matrícula estudiantil, y que algunas universidades politécnicas territoriales también se sumarán a la protesta. Esta coincidencia refleja el alcance del reclamo dentro del sistema público universitario.
Desde 1982 no existen diferencias salariales entre universidades en Venezuela; todos los trabajadores dependen de una misma tabla que hoy está “pulverizada”, alertó el gremialista.
La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (Apula) respaldó la protesta, mientras que la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) confirmó su participación.
Para este miércoles, la acción central en Caracas será una protesta pacífica en las puertas de la UCV, en el acceso de Tamanaco. “24 horas de paro. Y si el Gobierno no responde, él sabrá si tiene que entenderse con las universidades paralizadas o funcionando”, afirmó Afonso.
3. Presupuesto confiscado
Según Afonso, el presupuesto universitario ha pasado de insuficiente a inexistente. Las universidades no disponen de recursos para mantenimiento, comedores ni investigación, debido a la centralización en el Ejecutivo Nacional.
El Gobierno también asumió el mantenimiento de la infraestructura mediante una comisión presidencial que contrata empresas y define las obras, lo que desplaza la gestión de las autoridades universitarias.
Lo mismo ocurre con los comedores: antes, las universidades recibían partidas para alimentos y rendían cuentas; ahora, el Ejecutivo compra los insumos y administra el servicio, lo que se define como una “intervención de nuevo tipo”.
“Esta centralización también alcanzó los beneficios estudiantiles e investigación. Las becas de estudiantes ya no se transfieren a las universidades, sino por el Sistema Patria. Mientras que los recursos para becas doctorales y eventos científicos ahora dependen del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
En términos de cifras oficiales, la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 (Gaceta Oficial N° 6.779) ya reflejaba esta brecha. Para ese año, a la UCV se le asignó apenas un porcentaje cercano al 10 % o 20 % de lo solicitado por sus autoridades para un funcionamiento óptimo.
En 2026, los montos en bolívares se diluyen frente al alza del dólar, lo que convierte el presupuesto en un recurso simbólico, según Afonso.
“La universidad fue despojada del presupuesto público. Esta confiscación de recursos impide el ejercicio de la autonomía y el mantenimiento básico de los servicios estudiantiles”, detalló.
De no producirse una respuesta oficial, los gremios advierten que las acciones de protesta podrían escalar en duración o alcance, en un escenario donde la operatividad académica depende cada vez más de medidas de presión sostenidas y la voluntad de los gremios de permanecer en sus puestos de trabajo, pese a las malas condiciones de trabajo que han denunciado desde 2018.
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