No es la primera vez que el país es impedido de participar en la toma de decisiones en organismos internacionales por no cumplir con sus cuotas. Desde 2013 al país se le retiró, en al menos cuatro ocasiones, la posibilidad de sufragar en la Asamblea General de Naciones Unidas por el mismo motivo
Caracas. “Deuda no pagada, puerta cerrada”. El gobierno de Nicolás Maduro está descubriendo la veracidad de este refrán castizo, pues ha visto como por no pagar sus cuotas con la Corte Penal Internacional (CPI) se le ha impedido poder participar en la elección de los dos fiscales adjuntos que trabajarán junto al jurista Karim Khan en la investigación de crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos en el mundo, incluyendo Venezuela.
La decisión la adoptó la Asamblea de Estados partes del tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) este viernes, informó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La organización aseguró que el Estado adeuda al juzgado internacional 12.816.996 euros (14.503.776.76 dólares), pues no ha realizado ningún tipo de pago desde 2018.
La sanción está sustentada en el numeral 8 del artículo 112 del Estatuto de Roma, el cual establece: “El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos”.
No obstante, dicha norma también ofrecía a las autoridades venezolanas las posibilidades de evadir esta medida, pues estipula que “la Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte”. Pero visto el resultado la Administración de Maduro no recurrió a esta excepción.
Una mala costumbre
La Asamblea de la CPI no es la primera instancia internacional en la que Venezuela pierde su derecho al voto, debido al incumplimiento de sus obligaciones económicas.
Desde 2013, en al menos cuatro ocasiones, al Estado se le ha negado temporalmente la posibilidad de participar en la toma de decisiones en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas por el mismo motivo. La última vez fue el año pasado.
En 2020 también el país vio suspendido su derecho a sufragar en el Consejo de la Organización Panamericana de la Salud, por su abultada deuda. Según el reporte de recaudación de la instancia, Venezuela adeudaba 7.851.219 dólares por impagos acumulados desde 2017. La medida no pudo producirse en un peor momento, justo en el medio de la pandemia del COVID-19 que ha golpeado al mundo.
Las autoridades han atribuido muchos de estos incumplimientos a “motivos fuera de su control” como las sanciones que gobiernos como el de Estados Unidos y los de la Unión Europea (UE) han impuesto y las cuales impiden transferir los importes. La mayoría de las sanciones han sido impuestas contra individualidades y las dirigidas contra empresas públicas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se impusieron luego de 2017.
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