Las críticas negativas a la propuesta de reforma del Estatuto para la Transición y las acusaciones de inconstitucionalidad por parte de juristas reconocidos, llevaron a PJ a matizar algunos elementos de su proyecto. La sesión para dar la segunda discusión y aprobación del proyecto se esperaba para el 30 de diciembre pero la falta de consenso obligó a suspenderla. El lunes 3 de diciembre tampoco se dio el debate a la hora anunciada.
Caracas. El pasado 24 de diciembre, en una sesión fugaz, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2016-2021, convocó a la plenaria del Parlamento electo en 2015 a una sesión extraordinaria para el 27 de diciembre con el fin de discutir la reforma del Estatuto para la Transición.
La sesión se produjo, Primero Justicia presentó un proyecto de reforma en una sesión plenaria virtual, con la asistencia a distancia de poco más de 100 diputados. El contenido del proyecto no se hizo público en ese momento sino que algunas partes del mismo se fueron conociendo de manera fraccionada con el paso de los días. Hoy Crónica.Uno tuvo acceso al documento completo.
En todo caso, con el voto salvado de Encuentro Ciudadano, Alianza Lápiz, los diputados de Voluntad Popular Sergio Vergara y Renzo Prieto, Convergencia, 16 de Julio, La Causa R, Proyecto Venezuela, entre otros, la presidencia anunció que el texto presentado por Primero Justicia fue aprobado en primera discusión.
¿Qué decía la propuesta inicial de PJ?
La propuesta de reforma del Estatuto para la Transición presentada por PJ básicamente modificaba cinco artículos del Estatuto vigente, eliminaba otros cuatro y anulaba la vigencia de ocho decretos presidenciales dictados por Juan Guaidó en los que se daba forma y estructura a los distintos entes del gobierno encargado.
Aunque en esencia la reforma plantea la continuidad de la vigencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 a través de la Comisión Delegada por un año más, así como la continuidad de la presidencia encargada de la república, ejercida por Juan Guaidó, el instrumento promovido por Primero Justicia contenía además los siguientes elementos:
- Limitar únicamente a dos las competencias del presidente encargado (representar a la república en los juicios para la defensa de los activos en el exterior y defender la democracia).
- Las demás competencias que según la Constitución corresponden al presidente de la república, como por ejemplo la designación del personal diplomático, la ejecución presupuestaria, la reglamentación de las leyes, la designación de altos funcionarios y directivos de las empresas del Estado incluyendo las directivas ad hoc de PDVSA y otras empresas, pasarían a ser ejercidas por la Asamblea Nacional en Comisión Delegada.
- Eliminar casi toda la infraestructura del gobierno encargado (comisiones presidenciales, comisiones consultivas y juntas reestructuradoras) excepto la Comisión de Administración del Gasto.
- Suprimir por completo la Procuraduría Especial.
- Eliminar el Consejo Político (ente que nunca se instaló de manera oficial).
- Se planteaba que la Asamblea Nacional podría constituir fideicomisos “o cualesquiera otros instrumentos contractuales y financieros” para la defensa de los activos en el exterior.
- Y proponía poner en manos de la Comisión Delegada la postestad de “autorizar total o parcialmente el uso de fondos públicos”, tarea que antes correspondía al Consejo Político.
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Un detalle
Esta propuesta de reforma del Estatuto para la Transición fue apenas esbozada por el diputado Alfonzo Marquina (PJ) el día del debate, el 27 de diciembre.
Llamó la atención que ese día solo intervinieron cuatro diputados: Marquina para presentarlo; Freddy Guevara de VP para indicar que su partido apoyaba la continuidad pero rechazaban el recorte de competencias y reducción del gobierno encargado; Edwin Luzardo de 16-J para advertir que el proyecto violaba la separacion de poderes y por tanto no lo apoyaban; y Delsa Solórzano en nombre de un grupo de diputados principales y suplentes para apoyar la continuidad, pero rechazar la transferencia de competencias del Ejecutivo al Legislativo y por tanto salvar el voto.
Fue llamativo que no interviniera ningún diputado de Acción Democrática ni de Un Nuevo Tiempo.
En diciembre de 2020, cuando se hizo la primera reforma del Estatuto para la Transición, AD salvó su voto por considerar que al no existir –desde su perspectiva- una nueva Asamblea Nacional electa legítimamente, se prorrogaba de forma automática el mandato de la AN 2015.
UNT por su parte, salvó el voto recientemente, en noviembre, en el debate sobre la crisis de Monómeros, optando por no apoyar ni a VP ni a PJ.
¿Qué pasó desde el 27 de diciembre hasta hoy?
Antes del 27 de diciembre, el 24, la Procuraduría Especial hizo pública su posición de rechazo a la propuesta de reforma del Estatuto para la Transición impulsada por PJ, argumentando que era inconstitucional porque atentaba contra la separación de poderes, eliminaba los controles previos de la AN sobre el Ejecutivo y amarraba la capacidad de la presidencia encargada de gestionar alianzas.
El mismo 27 de diciembre, los integrantes de la Fracción 16-J por un lado, y un grupo de 22 diputados encabezados por el segundo vicepresidente de la AN Carlos Berrizbeitia y Delsa Solórzano por el otro, comunicaron a la plenaria su decisión de apoyar la continuidad del mandato de la AN y de Guaidó pero rechazar de forma tajante la ruptura de la separación de poderes y el recorte de competencias a la figura del presidente encargado.
