El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, afirmó que tienen “antecedentes confiables, en base a evidencia científica” de que los responsables tendrían vínculo con el Tren de Aragua. Además, alegó que tampoco descartan un crimen de móvil político “en razón con su calidad de disidente”.
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Según el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, hay cuatro personas más implicadas con el secuestro y homicidio de José Oswaldo Mendoza, en Caracas. Entre ellas, una joven que se presume que mantenía una relación con la víctima.
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Una persona cercana a la víctima presume que el asesino es la expareja de la novia de Amor, quien supuestamente merodeó por la parroquia días antes del crimen.
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De manera extraoficial, se conoció que los delincuentes pidieron 10.000 dólares a los familiares de Oswaldo Mendoza, como rescate. La víctima comercializaba hortalizas.
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A la defensora de derechos humanos y a su expareja, Alejandro González, todavía no les permiten el derecho constitucional a la defensa privada. El abogado Joel García alertó que lo “más sagrado” para un imputado es el derecho a la defensa.
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A la fecha más de 205 venezolanos se encuentran detenidos en diversas estaciones de policía por su presunta participación en homicidios, robos, hurtos, y secuestro.
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El abogado Joel García explicó que la Constitución establece que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso de la investigación.
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Según Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, la aprehensión de San Miguel tiene que ver con el contexto político venezolano de 2024, que incluye las elecciones presidenciales. La abogada Rocío San Miguel está detenida en El Helicoide.
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Según fuentes extraoficiales, los homicidios de Winder Ojeda y Ricardo Espinoza, de 22 años de edad, estarían relacionadas con la banda de Wilexis Acevedo, en el sector Cañaveral de José Félix Ribas, en Petare.
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Este 12 de febrero se cumple una década de las protestas antigubernamentales en 2014, que dejaron 3306 manifestantes detenidos y 42 fallecidos, según el Ministerio Público. Rafael Uzcátegui, excoordinador de Provea, asegura que no se han sancionado a los responsables de las muertes.
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