24 delegaciones respaldaron el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, 17 de las cuales abogaron por la renovación del mandato. La representación de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU repudió el documento y restó veracidad a las denuncias. Familiares de las víctimas y defensores de DD. HH. fueron escuchados por el Consejo.
Caracas. La Misión de Determinación de Hechos presentó su tercer informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrado en las cadenas de mando de los órganos de inteligencia del Estado y la situación de la población indígena en el Arco Minero del Orinoco.
En su intervención inicial, la jefa de la Misión, Marta Valiñas, resumió el informe publicado la semana pasada, que describe las cadenas de mando en el Sebin y la Dgcim, así como las torturas y tratos crueles a los que son sometidos los detenidos.
Valiñas reiteró ante el Consejo de DD. HH. que “la investigación de la Misión mostró o probó que las violaciones a los DD. HH. no fueron cometidas de manera aislada”, sino como parte de una política de Estado de persecución a la oposición y a la disidencia.
La jefa de la Misión de la ONU para Venezuela pidió a la comunidad internacional que “redoble los esfuerzos para frenar la extremadamente preocupante situación de los DD. HH. en Venezuela”, evitar futuras violaciones y garantizar justicia a las víctimas.
Actores políticos involucrados con el trabajo de incidencia para lograr respaldo a la renovación afirman que al día de hoy, y tras la presentación del informe ante el Consejo, la resolución que pide la renovación ya cuenta con entre 18 y 19 votos de apoyo, frente a seis votos que se manifestarían en contra, incluyendo a Venezuela, Cuba y Bolivia.
Gobierno de Maduro repudia el informe
Una vez terminada la presentación de Valiñas inició el denominado Diálogo Interactivo (mecanismo de debate en el Consejo de DD. HH.) con la intervención de la delegación de Nicolás Maduro.
En su derecho de palabra, el embajador venezolano ante la ONU, Héctor Constant, repudió el contenido del informe y dijo que la “Misión se superó a si misma en la ficción que construye sobre Venezuela”.
Paralelamente, la Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que repudia y desmiente la investigación por considerar que se trata de “acusaciones falsas”.
El comunicado advierte los países promotores de la creación y continuidad de la Misión que Venezuela “tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo”. La amenaza fue ratificada por Constant en su intervención.
Países piden renovar mandato a la Misión
24 delegaciones tomaron la palabra este lunes en el Diálogo Interactivo del Consejo de DD. HH. en apoyo al trabajo de la Misión de Determinación de Hechos y para condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela: Unión Europea, Canadá en nombre del grupo promotor de la renovación del mandato (Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Ecuador), Liechtenstein, Suiza, Ecuador, Francia, Alemania, Irlanda, Australia, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, España, Bélgica, Uruguay, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia, Georgia, Malawi y Paraguay.
17 de ellos pidieron expresamente la renovación del mandato de la Misión.
Por otro lado, la postura de Venezuela, de repudio al informe y rechazo a la renovación del mandato recibió el respaldo de 17 estados: Corea del Norte, Cuba, Rusia, China, Nicaragua, Sri Lanka, Bielorrusia, Yemen, Laos, Bolivia, Irán, Camboya, Etiopía, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Argelia, Siria. Estos gobiernos se hicieron eco del discurso de Venezuela al cuestionar la veracidad de los hallazgos, la legalidad de la misión y afirmar que las sanciones internacionales sí violan los derechos humanos.
Llamó la atención que las delegaciones de Burundi, Eritrea y Namibia habían solicitado la palabra para respaldar la postura de Venezuela, pero al momento de su turno no estaban presentes. Lo mismo ocurrió con la delegación de la OEA.
Además de los exhortos al gobierno de Venezuela a investigar los crímenes denunciados, liberar a los presos políticos, cesar las torturas y pedir al Consejo renovar el mandato de la misión, varias delegaciones instaron a la reanudación del proceso de negociación en México: la UE, Francia, Alemania, Irlanda, Austria, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Portugal.
Las voces de las víctimas y las ONG
El diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluye, además de las intervenciones, preguntas y opiniones de los países –sean miembros o no del Consejo– la participación de representantes de la sociedad civil.
Para la sesión de este lunes sobre el caso venezolano, el Consejo escuchó el testimonio a distancia de Fanny Castillo, abuela del joven Luis Alejandro Pérez Lovera, asesinado en abril de 2019 en Lara por presuntos funcionarios de las FAES. Al día de hoy, denunció Castillo, los dos funcionarios señalados por este crimen siguen en libertad.
