Asociaciones sindicales, como CTV, ASI Venezuela y Fedeunep, reconocen que empresarios y el Gobierno pueden proponer cambios a la Ley del Trabajo. No obstante, advierten que los trabajadores adquirieron las prestaciones sociales como un derecho y no permitirán su derogación.
Caracas. El cálculo de prestaciones sociales en Venezuela divide a empresarios y sindicatos. Gremios como Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio piden ajustes a la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTT) para evitar que las empresas quiebren frente a aumentos salariales.
Sindicatos, en cambio, insisten en que cualquier cambio debe garantizar los derechos laborales conquistados y la justicia salarial. La discusión surge en medio de un debate sobre el deterioro del salario real en Venezuela y el impacto que esto tiene tanto en los trabajadores como en la sostenibilidad financiera de las empresas.
Actualmente el salario mínimo legal en Venezuela se mantiene fijado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale aproximadamente a entre 0,30 y 2,50 dólares según el tipo de cambio oficial, uno de los más bajos del mundo.
Esta cifra sirve como base para calcular beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones y utilidades, por lo que su bajo valor también afecta el monto de esos derechos laborales.
Tito López, presidente de la Confederación Nacional de Industriales, asegura que si el Estado no revisa ni modifica la legislación laboral vigente, esta podría quebrar a las empresas, pues estas no tendrían capacidad para costear un aumento de salario mínimo y mucho menos los pagos de ley correspondientes.
Hasta esta publicación, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, guarda silencio sobre esta solicitud; no obstante, las principales centrales de trabajadores del país enfatizan que impedirán cualquier modificación que menoscabe los derechos laborales.
Justicia salarial
Las prestaciones sociales en Venezuela constituyen una compensación económica que reciben los trabajadores al finalizar la relación laboral y se calculan en función del salario y de la antigüedad del empleado. Este beneficio, reconocido en la legislación laboral venezolana, busca proteger el ahorro laboral del trabajador durante su vida activa.
Tito Blanco, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), aseguró a Crónica Uno que ellos están dispuestos a discutir las propuestas relacionadas con el régimen de cálculo de las prestaciones sociales y su retroactividad; no obstante, aclaró que es totalmente inviable que se supedite el aumento salarial con alguna modificación de la LOTT.
“Existe una mesa de dialogo social y nosotros podemos sentarnos a discutir en esa instancia las propuestas que lleve Fedecámaras y el gobierno nacional. Lo que no estamos dispuestos a discutir es la eliminación de las prestaciones sociales, porque los trabajadores conquistaron ese derecho y la Ley del Trabajo lo ampara”,
aclaró.
Explicó que la crítica situación económica del país en los últimos años ha obligado a los trabajadores a recibir un “ingreso mínimo vital” en lugar del salario mínimo legal; esto afecta directamente el cálculo de todos los pasivos laborales.
“Desde hace varios años los trabajadores no tienen una compensación justa por vacaciones, por aguinaldos, por prestaciones sociales, porque la base de cálculo es de apenas 0,30 centavos de dólar. Cualquier mecanismo que se discuta en el futuro para calcular prestaciones sociales y pasivos laborales, debe hacer justicia salarial, porque aquí los únicos que han ganado con este sistema son los empresarios y el gobierno”, reprochó.
En los últimos años el Ejecutivo ha optado por aumentar el ingreso de los trabajadores mediante bonos no salariales, como el denominado bono contra la guerra económica y el cestaticket, que no tienen incidencia directa en el cálculo de prestaciones sociales ni en otros beneficios laborales.
Mejora en la calidad de vida
El secretario ejecutivo de la central de trabajadores respondió a la consulta sobre un aumento del salario mínimo a corto plazo y enfatizó en que el país ya debe mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora.
“Ya hay una metodología para calcular el salario mínimo aprobada en la mesa de diálogo social. El propio Gobierno ha señalado que cuenta con un fondo para mejorar el ingreso de los trabajadores. Lo más justo es que el salario mínimo se aumente a unos $200 y se mantenga una actualización constante de este monto”, precisó.
Por otra parte, la presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Leída Marcela León, aseveró que hasta el momento no han recibido ningún tipo de propuesta concreta para la modificación de la LOTT y el régimen de cálculo de prestaciones sociales.
“En la mesa de diálogo ninguno de los sectores ha presentado propuestas para modificar la LOTT y tampoco con los artículos relacionados al cálculo de prestaciones sociales y por eso debemos partir. Lo único que conocemos es que Fedecámaras ha planteado a través de los medios de comunicación que ellos no pueden trabajar con el actual sistema, pero no han colocado nada sobre la mesa y sin propuestas no puede haber discusión”,
alegó.
