La familia de la dirigente de Primero Justicia, detenida en Cúa tras las elecciones del 28 de julio de 2024, denuncian el deterioro en la salud de la mujer y piden que le concendan una medida cautelar.

Caracas. La gastritis crónica que Mayra Castro padece evolucionó y ahora se acompaña de otras patologías que, producto del encierro, quebrantan la salud de la líder comunitaria del partido opositor Primero Justicia (PJ).

Mayra es luchadora social y presidenta de Primero Justicia en el municipio Urdaneta,  estado Miranda. Su detención se produjo la noche del 2 de agosto de 2024, en el contexto de las elecciones presidenciales, cuando funcionarios de la Policía Municipal de Cúa la bajaron de un taxi en el que se trasladaba y se la llevaron. 

Cinco días después, el 7 de agosto, la presentaron en tribunales y el Ministerio Público la acusó de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad. Presentaron como pruebas un listado con nombres de militantes de Primero Justicia y varias actas con los resultados electorales de las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional.

Mayra, de 48 años de edad, usaba esto para dictar talleres a los testigos electorales que participaron en la elección presidencial del 28 de julio, pero estos sirvieron para tacharla de terrorista. 

Primero Justicia

“No merezco morir en prisión”

Yamaica Castro, prima hermana de Mayra, la describe como una mujer alegre, entusiasta y apasionada por el trabajo social. 

“Siempre estaba haciendo recorrido en las comunidades de bajos recursos sin importar la tolda política porque es demócrata, es una mujer de fe”, dijo Yamaica a Crónica Uno.

Asegura que durante su tiempo en prisión la líder comunitaria de Primero Justicia mantiene el espíritu colaborativo y apoya a otros detenidos que no reciben visitas o los motiva a leer. Sin embargo, en muchos momentos le invade la tristeza y la desesperación por ver deteriorada su condición de salud

Hace unos tres meses, Mayra hizo pública una carta escrita en prisión en la que imploró por su libertad y señaló que no hay ninguna prueba por la que pueda ser inculpada de terrorista, pues su trabajo político y comunitario responde a su amor por el país.  

 “No merezco morir en prisión y mis hijos no merecen todo lo que están pasando”,

dijo en su escrito que fue difundido por varios medios de comunicación. 

La urgencia

Desde que empezó el 2025 a Mayra la llevaron a hospitales de Cúa para que atiendan sus dolores abdominales y de cervical. Su familia manifestó que tiene pendientes varios exámenes médicos y placas, pero siguen a la espera de la autorización de tribunales para que se los puedan practicar. 

Primero Justicia

“Su situación de salud ha venido degenerándose porque tiene patologías como la migraña y la gastritis y con la situación que vive se ha agudizado. Ahora se le diagnosticó una infección respiratoria, alteración de su tensión arterial. Ha tenido también retención de líquido en los miembros inferiores, una infección en un ojo”, explicó Yamaica. 

La familia de Mayra denunció públicamente que las condiciones de detención en las que está no son favorables, duerme en un espacio húmedo, sin ventilación y oscuro. Además, duerme en el piso y en condiciones de hacinamiento con otras reclusas en el sitio de resguardo del detenido de Nueva Cúa.

Las condiciones de detención le provocaron una lesión en el ojo diagnosticada como una epiescleritis, una inflamación e infección del globo ocular, de la que su familia asegura “está un poco mejor”.

“Lo que pedimos a las autoridades es que le den su libertad porque ella es inocente y su situación de salud cada día empeora más”.

declaró la prima de la detenida. 

Recordó que a Mayra no le permiten el acceso a defensa privada. Aunque los defensores públicos dicen que introdujeron una petición para que le concedan las medidas cautelares, aún no reciben respuesta. 

La familia teme por la vida de esta dirigente opositora y cada semana entregan comunicaciones para exigir su liberación ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. 

De acuerdo con datos del Foro Penal 1060 personas siguen detenidas en el marco de las protestas postelectorales en distintos centros penitenciarios del país.

Según información del Gobierno el número de detenciones por estas protestas fue de 2400.

Desde el 2014 el Foro Penal Venezolano registra 18.300 detenciones políticas en Venezuela.

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