Familiares de los detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como zona 7, aseguraron que los funcionarios les cobran en dólares por beneficios. La noche del martes asesinaron a dos reclusos en un motín.
Caracas. Más de 20 presos de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicados en Boleíta presuntamente están enfermos de tuberculosis, y no reciben tratamiento continuo porque estos no son suministrados periódicamente por los entes públicos.
Yaneth Arenas, madre de uno de los detenidos contagiados, comentó que se ha encargado de hacer una lista con los presos que necesitan atención médica. En un cuaderno, que lleva en su cartera, tiene 14 nombres con número de cédula y datos de sus familiares. Pero esta cifra podría pasar de 20, ya que aseguran que hay más contagiados y estos ni siquiera reciben visitas.
Contó que su hijo, de 28 años, quien tiene un año y ocho meses en los calabozos de la antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana (PM), recibe los medicamentos esporádicamente.
Las medicinas no han llegado a la sanidad y por lo tanto no tengo cómo traerle las medicinas, es decir, ahorita él no está tomando nada y ellos deben tomar medicamentos como por tres meses. Debe tomar tres pastillas diarias y mientras no nos las den es muy difícil que se cure”, contó Yaneth.
La mañana de este miércoles 4 de septiembre un grupo de familiares se reunió a pocos metros de la sede, pues la noche del martes se generó un motín en el que asesinaron a dos reclusos.
La PNB tomó la zona y cerró el paso desde la avenida Francisco de Miranda, cerca del Centro Comercial Líder. Dos parientes ingresaron a constatar la situación y confirmaron los dos fallecidos.
Según información extraoficial, Erick José Gastón Pantoja y Javier Román Castillo fueron asesinados por arma blanca.
Los familiares de Erick contaron que tenía 24 años y estaba preso por robo agravado. Aseguraron que lo decapitaron porque estuvo involucrado en el robo de un celular dentro de las celdas.
La situación generó una protesta tanto de parientes como de detenidos, porque alegan que no los trasladan a las audiencias si no les pagan a los funcionarios de custodia.
Madres y esposas contaron, de forma anónima por miedo a venganzas, que deben pagar 10.000 bolívares para pasar a las visitas de forma privilegiada o 3000 por hacer la cola normal.
La hora de la visita conyugal cuesta 40.000 bolívares. Uno puede estar las horas que quiera siempre y cuando pague. Nos meten en unas oficinas de unas oficinas de los policías”, dijo la esposa de un detenido que tiene más de dos años ahí. Agregó que hay nueve cuartos para dicha visita.
Los presos nuevos llegan a la celda conocida como el Tigrito, que describen como muy pequeña. Si desean cambio a una más cómoda deben cancelar aproximadamente 100 dólares.
“Cuando a mí me tocó pagamos en bolívares, como 50.000, pero para ese momento era un dineral. Uno no tiene para medio comer y además hay que pagar de todo aquí. Y ahora en dólares”, señalaron.
Otro de los beneficios por los que deben pagar es por el ingreso de bebidas que no son agua, sino refrescos, o por comidas especiales.
“Si quieres pasar cigarros, chucherías, colchonetas o lo que quieras tienes que pagar. La corrupción es por todos lados”.
Tras el motín, se iniciaron traslados a penales la tarde de este miércoles y salieron cuatro unidades con detenidos, presuntamente a la cárcel de Yare. Desde julio quedaban pendientes 120 de los 200 cupos asignados a cárceles por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Pernoctas hasta con niños
Familiares de los detenidos contaron a Crónica.Uno que hace tres meses había pernoctas en los calabozos, pero fueron eliminadas luego de una inspección en la que detuvieron por tres meses a un funcionario de apellido Narváez.
La práctica fue suspendida porque descubrieron que un niño se quedaba a dormir en los calabozos.
“Él estuvo preso pero ya volvió para acá. En vez de sacarlo lo dejan. Pero los funcionarios que han sido correctos no duran mucho aquí”.
Y aunque la visita de otros hombres en teoría está suspendida, lo arreglan cobrando 20.000 bolívares, así como 30.000 por el ingreso de cada menor de edad.
“Aquí hay demasiadas enfermedades pero los niños quieren ver a sus papás y ¿qué podemos hacer?”, señaló la madre de un recluso.
Dentro de las 19 celdas conviven aproximadamente 953 presos que han cometido distintos delitos —e incluso inocentes— de acuerdo con datos extraoficiales.
La ONG Una Ventana a La Libertad, que ha denunciado la grave situación en este centro de detención preventiva desde hace tres años, maneja que tienen espacio para albergar a 200 personas aproximadamente.
Los reclusos no deberían pasar más de 48 horas en estos sitios, pero Crónica.Uno conversó con mujeres que aseguran que sus familiares tienen hasta dos años y medio en prisión.
Además del hacinamiento que propicia la violencia, han denunciado que hay reclusos con severos cuadros de desnutrición y enfermedades en la piel.
Hay reos que deben dormir en el piso o de pie, por la cantidad de personas que ahí conviven.
El último conteo de Una Ventana a la Libertad es de seis fallecidos en lo que va de 2019, excluyendo a los dos asesinados de la noche del martes que aumenta la cifra a ocho víctimas.
La petición de los parientes es que la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, visite el recinto y agilice los traslados a las cárceles que se ameriten.
También exigen que quienes lo necesiten reciban atención médica, en vista de las pocas condiciones higiénicas de las celdas.
Pese a esto, Varela se lavó las manos respecto a la situación de los calabozos, alegando que son competencia de las policías.
Participa en la conversación