La representante sindical coincidió con el vocero de la CTV al señalar que los trabajadores poseen las prestaciones sociales como un derecho adquirido. Además, aclara que ninguna figura legal puede modificar este beneficio si desmejora los intereses laborales.
“Nosotros no queremos pensar que, al no existir alguna propuesta de Fedecámaras, ellos pretendan eliminar las prestaciones sociales. Eso, básicamente, no puede suceder porque así lo establece la misma Ley del Trabajo. Es importante aclarar que de realizarse alguna modificación en esta materia, debe ser por un mecanismo de cálculo mejor al que ya existe y no peor. Por lo tanto, es necesario conocer las propuestas para poder discutir”, dijo.
Opciones de cálculo
Sobre el actual régimen de prestaciones sociales, Leída Marcela León recordó que sus autores diseñaron la metodología de cálculo pensando en una economía estable. Una realidad aún lejana en la Venezuela actual. Sin embargo, recordó que la LOTT ofrece distintos mecanismos para asegurar el pago de este derecho laboral.
“Conocemos casos de empresas privadas que depositan las prestaciones de sus trabajadores en cuentas extranjeras e invierten ese dinero en fondos de pensiones de la Bolsa de Valores de Nueva York; esta estrategia revaloriza los fondos y evita que el tiempo los diluya”, detalló.
Añadió que esta figura “está permitida en la LOTT y con el actual método de cálculo de prestaciones. Lo que se debe buscar es el mejor mecanismo para garantizar el patrimonio de los trabajadores”.
En cuanto al aumento del salario mínimo, la presidenta de ASI Venezuela dijo que su organización prefiere no dar cifras. Pero adelantó que un buen punto de partida es que con el salario mínimo se pueda adquirir al menos 70 % de la canasta básica.
“Nosotros hemos promediado las nueve canastas básicas que se calculan en todo el país y eso nos da un promedio de $560. Lo ideal es que el aumento del salario mínimo permita adquirir por lo menos el 70 % de esta canasta y, poco a poco, ese monto se vaya actualizando hasta llegar a un 90 % o 95 %”,
manifestó.
Reiteró que los trabajadores y los sindicatos no quieren el cierre de empresas. Mucho menos presionar al gobierno de tomar alguna decisión que en un futuro no pueda cumplir.
“Aquí lo que buscamos es un equilibrio que permita la recuperación económica y el desarrollo de nuestro país, sin sacrificar los derechos de los trabajadores. Sentémonos a discutir todas las propuestas y busquemos un consenso. Además, esto es necesario para resolver las controversias que llevan años sobre la mesa”, expresó León.
Medidas urgentes
El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, indicó que el Estado debe tomar medidas urgentes para recuperar el ingreso de los trabajadores, a quienes la crisis perjudica desde hace muchos años.
“Que hacemos nosotros con pedir $300 o $400 de salario mínimo y mañana el Estado o la empresa privada no tienen la capacidad para cancelarlo. Hemos dicho que hay una necesidad perentoria, urgente de los trabajadores públicos venezolanos, que reciben el bono de guerra económica y el cestaticket socialista de que el ingreso se acerque al monto de la canasta alimentaria”, argumentó.
Puntualizó que esto sería una medida para el corto plazo, con la condición de que se siga discutiendo y ajustando la figura del salario mínimo.
“Nosotros proponemos que mientras se mantenga ese debate, entre los actores sociales, que en este caso son los trabajadores, los empleadores y el gobierno, se hagan ajustes progresivos que permitan la capacidad de compra y la calidad de vida de los trabajadores. La base de cálculo debe comenzar en $ 200 y ese aumento debe hacerse lo más pronto posible”, indicó.
Sin “sacrificios”
Suárez señaló que están dispuestos a sentarse a discutir algunas modificaciones de la Ley del Trabajo, siempre y cuando no perjudiquen al trabajador.
“Es una situación delicada, porque el trabajador público no está dispuesto a sacrificar su régimen de prestaciones sociales, a pesar de lo poco que generan, si no hay algo a cambio que mejore lo que actualmente tienen”, advirtió.
Indicó que los regímenes de pensiones y fondos mixtos que se usan en otros países podrían ser una buena alternativa para cambiar el actual cálculo de prestaciones sociales.
“Llegará un momento en que los expertos pongan esas propuestas sobre la mesa de diálogo. Lo que debe quedar claro es que los trabajadores adquirieron las prestaciones sociales como un derecho y no permitirán que les arrebaten esa conquista”.
La discusión sobre el salario mínimo y el cálculo de prestaciones sociales continúa abierta en el país. Mientras el sector empresarial alertó sobre los costos que implicaría un cambio en el actual esquema laboral, los sindicatos insistieron en que cualquier reforma debe partir de la recuperación del salario y la protección de los derechos adquiridos por los trabajadores.
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