Al finalizar la sesión virtual del 27 de diciembre, Juan Guaidó anunció que iniciaría de inmediato una consulta pública sobre el proyecto, para escuchar la opinión de reconocidos juristas y organizaciones especializadas sobre el tema.
El 29 de diciembre, apenas un día antes de la fecha en que se esperaba la segunda discusión de la propuesta de reforma del Estatuto para la Transición, la diputada Delsa Solórzano con autorización de Guaidó difundió las opiniones escritas recibidas por la Delegada sobre el proyecto de Primero Justicia. Todas las opiniones publicadas fueron de apoyo a la continuidad de la AN y del gobierno interino pero de rechazo por inconstitucionalidad del resto de los elementos de la propuesta por considerar que violan la separación de poderes y la Constitución (Crónica.Uno no pudo determinar si esas fueron todas las opiniones solicitadas):
- Allan Brewer Carías consideró que la propuesta constituía “el suicidio del régimen de transición”;
- José Ignacio Hernández alertó que el proyecto constituía la eliminación de la presidencia encargada para dar paso a un gobierno parlamentario no previsto en la constitución y sin garantías para la protección transparente y despolitizada de los activos;
- Román Duque Corredor agregó que la decisión sobre la reforma no podía bajo ningún concepto recaer únicamente en la Comisión Delegada (integrada por 18 diputados) sino que debía ser avalada por la plenaria (al menos 84 diputados electos en 2015);
- Fernando Fernández, sostuvo que limitar las competencias del presidente encargado y traspasar la representación de la república a la AN quitaría credibilidad y “anularía la legitimidad constitucional del gobierno interino, en lo cual se soporta el apoyo internacional de países y organismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
- El Consejo Superior de la Democracia Cristiana apoyó la continuidad del gobierno interino pero rechazó que las competencias del presidente encargado fueran reducidas de forma arbitraria y aseguró que se pone en riesgo la representación de la nación en los juicios donde Guaidó ya es reconocido.
PJ pone en la mesa una propuesta alternativa
El 27 de diciembre Guaidó anunció que la segunda discusión del proyecto se haría en la víspera de noche vieja, el 30 de diciembre. Sin embargo, ante la ola de reacciones negativas y críticas al proyecto inicial presentado por Primero Justicia, el debate no se produjo.
La tolda aurinegra se vio forzada a poner sobre la mesa una propuesta alternativa de reforma para intentar sumar apoyos. Esta iniciativa no ha sido debatida en la Delegada ni en la plenaria, sino entre los jefes de fracción y Crónica.Uno tuvo acceso al documento.
El texto comienza por señalar (artículo 15) que el presidente de la Asamblea Nacional actuará “accidentalmente” como encargado de la Presidencia de la República a los únicos efectos de dirigir la protección de los activos del Estado en el extranjero y defenderla democracia. En la propuesta inicial la palabra “accidentalmente” no aparece.
En el artículo 16 de la primera propuesta de reforma, PJ plantea que sea la Comisión Delegada de la AN la que coordine la política diplomática y designe a los representantes diplomáticos. En la propuesta alternativa, PJ matiza: “El Presidente de la Asamblea Nacional, con la concurrencia necesaria de la Comisión Delegada, coordinará las relaciones exteriores de la República” y “podrá designar jefes de misiones diplomáticas con autorización de la Delegada”. Pero luego transfiere a la Delegada la designación de representantes para asuntos relacionados con derechos humanos, migración, crisis humanitaria, lucha anticorrupción y ordena que esos funcionarios se reúnan mensualmente con la comisión de Política Exterior para informar sobre sus tareas y rendir cuentas ante la Delegada.
El artículo 17 de la propuesta aprobada en primera discusión el 27 de diciembre dice que la Asamblea Nacional a través de la Delegada designará a las juntas directivas ad hoc de las empresas públicas y creará fideicomisos para proteger los activos. En la propuesta alternativa, PJ rescata nuevamente la figura del Procurador Especial, el cual sería nombrado por el presidente encargado (tal como funciona según el Estatuto para la Transición aún vigente), pero agrega que tanto el presidente como el procurador especial deberán comparecer semanalmente ante la Delegada a informar el avance de los juicios.
Y por último, esta propuesta agrega dos disposiciones finales que aparecen enumeradas como artículo 42 y artículo 43. El articulo 42 indica que todos los cargos de representantes diplomáticos y directivos ad hoc pasarán por un proceso de evaluación (no dice por parte de quien) para dictar su ratificación o remoción antes del último día de febrero de 2022. El artículo 43 acota que la prórroga de este mandato de la presidencia encargada por un año más no se traducirá en la asignación de nuevos recursos, sino que los entes del gobierno encargado tendrían que seguir operando con los recursos ya aprobados para 2021.
Este domingo 2 de enero, pasadas las 9 de la noche, el departamento de comunicaciones de la AN 2016-2021 convocó a la prensa para hoy 3 de enero a las 11 am para la segunda discusión de la reforma Estatuto para la Transición; sin embargo, a las 6:15 de la tarde hora de publicación de esta nota, esa sesión no había iniciado y la prensa no había sido informada sobre su reprogramación. En todo caso, el debate debe darse a más tardar este 4 de enero, fecha tope de la prórroga que la Asamblea Nacional electa en 2015 se dio a si misma y al gobierno encargado en diciembre de 2020.
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