Asimismo, una decena de organizaciones defensoras de los derechos humanos tomaron la palabra para solicitar al Consejo renovar el mandato de la Misión. Marysabel Rodríguez, en nombre de Espacio Público y Cívicus, resaltó la pertinencia de extender la vigencia de la Misión para visibilizar los delitos que se cometen en Venezuela y “evitar que se normalice”.
Además de Espacio Público y Cívicus, también se expresaron representantes de Freedom House, Aula Abierta-UCAB, Comité Internacional de Juristas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, International Service for Human Rights, Human Rights Institute, Provea, World Organization Against Torture.
Las respuestas a las preguntas
Como parte de la dinámica del Diálogo Interactivo del Consejo de Derechos Humanos, las delegaciones pudieron formular preguntas a los integrantes de la Misión.
Los integrantes de la Misión Patricia Tappatá y Francisco Cox respondieron a las inquietudes de los países, que giraron en torno a cinco temas fundamentales:
- Si ha habido alguna mejora significativa en el sistema de justicia venezolano desde 2019.
- Qué pueden hacer los países para ayudar a que se haga justicia en Venezuela.
- Cómo garantizar que durante el venidero período electoral en Venezuela se respeten los derechos de la oposición.
- Cómo esperar que los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela sean procesados por la justicia si se ha determinado que el sistema no es imparcial.
- Qué plan tiene la misión para ahondar en sus investigaciones sobre los crímenes cometidos contra los indígenas y el medio ambiente en el Arco Minero.
En su intervención, Francisco Cox comenzó por cuestionar la ausencia del Estado venezolano al momento de la ronda de respuestas y réplicas.
Resulta difícil entablar un diálogo si la persona abandona la sala cuando uno va a responder o a presentar el informe. Una intervención plagada de adjetivos se confronta con un informe que da hechos verificables y contrastables”, dijo Cox.
Aseguró que para efectos de la protección de la identidad de las fuentes, sus nombres no aparecen en los informes de la Misión, pero garantizó que “todas las fuentes las haremos accesibles para la CPI y para otros organismos nacionales o internacionales de rendición de cuentas o de juicios”.
Sobre las elecciones de 2024, dijo que una de las medidas que debería tomar la administración de Maduro de cara a ese proceso es “que cese la política que se identifica claramente en el informe de represión, silenciamiento y aplastamiento de la oposición”.
Dijo que la comunidad internacional sí puede ayudar a frenar las atrocidades en el Arco Minero o al menos no ser cómplices si comienzan a “pedir una trazabilidad del oro y otros minerales que salen de la región y exigen garantía de que no estén vinculadas con acciones que implican violaciones de los derechos humanos”.
Patricia Tappatá ratificó que al día de hoy las brutales prácticas denunciadas en el informe se mantienen vigentes, que las casas de seguridad (lugares clandestinos de tortura) del Dgcim siguen activas y que la amenaza y la intimidación se mantiene como “forma de procedimiento contra la disidencia y la oposición aún en nuestros días”.
A su modo de ver, lo único que haría posible que en Venezuela pueda llegar a aplicarse la justicia “es que la comunidad internacional continúe la vigilancia y el escrutinio”.
Con relación al venidero ciclo electoral 2024-2025, Tappatá dijo que “es indispensable garantizar un clima favorable al ejercicio de la libre competencia democrática que involucra libertad de expresión y de asociación, así como la posibilidad de que dirigentes, defensores y periodistas puedan interactuar y participar con libertad y sin temor”.
Votarán sobre destino de la Misión de la ONU
La renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos será decidida en una votación del Consejo de DD. HH. la semana próxima. Desde hace semanas, un importante grupo de países, ONG de DD. HH. y activistas lideran la campaña #QueSigaLaMisión en apoyo a que se renueve su tiempo de trabajo.
Los integrantes del Consejo de Derechos Humanos (que tienen derecho a voto para decidir la renovación o no de la Misión de la ONU) son:
- Por África: Benín, Camerún, Costa de Marfil, Eritrea, Gabón, Gambia, Libia, Malawi, Mauritania, Namibia, Senegal, Somalia y Sudán.
- Por Europa: Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Armenia, Lutuania, Montenegro, Polonia, Ucrania, República Checa (que entra por Rusia este período).
- Por Asia: China, India, Indonesia, Japón, Kazajatán, Malasia, Islas Marshall, Nepal, Pakistán, Qatar, República de Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán.
- Por América: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.
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