El presidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela y exdiputado, Walter Márquez, cuestionó la reapertura fronteriza parcial porque, según él, no corrige “el trato inhumano y degradante a las personas que requieren cruzar por los puentes internacionales hacia Colombia por razones humanitarias”.
San Fernando. Para el director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela, Walter Márquez, la reapertura parcial de la frontera colombo-venezolana, viola derechos humanos elementales y “es un hecho que tenemos que reprocharle tanto a Petro (Gustavo) como a Maduro (Nicolás)”.
El pasado lunes 26 de septiembre, se restableció el paso peatonal y transporte de carga pesada entre el Táchira y el Norte de Santander, así como por la guajira colombo-venezolana, pero no ocurrió lo mismo en el paso Apure-Arauca, zona en la que solo se habilitó el transito peatonal más no el comercial, debido a supuestas fallas estructurales en el puente binacional.
Márquez considera que la reapertura debe ser “total” y que al no autorizar el paso de vehículos particulares y transporte público, “se continúa dando un trato inhumano y degradante a las personas que requieren cruzar por los puentes internacionales hacia Colombia por razones humanitarias”.
El clímax en los cierres fronterizos ocurrió en febrero de 2019, cuando el líder opositor, Juan Guaidó, intentó ingresar ayuda humanitaria al país a través de Colombia, lo que originó enfrentamientos en el paso desde Cúcuta hacia el Táchira y más tarde en el cierre definitivo de la frontera por parte de Nicolás Maduro.
En 2017 ocurrió una reapertura parcial, tras la decisión binacional de cerrar la frontera, en 2015, luego de que Maduro expulsara a 1500 colombianos de Venezuela, según él, por motivos de seguridad después de un incidente en el que fallecieron dos militares venezolanos.
Márquez sostiene que con la llamada “reapertura gradual”, se estaría violando el derecho al libre tránsito contemplado tanto en la constitución venezolana como colombiana, en el Tratado de Tonchalá suscrito entre ambos países, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, asegura Márquez.
Los derechos constitucionales y los tratados internacionales no son graduales y sólo se ejercen o se vulneran”, aclaró el también presidente de la fundación de derechos humanos El Amparo.
Falsas promesas
Para Márquez, el presidente colombiano, Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, incumplieron con el compromiso de reapertura fronteriza prometido.
El hecho de que no se reabra totalmente la frontera al libre tránsito de personas y bienes, es producto de un acto de fuerza, ya que no existe ni Estado de excepción, ni se ha limitado el derecho al libre tránsito en ninguno de los espacios fronterizos de los dos países”, aseguró.
Para el defensor de los derechos humanos, es “positivo” la reanudación del paso de transporte de carga y compara que, bajo el mandato de Hugo Chávez, anterior a Maduro, el intercambio comercial facturó 7269 millones dólares, pero con el cierre de frontera del año 2015, este descendió a 1352 millones y, en 2021, con la clausura de 2019, apenas se tranzaron 400 millones de dólares en intercambio.
Márquez considera además que “se requiere la humanización de la reapertura fronteriza mediante el cruce de vehículos particulares, para eliminar el paso peatonal por ser violatorio de los derechos humanos”.
Trato discriminatorio al Apure-Arauca
En el caso del puente internacional José Antonio Páez, hay un trato discriminatorio de las relaciones del Arauca y el Apure, a quienes tampoco les están permitiendo una apertura real de la frontera al no haber libertad de tránsito de mercancía, de transporte público y de vehículos particulares”, agregó.
El presidente de Ciciven desestima el argumento oficial, según el cual no se restablece el tránsito de vehículos particulares para evitar el colapso de las poblaciones colombianas.
Recuerda que los lugareños fronterizos no necesitan aparataje para retomar sus naturales relaciones integrales.
“El mandato constitucional es la apertura total de la frontera para que haya libertad de tránsito, de personas y de bienes y eso no está sujeto a la discrecionalidad de ningún funcionario”, recalcó el defensor de derechos humanos.
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